Caniles - Granada

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada investigará la posible comisión de irregularidades en el proyecto Magrec por parte del anterior equipo de gobierno (PSOE-IU), según ha anunciado la diputada de Empleo, María Merinda Sádaba, junto al portavoz, José Torrente (PP).

El proyecto Magrec se inserta en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed, investigado a su vez por el Juzgado de Instrucción 6.

Este último juzgado imputó a catorce personas, entre ellas el exvicepresidente Julio Bernardo (IU) y miembros de su equipo de confianza en la Diputación, y ha desestimado recientemente los recursos de algunos de ellos contra su decisión de pasar a la fase de preparación de juicio oral.

También Instrucción 6 rechazó la petición de la Diputación Provincial de ampliar las imputaciones en el conocido como "caso Mercamed" a la diputada de IU María Asunción Pérez Cotalero, además de a seis empresarios más, por lo que el equipo de Gobierno del PP interpuso una denuncia independiente, ahora admitida a trámite.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, tanto en Mercamed como Magrec, ya judicializados, el 90 por ciento de la inversión y el gasto tenía que hacerse en territorio europeo y tan solo el 10 por ciento en territorio marroquí.

El presupuesto de Magrec fueron 898.000 euros y solo 67.000 euros se deberían haber destinado a inversiones en Marruecos, sin embargo las facturas adjuntadas en la denuncia de la Diputación Provincial suman 210.000 euros superando el umbral de inversión permitido.

La Diputación denuncia que trabajos científicos fueron encargados a autónomos que, en algún caso, no reunían los requisitos y se daban de alta un día después de la facturación por haber realizado los trabajos encargados y se invirtió en aulas rurales cuyo propietario no se conocía, saltándose las normativas previstas, al igual que en la Torre de la Kasbah o en el realquiler de una propiedad en Chaouen.

Fue la actual portavoz de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, diputada de Cultura en el anterior equipo de Gobierno, la encargada de gestionar para la Diputación este alquiler que se hacía a su vez a través de una empresa de la provincia.

Según Sádaba, asimismo se hicieron trabajos en la Torre de la Kasbah que, siendo propiedad del Ministerio de Cultura de Marruecos, no se puso a disposición de la Diputación granadina.

De entrada, hay seis empresarios imputados para cuyas declaraciones se han tramitado exhortos a Juzgados de Alcalá de Henares y Móstoles y posteriormente el Juzgado podría continuar tomando declaración a las personas imputadas en el caso Mercamed o a algunas de las personas incluidas en la denuncia de la Diputación.

Esto va a ser como el caso cooperación que ya tiene hasta entrada en la Wikipedia pero que poca gente habla de él...

https://s.wikipedia.org/wiki/Caso_de_la_cooperaci%C3%B3n

"...asunto de corrupción que se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, cuando era presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en el que supuestamente fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat Valenciana dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino..."

Por eso mísmo este Pais no tiene solución posible,,,
Y tu más.Y tu más.Y tu más.
Y luego nos sale el Nene de papa con las ITV,,,
O el Sindicalista que monta una ongs familiar para socorrer a los amigos del partido.
Pais de locos.