El descontrol de la junta ahora nos cuesta 17 millones más El Gobierno andaluz que salga de las urnas el 25 de marzo tendrá que afrontar el pago de más de 17 millones de euros durante los tres próximos ejercicios en concepto de prejubilaciones y ayudas sociolaborales en empresas investigadas por la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por presuntos ERE falsos. A tan sólo nueve días de los comicios autonómicos, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba la concesión de subvenciones destinadas a “las personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral” afectadas por la liquidación en 2011 de la aseguradora belga Apra Leven. En total, las ayudas superan los 27 millones, repartidos entre los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Las Administraciones socialistas suscribieron seguros de rentas con la aseguradora belga Apra Leven, a la que dejaron de pagar, y como consecuencia de esto, según la propia compañía belga, iniciaron un proceso de liquidación. Los impagos de la Junta, según diversas fuentes, rondaban los 32 millones de euros y afectaban a 3.000 trabajadores de 50 empresas españolas que se quedaron sin cobrar sus prejubilaciones. Intrusos en los ERE Entre las distintas causas que instruye la juez Mercedes Alaya están las prejubilaciones irregulares que realizaron algunos intermediarios y agencias de seguros de dudosa solvencia, como la sociedad belga. Coincide que en muchas de las empresas en las que Apra Leven gestionaba las prejubilaciones han aparecido irregularidades, como en el caso de Intersur, Cydeplas, Surcolor, Germans o en las desaparecidas Bonpunt e Hitemasa, entre otros. En el caso de Intersur, tuvo que dimitir el secretario de Política Municipal del PSOE en Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, por su relación con un ERE promovido en 2003 en esta empresa. O lo que sucedió en la conocida fábrica de las bragas de Ronda (Málaga), Bonpunt, en la que supuestamente 12 personas estuvieron cobrando prejubilaciones indebidas. |