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NOTICIA CON FECHA DE PUBLICACIÓN 20/07/2011
La Diputación suspende un proceso selectivo e inicia los trámites para hacer una auditoría económica y laboral
“No tenemos ánimo de revanchismo”, ha enfatizado Torrente, quien ha añadido que “los revanchismos son inútiles” y ha expresado que la decisión persigue únicamente “comprobar la legalidad” de dicho proceso, incluido en las ofertas de empleo público de 2009 y 2010. Se trata, por lo tanto, de asegurar que el proceso se haya desarrollado “bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, los cuales constituyen “objetivos irrenunciables”.
Además, según ha anunciado el responsable de Función Pública de la Diputación, ya se han iniciado los trámites para llevar a cabo la anunciada auditoría laboral, cuyo pliego de condiciones se encuentra en fase de elaboración. “Tenemos la frontera de la aplicación de la legalidad vigente”, ha explicado, a lo que ha añadido que el objetivo es “que se diga si siempre se ha estado bajo el paraguas de la legalidad” en los procesos selectivos llevados a cabo en los últimos años en la institución.
En este sentido, José Torrente ha puesto como ejemplo, que, “hace dos meses, Martínez Caler creó una plaza de técnico en prevención de riesgos laborales”, plaza que, según ha manifestado, tenía un “inquilino” concreto en la persona del hermano del parlamentario andaluz socialista Ángel Gallego. De cualquier manera, en palabras de Torrente, el actual equipo de gobierno ha adoptado estas decisiones con “ánimo constructivo”, ya que “el Gobierno del cambio viene a trabajar para mejorar”. Esto contrasta con la actitud del anterior vicepresidente tercero y diputado delegado de Economía y Hacienda, José María Aponte, quien “ha venido escondiendo documentos al pleno” de la institución.
Así, además de comprobar la legalidad de las oposiciones celebradas en los últimos años, la referida auditoría laboral analizará igualmente “cómo se han formado los tribunales” correspondientes y revisará el reglamento que regula las bolsas de trabajo, para dotarlas de “la mayor transparencia posible”.
Todo ello, de acuerdo con José Torrente, se llevará a cabo “de la mano de las secciones sindicales de la Diputación”, que “formarán parte de la toma de decisiones”, ya que “los trabajadores y el equipo de gobierno deben formar una piña”.
Por lo demás, la Diputación llevará también a cabo una auditoría económica con el objetivo de efectuar un “minucioso análisis” de las cuentas de la institución, que acumula 34.736.596,96 euros de deudas a proveedores y dispone de 41.694.180,39 millones de euros de tesorería, según la diputada delegada de Economía, Inmaculada Hernández.
En cuanto a la deuda con entidades de crédito, el PSOE dio a conocer, “erróneamente”, las principales magnitudes de la misma, declarando que el volumen de préstamos alcanza los 188 millones de euros, “cuando en realidad y según se desprende del estado de la deuda viva son de 189.980.932 de euros, por lo que vuelve a dar un dato erróneo de 2 millones de euros”.
De acuerdo con la cuenta anual del ejercicio 2010, que se encuentra en fase de exposición pública, el periodo medio de pago a los proveedores ascendió ese año a 112,06 días contados desde la fecha de emisión de la factura. Este plazo, en palabras de Hernández, contrasta con los 43 días señalados por “el presidente saliente y ausente” de la Diputación, Antonio Martínez Caler, quien además declaró en su día “en rueda de prensa” que la liquidez de la institución disponía de 60,5 millones de euros.
En clave de futuro, la diputada de Economía auguró que la institución experimentará “tensiones de tesorería” a partir del próximo ejercicio, entre otras razones por tener limitada desde el Gobierno de España la capacidad de endeudamiento al 75 por ciento frente al 125 por ciento que había en los primeros meses de 2010.
Por último, señaló que la institución cuenta con un reglamento de control interno que “se ha incumplido sistemáticamente” por el que fuera vicepresidente tercero de la Diputación y actual teniente de alcalde de Santa Fe, José María Aponte. “Ese reglamento ordena la práctica de las funciones de intervención, como son control financiero y de la eficacia en la Diputación, pero los informes del interventor no han sido llevados a pleno desde 2007, para su conocimiento, por decisión expresa de Aponte, para hurtar así del debate legítimo entre opiniones diferentes sobre la eficacia y el control de la institución”, subrayó Inmaculada Hernández.
