Murtas - Granada

EN ALICANTE:

Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.


EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.


EN MADRID:

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.

Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.


Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.


Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MÁLAGA:

Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.


Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.


EN MURCIA:

Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de eurosÁguilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.


Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.



Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.




San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.


Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.


-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.



EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.

Entretenerse un buen rato en leer los casos de corrupcion de vuestro PP, eso sin contar los aparecidos ultimamente en Madrid y Valencia.
Que os aprobeche.

MURTEÑA TE HAS SUPERADO

Discúlpame, pero yo escribo identificada, yo no fui, si hubiese sido pondría Murteña.

SI yo hubiese puesto algún caso pondría los que tengo aquí muy cercanos de corrupción.


Un saludo

Borrado por un Moderador.

pa el espabilao/a del primer mensaje:que todos sabemos encontrar cosas en internet como tu.ah,tb faltan muchos casos,OANES,el ministro chorizo(aunque dimita aun faltan muchas cosas por salir a la luz),etc etc.Eso sin querer citar los casos de vuestro amigo felipito.SOETONTOS,que sois mu tontos

te a faltao poner ALBONDON. Ole tus webos.Dadle caña alos socialistos que como dices SON MU TONTOS

La proporcion es 10 del PP, 1 del psoe. En todos los sitios hay chorizos, pero en unos más que en otros. Y que conste que no soy de psoe.

ya,seguro que no?

ya se sabe....cuando a un muerto de hambre se le da mando.....

No, no soy votante del psoe ni del pp. simplemente no voto, casi nunca, porque ningun partido es santo de mi devocion, pero por tradicion familiar jamás le votaria al PP y mas con tanto corrupto suelto.

TRADICIÓN, VAMOS HIJITO TU NO PIENSAS POR TI MISMO.
Y SI ES POR CORRUCIÓN,NUNCA PSOE, PORQUE LLORARIAS.

El juez Baltasar Garzón ha preguntado este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción si debe inhibirse en favor del Tribunal Supremo (TS) de toda la causa en la que investiga una presunta trama de corrupción ligada a cargos del PP, al haber encontrado indicios contra aforados nacionales, es decir, parlamentarios nacionales, bien pertenecientes al Congreso o al Senado.

Diversas informaciones han situado como uno de los posibles aforados que investiga el juez al actual tesorero del PP y senador por Cantabria Luis Bárcenas, al existir intervenciones telefónicas al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, en el que éste señalaba el pago al senador de hasta 6 millones de euros.

El hermano de Gerardo Galeote contrató a empresas de Correa cuando era concejal de Estepona
Por su parte, 20 minutos ha sabido que otro de los aforados investigados es el eurodiputado popular Gerardo Galeote. Al parecer, su hermano Ricardo contrató a empresas de Correa cuando era concejal de Estepona. Su padre también fue concejal de Boadilla del Monte, municipio madrileño vinculado a la trama y cuyo ex alcalde, Arturo González Panero, se vio obligado a dimitir.

El magistrado de la Audiencia Nacional plantea esta cuestión en una providencia en la que da un plazo de 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que responda "urgentemente" si mantiene su petición de inhibición ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, como era su intención dado que ya había carogos públicos de estas regiones implicados, o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el Supremo.

Garzón ha levantado parcialmente el secreto de sumario
En esta providencia, notificada dos horas después de que el PP se querellara contra él por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, el magistrado explica que un nuevo informe policial refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo.El informe policial remitido al instructor por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) contiene "nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la revisión de las exposiciones razonadas y la aparición de posibles nuevo casos de aforamiento", dice la providencia.

Así mismo el juez se refiere a una conexión entre esos datos y los aforados de la Comunidad de Madrid implicados. El juez dictó de forma paralela un auto por el que levanta de forma parcial el secreto que pesa sobre las actuaciones para poder así comunicar a la Fiscalía Anticorrupción la providencia.

Ya hay cargos regionales implicados

En cualquier caso, el documento no cita ningún nombre concreto de posibles implicados en esta trama que ya ha salpicado a diputados y cargos regionales en Madrid y Valencia.

En la causa están imputadas 37 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.
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AQUI TENEIS OTRO CASO DE CORRUPCION DEL PP.FACHAS MALOS

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado fuentes de la investigación.

Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.

La mujer del jefe de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, que trabaja como arquitecta en el mismo servicio, no está entre los detenidos, a pesar de que en un primer momento se apuntó esa posibilidad. Doce de los arrestos se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, informa Efe.

El alcalde Martín Alba ha ganado por mayoría absoluta las últimas cinco elecciones en Alcaucín. Albañil de profesión, también es cantaor, conocido como 'Pepe Calayo', muy habitual en los festivales flamencos de verano de toda Andalucía.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha denunciado que la corrupción en la Costa del Sol "lamentablemente se ha extendido al interior de la mano del PSOE". "Marbella, Estepona y ahora, Alcaucín", ha señalado.

Fuentes de la investigación aseguran que la operación podría extenderse al municipio vecino de La Viñuela, sobre cuyo alcalde, también socialista, pesan distintas sentencias e investigaciones de la Fiscalía por diversos delitos urbanísticos.

La investigación, en la que ha colaborado activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, según informa el Instituto Armado.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Registros
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, así como en los domicilios de varios de los detenidos, entre ellos el de José Mora, y en un despacho profesional.

La Guardia Civil ha registrado también una vivienda en El Rompido (Huelva) -playa perteneciente a la localidad de Cartaya-. El domicilio es propiedad de un empresario malagueño que tendría en la localidad onubense su segunda residencia.

En torno a las 14.00 horas, la Guardia Civil ha dejado salir de la Diputación de Málaga a todos los técnicos del servicio de arquitectura de la corporación provincial, salvo a los que realizan trabajos relacionados con los municipios de la Axarquía. Éstos permanecen aún dentro de la Diputación y los agentes continúa extrayendo información de sus ordenadores.

Fuentes de toda solvencia cercanas a la investigación aseguraron a EL MUNDO que el fiscal Valentín Bueno, uno de los tres con que cuenta Anticorrupción en la provincia de Málaga, se encarga personalmente de supervisar la operación, si bien cuenta con el apoyo directo de los fiscales Juan Carlos López Caballero y Francisco Jiménez Villarejo.

Fuentes de la Diputación aseguran que tienen total desconocimiento de esta operación, ya que en el organismo provincial, además, no se realizan adjudicaciones, ni aprobación de licencias, ni otras actuaciones urbanísticas. La única explicación posible sería que alguno de los técnicos del organismo que colaboran en el diseño del Plan del municipio pudieran estar implicados en esta investigación.

Ha sido el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vélez Málaga el encargado de ordenar los registros practicados esta mañana, tanto en el Consistorio malagueño como en la sede central de la Diputación de Málaga, gobernada en coalición por el PSOE e IU.

Las fuentes consultadas no concretaron la fecha exacta del inicio de las pesquisas, iniciadas por la UCO, que habrían comenzado "meses atrás", indicaron sin dar más detalles.

En un primer momento las diligencias de investigación recayeron en la Fiscalía de Medio Ambiente, como cada vez que se producen delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, si bien a medida que la Guardia Civil profundizaba en la presunta trama se decidió poner el caso en manos de Anticorrupción.

SI TENEMOS MAS.FASCISTAS,QUE SE QUIEREN HACER RICOS A COSTA DE LOS TRABAJADORES.Y TODOS DEL PP,QUE VERGUENZA.
La desigualdad en los tiempos y la celeridad con que la Fiscalía investiga las denuncias de corrupción municipal ha levantado las suspicacias del PP nacional y andaluz, que aprecian notables diferencias en las actuaciones judiciales cuando los casos afectan a los populares, más rápidas y contundentes, que cuando los implicados pertenecen al PSOE. Es el caso, señalaron, de las denuncias por cohecho y coacciones del ex alcalde socialista de Ohanes, quién ha sido llamado a declarar el próximo lunes, más de dos meses después de producirse la denuncia contra él, una citación que sólo se produce horas después de que fuese difundido el vídeo.
Como ya publicó EL PAIS, la Audiencia Provincial de Almería imputa al ex primer edil de Ohanes, Juan Francisco Sierra, los presuntos delitos de cohecho continuado y coacciones por haber reclamado dinero a un empresario a cambio de licencias urbanísticas. En concreto, Sierra recibió de este empresario, como consta en una grabación de vídeo de 2005, 30.000 euros a cambio de la concesión de licencias de primera ocupación de una promoción de viviendas en Ohanes.
La denuncia fue interpuesta por este empresario el pasado 5 de diciembre, lo que motivó la dimisión del ex alcalde a mediados de enero, aunque aduciendo motivos de salud. El PP preguntó ayer a la Junta por su política de personal, ya que sospecha que el ex alcalde puede estar trabajando en Egmasa, una empresa pública de la Junta.
Y este ha sido, precisamente, el hecho que ha motivado las dudas del PP ante la actuación de la Fiscalía, sobre todo, si se compara con la celeridad con la se actúa cuando los casos afectan a los populares, según señalaron diversos dirigentes de este partido.
De entrada, el presidente del PP-A, Javier Arenas, comparó las actuaciones seguidas en este con las que sufrió el un edil popular de Vícar al que se le detuvo 17 días antes de las elecciones municipales de 2003. El presunto delito contra él fue descargar tres cajas de productos de invernadero que fueron legales en España hasta 2002. «Nuestro concejal pasó 72 horas detenido, para después ser puesto en libertad bajo fianza», por ello, manifestó el líder del PP-A, «no tiene sentido la diferencia de comportamiento» cuando afecta a comportamientos irregulares de ediles.
En ese sentido, Arenas añadió como reflexión personal «no vinculada a casos concretos» que en los últimos cinco años se está haciendo un «uso político» por parte del Gobierno «de algunos fiscales» que nunca se ha producido en la democracia durante ninguno de los Gobiernos anteriores.
En cualquier caso, Arenas anunció que el PP pedirá la comparecencia del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el Congreso, lo que confirmó la portavoz popular en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, que justificó la petición ante la necesidad de que se establezca un criterio de actuación ante casos de corrupción similares.
Explicaciones a la Junta
Además, el PP-A pedirá explicaciones a la Junta en el pleno del Parlamento de este jueves por el «papel» que ha tenido su política de personal en relación con Sierra. La decisión la argumentó Arenas en la seguridad de que el PSOE ha ocultado este caso, tratando de presentar la dimisión del ex alcalde como un problema de «salud o de índole personal».
«Habrá que ver si hay también un escándalo relativo al censo municipal y a las políticas de personal de la Junta, concretamente de Egmasa», señaló el líder de los populares andaluces.

++++++++++++++++++++++++ de lo mismo.

TRABAJADORES,O VIVIDORES???????????????????????????'

'OPERACIÓN ARCOS'

El alcalde de Alcaucín escondía 160.000 euros bajo el colchón

Agentes de la Guardia Civil durante el registro de la Diputación Provincial de Málaga en el marco de la 'operación Arcos' contra la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alcaucín./ Efe

En libertad una de las hijas del empresario
La Guardia Civil ha dejado en libertad con cargos a otro de los detenidos en la operación contra la corrupción urbanística desarrollada en Alcaucín (Málaga), la hija de uno de los empresarios supuestamente implicados, que fue arrestada el pasado viernes.
Fuentes próximas a la investigación han informado de que esta detenida ha sido puesta en libertad con cargos tras ser interrogada por los agentes. Ésta es la segunda detenida que queda en libertad después de que ayer lo hiciera la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
José Manuel Martín aseguró a la Guardia Civil durante el registro que eran "los ahorros de toda una vida"
En las inspecciones llevadas a cabo durante el fin de semana los agentes han intervenido en total 250.000 euros
Los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Arcos', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, ha tenido como principal hallazgo 160.000 euros en efectivo que, al parecer, el alcalde del municipio, José Manuel Martín, escondía bajo un colchón en su casa.
El inmueble fue inspeccionado durante varias horas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil. Cuando los agentes descubrieron el dinero, el alcalde manifestó verbalmente que eran "los ahorros de toda una vida".
La Guardia Civil ha estado durante meses indagando en el tren de vida y el patrimonio del regidor y de algunos de los detenidos. En el caso de Martín Alba, a los agentes les llamó la atención que apenas tocaba el dinero de su sueldo como alcalde que ingresaba en el banco, a tenor de los movimientos analizados en su cuenta durante el periodo de investigación.
En total, los agentes se ha incautado de más de 250.000 euros entre los once registros realizados en la operación desplegada el viernes, y que ha salpicado incluso a la Diputación Provincial de Málaga con la detención de un responsable del Servicio de Arquitectura y de su secretaria. Esta última quedó ayer en libertad tras ser interrogada por los agentes que investigan el caso.
Numerosa documentación
Aparte de la suma hallada en la casa del regidor, los investigadores han intervenido una cifra considerable de dinero en efectivo en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor por su supuesta implicación en la trama. Al parecer, han encontrado más de 60.000 euros en metálico en el registro practicado en la localidad onubense.
En los demás inmuebles inspeccionados en la operación sólo se han encontrado pequeñas cantidades de dinero, poco significativas para la investigación. No obstante, los agentes se han incautado de abundante documentación sobre expedientes o convenios urbanísticos -sobre todo, en la Diputación- que ahora están siendo analizados.
Las pesquisas de la Guardia Civil, dirigidas por un juzgado de Vélez-Málaga, han hecho aflorar una supuesta trama de corrupción inmobiliaria dedicada a la promoción, construcción y comercialización de urbanizaciones y casas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
Delitos investigados
Los investigadores atribuyen a la red los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa. Esta última se habría producido al vender propiedades a precios de mercado, como si estuvieran libres de cargas, cuando en realidad no era así, según explicaron las fuentes consultadas.
En la operación han sido detenidas 13 personas, de las cuales dos ya se encuentra en libertad. El viernes fueron arrestados el alcalde de Alcaucín y sus dos hijas; un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación y su secretaria; el dueño de una constructora de Alcaucín y su hija; el propietario de una empresa veleña, su hija y su yerno; dos promotores de Rincón y Huelva; y un asesor fiscal.
El sigilo que se mantiene sobre las actuaciones aún no permite vislumbrar el papel que los investigadores atribuyen a cada uno de los imputados en la trama. A este respecto, la Guardia Civil informó de que los empresarios presuntamente habrían pagado compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que habrían consentido, encubierto e incluso impulsado tales irregularidades.
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El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín, una de las once personas detenidas en la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística en el municipio, fue trasladadon ayer por la Guardia Civil al Juzgado número 3 de Vélez-Málaga. / Efe

La mayoría de los detenidos ya están en libertad
De los trece arrestados en la 'operación Arcos' el pasado viernes, tres quedaron en libertad durante el fin de semana tras declarar ante la Guardia Civil: una de las hijas del alcalde de Alcaucín, la hija de un constructor y la secretaria del jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación
La otra hija detenida del alcalde, Sonia Martín Ruiz, también ha quedado en libertad, junto con otros cinco implicados, pero ella está acusada de un delito de blanqueo de capitales.
La operación ha destapado una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
Tres de los empresarios implicados en la presunta trama de currupción han quedado en libertad bajo fianza de 120.000 euros
El primer edil fue recibido a su llegada a los juzgados por los aplausos de una treintena de personas
La juez instructora de la 'Operación Arcos' contra la trama de corrupción urbanística ordenó ayer el ingreso en prisión provisional sin fianza del alcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín y del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Alhaurín de la Torre después de declarar durante toda la tarde en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga.
José Manuel Martín, alcalde de Alcaucín desde 1991 y detenido el pasado viernes junto a otras doce personas, llegaba a primera hora de la tarde a los Juzgados para prestar declaración. En la puerta le esperaba una treintena de vecinos que le recibió entre aplausos. Martín, quien dimitió ayer de su cargo y renunció al acta de concejal, está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. Mientras que al arquitecto José Francisco Mora se le imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación.
También compareció ante la juez el aparejador que ejerció como tal en el Ayuntamiento de Alcaucín Francisco Lorca, que quedó en libertad provisional sin fianza y acusado de presunto delito de prevaricación.
Libertad con cargos
Horas antes de concluir la declaración del alcalde, la juez Irene Urbón impuso una fianza de 120.000 euros para tres empresarios relacionados con esta presunta trama de corrupción urbanística destapada el pasado viernes. Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico tienen diez días hábiles para depositar las fianzas, además de la prohibición de salir de España. Además, Luis Eduardo Crooke, yerno del primero de los empresarios, quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros.
A Llamas y Crooke se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que Rico y Tejada están acusados de los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Otro de los detenidos, el gestor inmobiliario Pedro José Grandfils quedó en libertad con cargos, sin fianza y prohibición de salir del país al imputarsele nueve delitos por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
TOMA PASTILLAS DE GOMA.

COMO ESTA EL PATIO

valla panorama

queridos hermanos miremos hacia VALENCIA.

eso a darles caña a estos

hay que tener mucho sentido del humor,para pensar que el primer mensaje lo puso la murteña.

Pues te equivocas, el primero lo puse yo y no soy una tia, que soy muy machote y no soy de psoe ni pp, simplemente no voto, listo

pues hombre eso es lo que quiero decir ,que la murteña no pudo ser la que escribio esto.

Pues ya lo dije en su día, ahora que me crea quien quiera yo escribo identificada, y hay corrección en todos sitios, no viajo yo tan lejos,

Un saludo

murteña estas por la zona de vicar?

No, vivo por la zona de la costa tropical,


un saludo

este busca ligoteo el tio

para nada pura curiosidad

ahora hay que añadir el caso de murcia

MURTEÑA. yo estaba seguro que tu no te entretienes en estos menesteres

Hacia unos meses que no entraba en este foro, pensaba que ya estaba normalizado, yo entiendo por normal todo aquello que afecta a personas de Murtas y que conocen este maravilloso pueblo, pero ya veo que no, y al ver que este Señor tan instruido en temas de tanta importancia y transcendencia, y de paso muy machote que eso es muy importante a la hora de exponer sus argumentos, que siga exponiendolos y sabremos todo lo que pasa en esta España nuestra. Que más da de que partido es pero sus comentarios son fantasticos.

Murteña aprovecho esta ocasion para saludarte de mi parte y de mi Señora asi como para que sepas que estoy en mi tierra de donde se ve Murtas, un dia de estos subo a respirar aire puro en el Cerrajon.

Pepe.

Hola buenos días amigo pepe, la verdad leerlo los leo los foros, escribir cada día menos, pero de vez en cuando digo algo,

Espero pases un buen día en mi pueblo el día que subas, yo hace poco fui al serrajon, y la verdad no es por que soy de hay es increíble el respirar hay.

Un saludo a ti y a tu esposa,



saludos

Me alegro que te gustase mi pueblo, la verdad que antes las cosas eran diferentes, y las personas mas sensatas, se cuidaba mas el bienestar de los demás, el colaborar, y participar, altruistamente en que todo fuese bonito.

Un saludo