Murtas - Granada

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acumula bienes por un valor de 209.206 euros, mientras que los ministros de Ciencia e Innovación, Industria e Interior son los que cuentan con un mayor patrimonio, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con la publicación en el BOE del patrimonio de los miembros del Gobierno y secretarios de Estado y en el último día que tenía de plazo para hacerlo, el Ejecutivo cumple la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Altos Cargos.

El valor catastral de los bienes inmuebles de Rodríguez Zapatero asciende a 37.258,67 euros, a los que se suman otros 171.947,46 euros de otros bienes, lo que hace un total de 209.206,13 euros, mientras que en créditos, préstamos y deudas acumula un total de 80.847,89 euros.

Cristina Garmendia, Miguel Sebastián y Alfredo Pérez Rubalcaba, son los miembros del Ejecutivo que cuentan con mayor patrimonio. Así, la titular de Ciencia e Innovación tiene un total 4.978.217 euros; el de Industria 1.702.735 euros; y el de Interior 1.223.154. De los tres, la única que debe dinero es Garmendia, quien en créditos, préstamos y deudas acumula un total de 581.347 euros.

Garmendia declara que parte de los 4.978.217 euros de su patrimonio proceden de herencia. Tiene inmuebles por valor catastral de 1.428.220 euros y otros bienes que suman 3.549.997 euros.

Los 1,7 millones de euros del patrimonio de Sebastián se dividen en 316.466 en inmuebles y 1.386.169 en otros conceptos. El ministro de Industria también especifica que parte de ese dinero procede de herencia.

Rubalcaba tiene inmuebles con un valor catastral de 109.608 euros, y otros bienes por 1.113.546 euros. Especifica que este patrimonio incluye bienes heredados.

La ministra que cuenta con un menor patrimonio de todo el Gobierno es la de Igualdad, Bibiana Aído, pues declara 21.415 euros en inmuebles y 17.503 euros en otros bienes -lo que suma 38.918 euros- pero tiene un pasivo -créditos, préstamos y deudas- de 109.722 euros.

La sigue el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, con un patrimonio de 68.964 euros, de los que 46.502 son inmuebles y 22.461 otros bienes.

Este es el patrimonio del resto de miembros del Gobierno:



Vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega: declara un activo de 731.506 euros, que suman los 323.607 de bienes inmuebles y los 407.898 de otros bienes. Incluye también bienes y derechos provenientes de herencia familiar y declara un pasivo de 161.717 euros.
Vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado: cuenta con 976.934 euros de patrimonio, 236.934 en inmuebles, y 740.000 en otro tipo de bienes.
Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos: tiene 384.978,37 euros, de los que 284.978 son en bienes inmuebles y 100.000 de otro tipo.
Ministra de Defensa, Carme Chacón: declara un total de 156.718 euros de patrimonio, 107.061 en inmuebles y 49.657 en otros bienes. Chacón debe 358.382 euros.
Ministro de Justicia, Francisco Caamaño: tiene inmuebles por valor de 24.503 euros y otros bienes que suman 82.200 euros, lo que hace un total de 106.703 euros, un patrimonio al que habría que descontar un pasivo de 36.300 euros.
Ministro de Fomento, José Blanco: declara 239.536 euros de patrimonio, que se dividen en 179.490 en inmuebles y otros bienes por valor 60.045, en parte provenientes de herencia. Cuenta con un pasivo de 241.138 euros.
Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho: 208.017 euros de patrimonio, con un pasivo de 170.935. Tiene inmuebles por valor de 119.018 euros, y otros bienes que suman 8.999 euros.
Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor: tiene inmuebles por un valor catastral de 259.624 euros y otros bienes que suman 301.195 euros, lo que hace un total de 560.820 euros. Debe 283.981 euros.
Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez: 109.796 euros de patrimonio, de los que la mayor parte, 89.796, pertenecen a bienes inmuebles, y otros 20.000 a otros bienes. Cuenta con un pasivo de cerca de 184.000 euros.
Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde: acumula 269.359 euros, que se dividen en inmuebles por valor de 174.996 euros y otros bienes que suman 94.362. Declara un pasivo de 72.843 euros y especifica que parte de su patrimonio procede de herencia.
Ministro de Educación, Ángel Gabilondo: tiene inmuebles con un valor catastral de 76.169 euros, a los que se suman 85.404 de otros bienes, lo que hace un total de 161.573 euros. Deudas por valor de 8.482 euros.
Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa: declara un total de 400.038 euros, de los que la menor parte -92.558- son inmuebles. Acumula 307.479 euros en otros bienes. Declara que este patrimonio incluye bienes heredados.

y estos son los q se dan de socioprogres pa partirse

Zapatero, con 200.000 euros de patrimonio, no tiene ni para comprarse un piso en Madrid. Cualquier ciudadano de a pie, tiene más dinero que él y no digamos la mayoria de altos cargos de empresas, bancos, abogados, etc que son del PP y tienen muchísimo mas patrimonio que cualquiera de los ministros del psoe. No digais tonterias que luego se rien de vuestros comentarios.

bueno de verdad,todavia hay tanta gente ingenua, me alegra saber
q todavia exiten los reyes magos

Han publicado unas cifras maquilladas, pero todos y todas estan forrados y forradas de milllones y millonas de euros.

El patrimonio de los miembros del Ejecutivo, una tomadura de pelo a bombo y platillo, el BOE publicó este jueves el supuesto patrimonio de los miembros del Ejecutivo. Un gesto de presunta transparencia hacia los ciudadanos. La realidad es que se trata de una tomadura de pelo, pues los datos no indican toda la realidad de su patrimonio financiero.

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fines de semana | ofertas último minuto•Rubalcaba, Sebastián y Garmendia, los ministros más ricos
Juan Ramón Rallo
Un patrimonio muy clarificador
Documento: Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos
2009-10-15Imprimir Enviar Corregir Comentar J. Arias Borque
¿Se han preguntado ustedes alguna vez cúal es su patrimonio? Si alguna vez tiene que hacer frente a esta cuestión, con total seguridad, lo primero que pensarán es en su coche, su casa, la televisión plana del salón ( si la tienen) y en todos los productos que con mayor o menor acierto tienen en el banco, ya sea la cuenta de ahorros, algunas acciones, un fondo de inversión, el plan de pensiones...

Y si ustedes suman a ojo de buen cubero todos esas cifras es posible que se den cuenta de que son más ricos que, por ejemplo, Manuel Chaves, cuyo patrimonio, según los datos publicados este jueves, sería de 68.964,29 euros. ¿Y esto como es posible? ¿Es factible que cualquier trabajador como ustedes, con un sueldo más o menos digno, haya podido acumular en los últimos años mayor patrimonio que el que ha sido presidente de la Junta de Andalucía durante los últimos veinte años con un sueldo estratosférico?

Pero quien hace la ley hace la trampa. Cómo quedaría su patrimonio si incluyen el valor de su coche pero de lo que tienen en el banco sólo cuentan las deudas pendientes de su hipoteca, y el valor catastral de su casa (que suele rondar la mitad del precio del mercado del inmueble). Pues que seguramente su patrimonio será tan pobre como el del pobre (valga la redundancia) Manuel Chaves.

La Ley 5/2006, de 10 de abril, es la que ha obligado este jueves a publicar en el Boletín Oficial del Estado los supuestos patrimonios del presidente, los ministros y los secretarios de Estado del Ejecutivo. Pero lo publicado podría estar muy lejos de la realidad, al no ser controlados los patrimonios de los conyuges, cuya justificación es de carácter voluntario.

Ni el Gobierno lo sabe

Esta ley divide en dos anexos los datos patrimoniales que deben declarar los altos cargos del Ejecutivo. El anexo II, el que se tiene que hacer público por ley, se recogen dos datos, el activo y el pasivo financiero. En el activo, se incluye el valor catastral de los bienes inmuebles (como ya se ha dicho anteriormente, suele rondar la mitad del precio del mercado del inmueble) y un segundo apartado denominado “valor de otros bienes”. Precisamente, ni la Oficina de Incompatibilidades del ministerio de Política Territorial ni en el ministerio de Presidencia fueron capaces este jueves de contestar qué se incluye en el apartado de “valor de otros bienes”, y sólo, tímidamente, plantearon desde el ministerio de María Teresa Fernández de la Vega la posibilidad de que fuera una suma aproximada de los resultados del anexo I, el que contiene los datos más reveladores.

¿Y qué incluye este misterioso anexo I? Es donde se tiene que declarar las retribuciones por su cargo actual; las retribuciones temporales por representación ante otros Estados u organizaciones internacionales; las retribución por ser presidente o consejero delegado de una empresa con participación pública; la retribución por representación de la administración general del Estado en los órganos colegiados, directivos o consejos de administración de órganos o empresas con capital público o de entidades de derecho público; la retribución por otros cargos de representación popular; la retribución por otros cargos en cámaras o colegios profesionales; la percepción de pensiones de derechos pasivos o de la seguridad social; la retribución por cualquier puesto con remuneración con cargo a los presupuestos de la administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de las mismas; y las percepciones directas o indirectas que provengan de una actividad privada.

Acciones y SICAV

Se incluyen también los bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales; los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, cuentas financieras y otros tipos de imposición a cuenta; deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores negociados o no en mercados organizados, certificados de depósitos o pagarés no negociados en mercados organizados.

Acciones y participaciones en Fondos de Inversión así como en empresas y sociedad de inversión colectiva (entre las que se incluyen las SICAV). En concreto se trata de: acciones o participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva; acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de cualesquiera otras entidades jurídicas, negociadasen mercados organizados; y acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de Instituciones de Inversión Colectiva (Sociedades y Fondos de Inversión), no negociadas en mercados organizados.

Así como las empresas en las que tenga intereses sus conyuges, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas, las que tengan relación con la Administración Pública teniendo el alto cargo o alguien cercano a él más del 10 por ciento de las participaciones y las sociedades anónimas cuyo capital suscrito supere los 600.000 euros aunque las participaciones que se posean sean inferiores al 10 por ciento.

Seguros, joyas y obras de arte

También se incluyen en este apartado el montante económico de los seguros de vida y planes de pensiones; las rentas temporales o vitalicias; las joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves por un importe unitario superior a 6000 euros; los derechos reales de uso y disfrute; las concesiones administrativas; los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial; así como los demás bienes y derechos de contenido económico u obligaciones patrimoniales.

En este anexo I, también se ofrece la posibilidad de que se declaren todos estos datos del cónyugue del presidente, ministro o secretario de Estado. Aunque eso sí, con carácter voluntario. Pese a que el patrimonio del cónyugue es tan importante como el del propio alto cargo.

Un ministro puede estar ganando una cifra astronómica durante veinte años, comprando algunos activos a su nombre y la gran mayoría a nombre de otra persona. ¿A nombre de quién? Pues de su cónyuge. A nombre de esta pareja podrían estar todos los depósitos, bonos, deudas públicas, acciones, participaciones en empresas, seguros de vida, joyas, antiguedades... sin que en ningún caso el patrimonio adquirido sea conocido por la Oficina de Conflictos de Intereses, y a nombre del alto cargo todas las deudas de la unidad familiar. Algo perfectamente legal pero que haría absolutamente irreales los datos publicados en el BOE.

Aún más distorsionado se encontrarían estos datos en función de qué se incluya realmente en el apartado “valor de otros bienes” , ya que no es lo mismo que se reflejen los saldos de las cuentas bancarias que todos los activos patrimoniales, aunque la ausencia de datos hace difícil las cábalas