Aroche - Huelva

Curiosa es nuestra democracia!

De los 6 magistrados del TC que votaron A FAVOR de ETA, solo 1 es juez:
Pascual Sala es juez. (TS)
Eugeni Gay NO es juez.
Elisa Pérez NO es juez.
Adela Asúa NO es juez.
Luís Ortega NO es juez.
Pablo Pérez NO es juez.

De los que votaron EN CONTRA todos son jueces menos uno
Javier Delgado sí es juez. (TS)
Ramón Rodríguez sí es juez. (TS)
Roberto García-Calvo sí es juez. (TS)
Manuel Aragón NO es juez.
Francisco José Hernando sí es juez. (TS)

Reflexión
Una mayoría de NO JUECES enmendaron la plana al Tribunal Supremo, máximo tribunal exclusivamente compuesto por jueces.

Conclusión
Si personas que NO son jueces pueden DECIDIR cuestiones tan importantes en un "tribunal MUY especial", es evidente que en España falla uno de los pilares de cualquier democracia

Los socialistas castellanomanchegos, que llevaban en el poder 28 años, están cada vez más nerviosos tras la debacle electoral del pasado 22-M. Sus presuntas actuaciones intentando romper documentos comprometidos en la gestión económica de la Junta de Castilla-La Mancha les delatan. ¿De qué tienen miedo? El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias presentará hoy un escrito en la Fiscalía General del Estado en el que denuncia al ex presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por “ordenar presuntamente la destrucción de informes y documentos tanto en papel como informatizados antes de proceder al traspaso de poderes”.

Según se desprende de la denuncia, la presunta conducta delictiva de Barreda está encuadrada en el artículo 413 del Código Penal que está dentro del capítulo referido a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Este precepto señala que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años”. Además, también se le castigará con “inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años”.

Según el sindicato, “la infidelidad en la custodia de documentos ha servido al socialista Barreda para tapar otras conductas delictivas como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricaciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y autoridades”.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, señaló a este diario: “Hay constancia de que el presidente en funciones de Castilla-La Mancha ha dado órdenes a las empresas que tienen el dominio informático para la destrucción de documentos”. Por tanto, “el máximo responsable es Barreda, la orden no ha podido partir de un consejero cualquiera”, apuntó.

Según la denuncia, el bien jurídico protegido es “la seguridad en la custodia y en el tráfico documental”. Además, de “la reserva o el secreto como instrumentos necesarios para que la Administración Pública pueda desempeñar su función social”. En definitiva, “Barreda ha llevado a comunidad autónoma a la quiebra más absoluta al no respetar las reglas de la transparencia de una Administración que debe actuar defendiendo los intereses generales de los ciudadanos y no los particulares de los gestores”, subrayó Bernad.