Villa de Otura - Granada

La Junta de Andalucía lo abrió hace cuatro años

El Ayuntamiento de Otura cierra un centro de menores por carecer de licencia

* El alcalde dice que la falta de seguridad genera continuas denuncias vecinales

* El Ayuntamiento denunciará a los responsables por malversación y prevaricación

* La Junta afirma que el centro tenía licencia 'por silencio administrativo'

elmundo.es | Granada
Actualizado sábado 15/08/2009 10:27 horas

El alcalde del municipio granadino de Otura, Ignacio Fernández-Sanz Amador (PP), va a denunciar a la delegada provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, por la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en la gestión del centro de menores Eleva I, que se encuentra en la localidad y que, según el Ayuntamiento, carece de las licencias de apertura y de actividad, a pesar de que lleva funcionando cuatro años.

El consistorio ha decidido clausurar el centro, que incumple la normativa urbanística y que, según el regidor, tampoco reúne las condiciones necesarias para la correcta atención de los menores.

En concreto, el alcalde criticó "las pésimas condiciones en las que viven los niños, muchos de los cuales incumplen los criterios de edad establecidos y tienen antecedentes penales en nuestro país".

"Más que un centro de acogida es una casa refugio que no se ajusta en nada a la legalidad, que en ningún caso debería haberse puesto en funcionamiento y mucho menos bajo el amparo de la Junta de Andalucía. La ausencia de control y seguridad sobre los menores está generando continuas denuncias por parte de los vecinos e infinidad de actuaciones de la policía local", matizó el alcalde, quien aseguró que la casa va a ser desalojada en los próximos días.

Fernández-Sanz explicó que la Junta de Andalucía destinó más de 147.000 euros para pagar la ampliación "ilegal" de parte de la vivienda, "aún a pesar de que no tiene licencia y de que no se ajusta a la legalidad urbanística". De la misma manera, entre 2007 y 2009, la administración autonómica ha destinado más de 752.000 euros para alimentación y mantenimiento del centro.

"Desde el Ayuntamiento solicitamos la devolución inmediata de ese dinero a la Junta de Andalucía, tal y como establece la Ley General de Subvenciones 28/2003 de 17 de noviembre, según la cual las subvenciones deben ser justificadas o reintegradas", señaló.

En ese sentido, el alcalde exigió a la Consejería de Igualdad la destitución inmediata de la delegada provincial, quien, "a sabiendas de la ilegalidad del centro, que nunca debió abrirse porque nunca ha tenido licencia, ha seguido concediendo subvenciones para que el centro continúe ejerciendo su actividad, demostrando así su incompetencia e ineptitud".

Además, el regidor aseguró que la representante de la Junta "miente" al afirmar que el centro cuenta con licencia por "silencio administrativo": "Es rotundamente falso, ya que el plazo al que alude para justificar ese silencio administrativo no llegó a operar porque no se cumplimentó la documentación que se les requirió. En cualquier caso, el Supremo ya se ha pronunciado para zanjar la polémica, afirmando que no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial y urbanística, para evitar que esas licencias ilegales se obtengan fraudulentamente por silencio administrativo", mantuvo.

El Ayuntamiento asegura que en su día advirtió a la Junta de Andalucía de que estaban financiando una casa ilegal.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2009/08/15/andalucia/1250324824.html

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