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Nuevo escándalo para la Junta de Andalucía por la detención de Antonio Perales Pizarro, ex-gerente del Plan de Reindustrialización Bahía Competitiva de la Junta de Andalucía, por presunta estafa de 21 millones de euros concedidos en ayudas para la creación de empresas.

Las subvenciones de la Junta de Andalucía se gastaban en cocaína y fiestas
Guerrero, que niega las acusaciones, le llegó a comentar a su chófer "la potestad que tenía como director general de Empleo para conceder ayudas indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". La juez Alaya pide asumir el caso y el PP reclama la comparecencia de Griñán.
EFE, SEVILLA | ACTUALIZADO 09.01.2012 - 20:10

Francisco Javier Guerrero, en una foto de archivo. / D. S.
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El chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo e imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha dicho a la Policía que parte de las ayudas que cobró las destinó a comprar cocaína para su jefe, mientras que el ex alto cargo de la Junta ha negado estas acusaciones.

El chófer, Juan Francisco T.B., manifestó que recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su propiedad, y declaró ante la Policía que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y también, a solicitud suya, le compró "varios efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa". "La mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él" y para "otros gastos como ir de fiestas y de copas", afirma en su declaración. Con el dinero de las ayudas públicas se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales y un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa.

Una tarde, en un local de copas "al que era muy aficionado Guerrero" y al que él mismo llegó a aficionarse, el ex director general le comentó "la potestad que tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". Guerrero le pidió que le diera unos nombres "para concederle unas subvenciones" o bien que él mismo creara unas empresas para podérselas conceder a él", por lo que el chófer creó entonces dos compañías.

Los documentos que preparó según esas directrices consistieron "en un par de folios en cada uno de los expedientes, que teóricamente contenían un plan de viabilidad del negocio", y poco después, entre unos meses y un año después, le ingresaron el dinero de ambas subvenciones, sin que la Junta le exigiera ningún tipo de justificante de haber presentado la solicitud. El conductor declaró voluntariamente ante la Policía, a raíz de una entrada y registro en su domicilio, y fue imputado de presuntos delitos de fraude en subvenciones.

Mientras, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha señalado que son "totalmente falsas" y "no tienen ningún fundamento" las declaraciones del antiguo chófer y ha dicho que su cliente niega tanto haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas que la Junta concedió a dos empresas creadas por su antiguo chófer. El magistrado ha indicado que denunciará a los funcionarios policiales o judiciales que hayan podido filtrar la declaración a la prensa, ya que el acta que ha sido divulgada está "foliada" (se entiende que los folios o documentos aparecen numerados), lo que significa que no procede del chófer sino que ha sido extraída de unas diligencias policiales o judiciales.

Por su parte, la juez de Sevilla que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido a dos juzgados de Andújar que se inhiban en la causa del chófer y ha pedido asumir esta investigación porque entiende que tiene relación directa con la trama de los ERE fraudulentos. Los juzgados número 1 y 2 de Andújar abrieron sendas diligencias contra el conductor de Guerrero por no declarar dos subvenciones de 450.000 euros cada una que recibió en 2004 y que reconoció no haberlas destinado al fin previsto.

El conductor declaró que parte del dinero "se lo dio en mano a su jefe", lo que supone, según fuentes del caso, un "salto cualitativo" pues se trata del primer "intruso" que declara que Guerrero recibió personalmente parte de las cantidades obtenidas ilícitamente por su mediación.

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha calificado como "muy grave, si es así" que el ex director general de Empleo haya podido destinar dinero público para comprar cocaína, y ha demandado celeridad a la justicia y que los culpables "paguen cuanto antes". Después de recordar que el caso de los ERE y el comportamiento de Guerrero fue denunciado por la Junta, la dirigente socialista ha explicado que ha conocido este asunto por los medios de comunicación y que "si es así, es gravísimo".

Por otro lado, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha definido como "indecente, impresentable e intolerable" las declaraciones del chófer de Guerrero y ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Parlamento dado que fue el consejero de Economía en los años en que se produjeron los casos de ERE fraudulentos. Sanz ha recordado que el PSOE y el Gobierno andaluz han "vetado" la creación de diez peticiones de comisiones de investigación sobre el caso de los ERE.

El hijo de Chaves, bajo sospecha
EcoDiario.es | 9/01/2012 - 8:54

El hijo de Chaves ha sido incriminado Imagen Archivo
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La policía ha situado al hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, Iván Chaves, en el centro de una red de tráfico de influencias. Se cree que aceptaba comisiones para conseguir contratos con la Administración de su padre cuando éste aún gobernaba.
Todo comenzó cuando Ivan Chaves denunció un supuesto robo de unos documentos. Los policías creen que se trata de un engaño y que el hijo del expresidente de la Junta de Andalucía puede haber incurrido en un delito de denuncia falsa. Su intención era justificar la desaparición de unas pruebas importantes para la investigación que se está llevando a cabo.
Estos hechos se enmarcan, según explica la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, en una investigación que está llevando la entidad y que tienen como punto de partida al hijo de Chaves. De hecho, aseguran que todos los que tomaron declaración tienen interés directo en los negocios de Iván Chaves y que por eso los documentos supuestamente robados podrían ser una estrategia del acusado.
Después de que la hija de Chaves, Paula Chaves, fuese investigada por un presunto trato de favor hacia sus contratos es ahora el hijo el que está siendo criminalizado. Al parecer, según informa El Mundo, hay evidencias que podrían impulsar una investigación en profundad acerca de los negocios de Iván Chaves. Se cree que pudo impulsar unos contratos con la Junta de Andalucía a cambio de unas comisiones. No obstante, esto abriría una causa penal diferente en caso de que se confirmase que, efectivamente, la denuncia por el robo de documentos era falsa.

TRIBUNALES | Fue condenado por abusos sexuales a menores
La juez anula el tercer grado al sobrino de Manuel Chaves y le envía a prisión
Chema Rodríguez | Sevilla
Actualizado lunes 09/01/2012 14:41 horas
Jaime Chaves Díaz, sobrino del ex vicepresidente del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves y condenado a tres años y medio de cárcel por abusos sexuales a menores, tendrá que cumplir su pena como un preso común después de que un juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 haya anulado el tercer grado que le había concedido Instituciones Penitenciarias casi de forma automática y en contra del protocolo habitual en estos casos.
Según han explicado fuentes próximas al caso a EL MUNDO.es, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 ha estimado, de esta manera, el recurso que en su día presentó la Fiscalía de Sevilla, que consideraba que a la hora de clasificar a Jaime Chaves en tercer grado no se habían tenido en cuenta determinadas circunstancias, como los antecedentes penales del reo, condenado anteriormente por un delito de exhibicionismo.
En esta línea, la juez que firma el auto esgrime como argumentos para anular el tercer grado que se le otorgó al sobrino del también ex presidente de la Junta de Andalucía en una fase "muy inicial" de su condena, teniendo en cuenta, además, su "magnitud".
A ello suma la magistrada la "especial entidad" del delito, abusos sexuales a menores, y que estos se sucediesen de forma continuada en el tiempo, así como los antecedentes penales por exhibicionismo, que la Junta de Tratamiento del CIS Jiménez de Asúa obvió al proponer el tercer grado para Chaves Díaz y que Prisiones tampoco tuvo en cuenta al aprobarlo.
Pero la juez hace especial hincapié, según las fuentes consultadas, a la hora de anular la clasificación inicial del sobrino del presidente de los socialistas su "actitud ante el delito", esto es, que no haya asumido completamente su responsabilidad por los hechos acaecidos en el colegio privado El Altillo de Jerez de la Frontera, donde él trabajó como profesor de pádel. De hecho, Jaime Chaves ha abonado una exigua cantidad de las indemnizaciones que le impuso la Audiencia de Jerez, que ratificó, a su vez, una resolución del Juzgado de lo Penal 1.
La concesión del tercer grado penitenciario a Jaime Chaves tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre y a propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla, en el que se había presentado de forma voluntaria el sobrino del vicepresidente segundo el 13 de septiembre para cumplir la pena impuesta.
De este modo, el sobrino de Manuel Chaves no pasó por una situación intermedia, pese a la gravedad de los hechos, y sólo acudía a prisión a dormir de lunes a jueves.