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La Reforma de la Administración Local

En julio de 2012 se iba a estudiar en Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, una vez se aplique, reducirá sustancialmente las competencias de los ayuntamientos y aumentará el poder de las diputaciones provinciales en el 95% de los municipios españoles. El tema se aplaza porque a oídos de Rajoy llega la opinión de numerosos alcaldes del PP de que podría suponer toda una rebelión, incluso en sus propias filas. Ahora se va a retomar la aprobación de una reforma errónea en las formas e injusta para el ciudadano.

Pero, antes de desgranar el contenido de la reforma, ¿qué es la Administración Local? Se conoce con ese nombre al área de la Administración Pública que gestiona las entidades territoriales que pertenecen a la comunidad autónoma, es decir, los municipios y las provincias. ¿Cómo se gestiona? Con ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades menores. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo:

Municipio: el ayuntamiento realiza el gobierno y administración del municipio, a través de alcalde y concejales elegidos en elecciones municipales que, aunque se rigen por un sistema absurdo como el de D’Hont, al menos suponen un ejercicio de elección democrática. El municipio, según la Constitución, goza de autonomía y plena personalidad jurídica.

Provincia: también con personalidad jurídica propia y capacidad para el gobierno de sus fines, la provincia se gobierna desde la diputación provincial, una entidad con Presidente, Vicepresidente, Pleno y Comisión de Gobierno cuyos miembros no son elegidos por la ciudadanía. ¿Cómo se eligen? En teoría por designación directa de los concejales de toda la provincia. Es decir, a dedo. En la práctica, la diputación provincial es un reducto de caciques que ha posibilitado que familias como los Fabra (en Castellón) o los Baltar (en Ourense) las hayan controlado desde hace generaciones, con la consiguiente acumulación de poder ilícita y los casos de corrupción que ya conocemos.

Otras entidades menores: como juntas vecinales, mancomunidades, pedanías o concejos, cuyas competencias suelen estar ligadas a servicios en zonas rurales o pueblos pequeños. En algunas entidades sus encargados cobran, en la mayoría no. Unas son deficitarias, otras no. Pero todas tienen en común que ofrecen servicios que, de otra manera, esas zonas recibirían de forma mucho más deficitaria.

Puestos ya en situación, vamos a desgranar el contenido de la reforma, disfrazada de panacea para la administración local, que esconde en realidad la reducción de los ayuntamientos a meras oficinas administrativas, la privatización de los servicios locales y el refuerzo de las diputaciones. Veamos punto por punto:

• Reducir un tercio el número de concejales existentes: esta medida puede resultar desastrosa si se realiza sin analizar a fondo las necesidades de cada municipio, puesto que un gran porcentaje de concejales de pueblos pequeños ni siquiera cobran y cumplen la función esencial de ser los portavoces de las necesidades de los habitantes, a quienes conocen de primera mano. ¿Reducir concejales? Depende de dónde, pero jamás indiscriminadamente, como pretenden.

• Interventor municipal: pasa a depender de la Administración central. En los ayuntamientos esta medida ha caído muy mal porque temen que esconda la conversión de los interventores en vigilantes de la deuda local más que del fraude. Creen que el Gobierno central solo quiere asegurarse el control absoluto de los presupuestos locales.

• Limitación del sueldo de alcaldes y presidentes de Diputación: ¡Bien! Una buena medida. Oh, pero un momento, ¿cuál será el sueldo máximo? Actualización a 28 de enero: PP y PSOE pactan que el sueldo máximo sea, ni más ni menos, 100.000 € brutos anuales! Limitan por tramos de población los sueldos de los alcaldes pero siguen siendo altísimos y desproporcionados respecto al salario medio español. Con ese tope máximo, solo habrá UN alcalde que tendrá que bajarse el sueldo: Xavier Trias, de Barcelona, y será una rebaja ridícula de 109.000 a 100.000 €. No es una limitación de sueldo lógica ni acorde a las medidas de austeridad que nos están aplicando al resto de ciudadanos. Aquí están los detalles del pacto abusivo sobre los sueldos de los alcaldes.

• Competencias “impropias” de los ayuntamientos: la reforma establece la cesión de algunas competencias de los ayuntamientos a las CCAA. Lo grave es que las competencias son las de Sanidad, Educación y, peor aún, Servicios Sociales. Muchos municipios cuentan con escuelas infantiles municipales, autobuses escolares y dispensarios, entre otros. Esta medida aleja al ciudadano de la administración, aleja a la administración de la realidad local y dificulta el acceso a dichos servicios a personas con recursos escasos. Además, en el traspaso es más que probable que se pierdan servicios por “razones de austeridad”, o se privaticen, como ya ha pasado en tantos casos.

• Suprimir la totalidad de las 3.725 entidades locales menores: pedanías, concejos, juntas vecinales, etc. De nuevo, esta medida no diferencia entre los lugares donde los responsables de dichas entidades (alcaldes pedáneos, presidentes de junta vecinal, etc) cobran un sueldo y los que no, que son la mayoría. Por ejemplo, eliminar una junta vecinal que recauda alquileres de fincas que revierten en el pueblo y que no cuenta con nadie en nómina hará que esos ingresos pasen al ayuntamiento del que depende y el pueblo los pierda. El afán recaudatorio indiscriminado provocará que muchas de estas entidades menores, normalmente rurales y con escasos servicios, tengan menos recursos y queden más aisladas.

• Refuerzo de las diputaciones: estos entes absorben las competencias de las 1.432 mancomunidades que existen en España, organismos amparados por el derecho de agrupación de municipios que establece la Constitución y cuyo objetivo es la optimización de recursos en una zona concreta. Se podría elegir las más deficitarias, las que tienen problemas de gestión o cualquiera susceptible de revisión. Pero no: desaparecen por completo, todas, de nuevo sin criterio alguno. Los perjudicados vuelven a ser los municipios que se agrupan en mancomunidades precisamente para ahorrar en servicios, por ejemplo la gestión de aguas, la limpieza, la gestión cultural, etc. ¿Las beneficiadas? Las diputaciones.

• Refuerzo de las diputaciones II: absorben los servicios públicos obligatorios que no sean “eficientes” en municipios inferiores a 20.000 habitantes (el 95% de los 8.116 existentes). Los ayuntamientos tendrán un año para evaluar sus servicios y ajustarlos a los “principios de sostenibilidad financiera”; tras el estudio, podrán suprimir los no esenciales y el resto podrán privatizarlos. Las diputaciones absorberán los que los ayuntamientos no puedan garantizar. Ni qué decir tiene que durante el traspaso de estos servicios se producirán cierres, recortes, desvíos del presupuesto y otras calamidades que suelen ocurrir en nuestra administración. Por otra parte, los ayuntamientos aprovecharán para quitarse de encima multitud de servicios que supongan una losa en sus cuentas. Y, además, es más que probable que las diputaciones privaticen los servicios que caigan en sus manos. ¿Quién pierde en todo esto? Una vez más, el ciudadano. En lugar de mejorar la gestión de cada municipio de forma individualizada, se procede de nuevo al traspaso indiscriminado de servicios a las diputaciones, organismos en muchos casos corruptos cuyos dirigentes no han sido elegidos legítimamente por los ciudadanos. Se desmantelan los ayuntamientos electos y se refuerza a los amiguetes del Gobierno.

• Y se reducirá y privatizará el sector público local: es decir, se reducirá el número de organismos y consorcios públicos y los que queden se podrán privatizar. ¿En qué nos afecta esto? En el transporte, la asistencia social, las actividades deportivas, las actividades culturales y un largo etcétera que resultará, ciertamente, en un ahorro para las arcas públicas, porque seremos los ciudadanos los que pagaremos más. Mucho más.

En resumen: abandono absoluto del entorno rural, con lo que la sangría de población y servicios de los pueblos españoles se agudizará hasta el infinito; se refuerzan las diputaciones a la máxima expresión para dejar bien atornillados a los familiares, amiguetes y compañeros de los políticos de turno y de paso repartir servicios públicos entre sus empresas; se desguazan los ayuntamientos, que son los entes que están en contacto directo con el ciudadano, y se reducen a meras oficinas administrativas; se producirán miles de despidos como consecuencia de la supresión de servicios; y se abre la puerta a la privatización de los servicios municipales, es decir, aumentará el coste para el ciudadano y se reducirá la calidad del servicio en aras de la “eficiencia económica”.

Para terminar, solo un apunte: el Gobierno pretende ahorrar con estas barbaridades 3.500 millones de euros. Pero solo en Bankia el Gobierno ha invertido 23.500 millones de euros. Es triste, pero cierto: la banca siempre gana (y el ciudadano siempre pierde).