Bollullos Par del Condado - Huelva

Cómo le cuesta al capital europeo respetar los derechos laborales: el ejemplo de Soprofel-Idyl

Hace frío este invierno en el Valle del Sous-Massa (región de Agadir, en el sur marroquí). A pesar de ello, desde el 8 de enero, día y noche, trabajadores/as agrícolas (sobre todo mujeres), acampan en señal protesta ante una de las estaciones de acondicionamiento del grupo francés Soprofel-Idyl. Se trata de una empresa franco-marroquí especializada en la producción y exportación de productos agrícolas en la región del Souss, esencialmente hortalizas fuera de temporada. Tiene 7000 trabajadore/as y constituye uno de los grandes del agronegocio marroquí, siendo además el principal proveedor de Idyl, con sede en Francia. Los dos socios (uno marroquí y el otro francés), se separaron en mayo de 2014 y repartieron el grupo en dos sociedades: Rosaflor y Soprofel. Lo/as obrero/as fueron las primeras víctimas de la división empresarial al encontrarse desde el verano pasado sin empleo y en una situación de gran incertidumbre. La presión sindical logró que un número importe fueran progresivamente reintegrado/as en la empresa. Pero cerca de 140 personas aún no han podido retomar su trabajo, a pesar de que el grupo haya reiniciado sus actividades. Soprofel se rehúsa a aceptar nuevamente a esto/as trabajadore/as, arguyendo que no hay bastante trabajo para todo/as. Y sin embargo, no ha dudado en imponer horas extras a las personas reintegradas. Llama la atención asimismo que lo/as obrero/as que no han logrado volver a sus puestos de trabajo son sindicalistas…

No se trata del primer conflicto generado por este grupo, ya que, a pesar de la importancia de sus ventas suele mantener sistemáticamente a sus obrero/as en una situación de precariedad. Ya en 2006 se realizaron varias protestas en defensa principalmente de los derechos sindicales. En abril de 2012, seis obrero/as iniciaron una huelga de hambre que duró 38 días. Dada la amplitud de la solidaridad a escala local e internacional, la empresa cedió y aceptó firmar un acuerdo que preveía una indemnización financiera por la aplicación de despidos injustificados y abusivos .

Este tipo de conflictos generados por el capital europeo es el reflejo de una ausencia total de responsabilidad por parte de la Unión Europea (UE) en lo que atañe al respeto de los Derechos Humanos. Por un lado la UE ejerce una presión importante cuando firma Acuerdos de Asociación como aquel firmado con Marruecos, para que las inversiones de las empresas (privadas!) europeas sean respetadas y en el caso contrario se prevén sanciones severas. Por otro lado, no se encuentra en los textos de los Acuerdos de Libre comercio, de cooperación o de Estatuto avanzado, ningún mecanismo vinculante en lo que atañe al respeto de los Derechos Humanos o los derechos laborales. Esto nos interpela recordando hasta qué punto es importante denunciar a la Europa del capital y fortalecer la solidaridad entre Pueblos de ambos lados del Mediterráneo. Además, lo/as consumidore/as europeo/as de los tomates producidos en Marruecos deberían exigir que sean producidos en condiciones de justicia social y ambiental.

El agribusiness acentúa el sub-desarrollo del mundo rural en la región del Souss-Massa

El Valle del Souss fue el escenario de un importante flujo de inversiones en el sector agrícola a inicios de los años 90. El empobrecimiento campesino permitió que un gran número de tierras fueran puestas a disposición para alquileres baratos a largo plazo. El Estado marroquí contribuyó a ofrecer buenas condiciones para el gran capital extranjero (sobre todo francés y español), y marroquí, mediante la exoneración de impuestos y la ausencia de exigencias específicas en lo que atañe al uso del agua, la ocupación del suelo y el respeto del medio ambiente. Asimismo, se esforzó por asegurar la disponibilidad de mano de obra barata. El nuevo código del trabajo que entró en vigor en 2004 generaliza la flexibilidad laboral y los salarios bajos. Un obrero agrícola trabaja 8 horas por día, 6 días por semana, 26 días por mes. Recibe el Salario Mínimo Agrícola legal (SMAG), es decir 70 céntimos de euro por hora (7,8 dírhams marroquís), lo que representa alrededor de 143 euros por mes. El sistema de protección social es muy débil en el sector agrícola y el porcentaje de personas declaradas e integradas en el régimen de la caja nacional de seguridad social no rebasa el 6% del millón de trabajadore/as agrícolas. Se viola de forma sistemática la libertad sindical y su defensa por parte de lo/as obrero/as es sancionada con despidos, hostigamiento, persecución judicial e incluso la cárcel. Esta mano de obra estimada a 100’000 obrero/as en la región del Souss Massa, la gran mayoría de origen campesino, vive en condiciones sociales extremas: pobreza, analfabetismo, precariedad en la vivienda y las condiciones de vida de forma general. El Souss-Massa, a pesar de su importancia en la producción y la exportación de productos agrícolas es la cuarta región más empobrecida del país (HCP 2007). Peor aún, el agribusiness acentúa el subdesarrollo del mundo rural y no contribuye de ninguna manera a mejorar mínimamente las infraestructuras básicas que hacen cruelmente falta, tales como los centros de atención médica, las escuelas, los caminos, la electricidad, el agua potable, etc.