Pioz - Guadalajara

Operación Astapa (Estepona)
La Guardia Civil detuvo al que era entonces alcalde de la localidad Antonio Barrientos (PSOE), a su jefe de gabinete y a otros ediles. Además, hay imputadas un total de 99 personas. Los delitos que se imputan son cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación comenzó tras un informe derivado del caso Malaya.
Barrientos era alcalde por el PSOE, pero llegó al Gobierno de Estepona en 2001 gracias a un pacto de Gobierno con otros partidos contra el Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella, Jesús Gil.
Aguadulce
La exalcaldesa, la socialista Isabel Ortiz, fue condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio. En 2006 concedió a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves para ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal y en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipal.
. Operación Arcos (Alcaucín)
En febrero de 2009, agentes de la Guardia Civil salían dle ayuntamiento de Alcaucín con cajas llenas de documentación. En una primera fase de la investigación fueron detenidas 13 personas entre las que se encontraban el entonces alcaldesocialista, José Manuel Martín Alba, alias 'Pepe el Patillas', además de dos de sus hijas y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora. En un segunda fase de la operación, se volvió a detener al ex alcalde de Alcaucín y a siete funcionarios de la Diputación de Málaga.
. Ayamonte
El caso más reciente es el del municipio onuvense de Ayamonte, cuando el pasado jueves el alcalde socialista Antonio Rodríguez Castillo negó ante el juez las supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en Isla Canela por las que han sido imputados él y su antecesor en el cargo, el también socialista Rafael González, el cual también fue citado pero se acogió a su derecho a no declarar.
El pasado mes de febrero de 2010, la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento de la localidad y se incautó de documentos del área de Urbanismo.