Caniles - Granada

LA INVESTIGACIÓN abierta en Andalucía por el presunto fraude masivo en los cursos de formación es un escándalo de proporciones mayúsculas que puede superar ampliamente el caso de los ERE. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal le sigue la pista a cerca de 4.000 millones de euros procedentes de subvenciones europeas y de la Administración central, de los que sospecha que la mitad podrían formar parte de lo que se perfila ya como la mayor malversación de fondos públicos de la Historia en España. Estaríamos, además, ante un engaño que habría seguido el mismo esquema en todas las provincias andaluzas y en el que habrían participado desde personal de la Junta –que gestionaba las ayudas y tenía la obligación de supervisarlas– a la patronal, los sindicatos y las empresas adjudicatarias.



Hay casos llamativos: sociedades ilocalizables en el Registro Mercantil, empresas sin indicios de actividad o compañías con sólo dos empleados recibieron miles de euros de la Administración por cursos que nunca se realizaron. Los agentes han acotado para su investigación, en una primera fase, el periodo de 2009 a 2011, pero todo lleva a pensar que antes y después de esas fechas también se produjeron irregularidades.



La noticia se conoce justo cuando Eurostat, la oficina estadística europea, sitúa a Andalucía como la región con más paro de toda la UE, con una tasa superior al 36%. Este nuevo escándalo de corrupción puede tener efectos demoledores en Bruselas. La Comisión Europea ya anunció en enero su decisión de no dar un solo euro más a UGT para costear cursos de formación mientras no se clarifique el uso que el sindicato dio a fondos comunitarios, en concreto, en unos seminarios para el aprendizaje de portugués. La Comisión también investiga si la Junta dio un buen uso a los fondos destinados a prevención de riesgos laborales. Hay que tener presente que España es el país más beneficiado por la UE en ayudas a desempleados.



Los datos recabados por la Udef muestran un panorama desolador: centros de formación que no reunían los requisitos para recibir ayudas, falseamiento de las listas de alumnos, deficiente actividad inspectora de la Administración... Desde luego, el asunto va a tener que saldarse con la depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel en la Junta. Susana Díaz tiene la ventaja de que no formaba parte del Gobierno andaluz cuando ocurrieron los hechos, por lo que tiene las manos libres para actuar.



Para el PSOE, el caso puede ser una bomba a sólo un mes de las elecciones europeas. Pero los socialistas no deberían caer en el mismo error que en ocasiones precedentes, denunciando, con la clara intención de desviar la atención, la existencia de una mano negra. El problema no es cuándo se destapa, sino cómo y por qué la Administración ha consentido esta malversación de dinero público. Por otra parte, la Udef lleva cuatro meses siguiendo el caso y era cuestión de tiempo que saltara a la opinión pública.



Lo que es sorprendente es que un fraude de tales dimensiones no se haya detectado antes. Los agentes tienen claro que ha existido connivencia entre la Administración, la patronal y los sindicatos. Unos y otros están obligados a ofrecer explicaciones y a tomar medidas drásticas.

Se veía venir,Ya lo comente aquí en el foro después de las elecciones andaluzas.Con estos de Izquierda Undida ,”Manteca,Manteca”...
Los eres,Y ahora esto...
Oer!!!y luego dicen que les tienen manía desde Madrid.
Oño!!! Las mismas escusas que los catalanes...