Almonte - Huelva

La captación del voto inmigrante indigna a 50 organizaciones sociales

La Plataforma Tod@s iguales califica de "desastre" el sistema de inscripción en el censo electoral para las Municipales de 2011. Cartaya, Almonte, Bollullos y Huelva centran las quejas políticas y judiciales.
Rafael Moreno / huelva | Actualizado 19.01.2011 - 07:23

Medio centenar de entidades sociales incluidas en la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadanos calificó ayer como "un desastre" el procedimiento de inscripción en el censo electoral diseñado por el Gobierno central para que 350.000 personas extranjeras no comunitarias puedan votar en las próximas elecciones municipales. En Huelva, en las pasadas elecciones de 2007, 3.580 ciudadanos de la UE y Noruega tenían derecho a voto.

El método de inscripción de inmigrantes ha sido llevado ya a la Fiscalía en el caso de Cartaya, al encontrar los partidos de la oposición implicaciones municipales y del alcalde, Juan Antonio Millán, y ha causado polémica en Almonte, Bollullos y Huelva capital. La diana de las campañas parece ser la población rumana, la más numerosa.

Para las entidades denunciantes, entre las que se encuentra Huelva Acoge y Madre Coraje, resulta "un despropósito que el anuncio del Ministerio del Interior para informar de la inscripción en el censo publicite el slogan Todos los que convivimos juntos, votamos juntos cuando más de dos millones de personas inmigrantes que residen en España no podrán votar el próximo 22 de mayo.

Las organizaciones denuncian la demora del Gobierno en facilitar información a la ciudadanía y a las ONG que trabajan con estos colectivos para que puedan formalizar la solicitud en el plazo estipulado, que se ha ampliado hasta el 25 de enero.

Otro de los obstáculos frecuentes por parte de las personas que acuden a inscribirse en el censo electoral es el "desconocimiento de los ayuntamientos, tanto del procedimiento como de los países que tenían acuerdos de reciprocidad en vigor". Recuerdan que el Gobierno central conoce a ciencia cierta las personas que cumplen los requisitos para poder votar y se cuestionan "por qué no les ha dado de alta de manera automática en el censo electoral, tal y como hace con los españoles que alcanzan la mayoría de edad". A su juicio, "esto favorecería el ejercicio del derecho a la participación política y hubiera evitado que las numerosas trabas burocráticas, los cortos plazos de tiempo y la grave desinformación impidieran a estas personas ejercer sus derechos".

La nota enviada ayer a esta Redacción subraya que la campaña Aquí vivo, aquí voto'. Por una ciudadanía plena pretende "el reconocimiento de derechos políticos de los extranjeros en España y aspira a que se modifique el artículo 13.2 de la Constitución, con el fin de abrir la participación política a todos los residentes en España".

Así ocurre en países del entorno español y europeo como Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos o Luxemburgo.

El colectivo ciudadano cree que "no se puede pedir a las personas inmigrantes que se integren, que se sientan responsables del lugar en el que viven y luego negarles que participen en las decisiones que les afectan directamente". En medio de este maremagnun electoral, IU, PP, PA y concejales no adscritos han acusado al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, de encabezar desde la Fundación de Trabajadores Extranjeros en Huelva (Futeh) una estrategia que "podría acabar alterando el resultado de las próximas elecciones municipales". La cita, según la denuncia, le llegó por teléfono movil a un millar de extranjeros y se mantuvo al margen del procedimiento al secretario municipal". Días después, la misma denuncia saltó a Almonte a través de la Oficina de Atención al Inmigrante aunque el PSOE respondió diciendo que "la campaña de información es un medio legítimo para promover la participación en las urnas y poder garantizar los derechos de estas personas y velar por su bienestar".


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