Baza - Granada

La Diputación de Granada, gobernada por tras las últimas elecciones por el PP, ha cifrado en 190 millones de euros la deuda viva de la institución y ha anunciado la suspensión de un proceso de selección abierto en este organismo a la espera de una próxima auditoría en el área de Recursos Humanos.

Según ha detallado en rueda de prensa la diputada del área de Economía, Inmaculada Hernández (PP), la deuda viva registrada en el expediente de arqueo de la Diputación es dos millones de euros mayor que la reconocida públicamente por el expresidente de la institución Antonio Martínez Caler (PSOE), a pesar de que estos documentos aparecen firmados por él mismo.

Hernández ha indicado que a esta cifra hay que añadir otros nueve millones de euros que la Diputación de Granada tiene que devolver al Gobierno central a largo plazo, así como el dinero que se debe a los proveedores.

La deuda actual de la institución provincial con los proveedores asciende a 34,7 millones de euros, de los cuales 14,8 millones corresponden a 2011; 9,7 millones de euros a ejercicios ya cerrados y otros diez millones de euros están pendientes de fiscalizar, lo que agrava la “asfixia” económica a la están sometidos estos profesionales.

Además, el tiempo medio de pago de estas facturas que figura en la memoria de la Diputación, firmada por el expresidente Caler, fue en 2010 de 112 días, y no de 43, tal y como afirmó éste en unas recientes declaraciones, lo que ha motivado que los proveedores estén “en la puerta reclamando el pago de esta deuda”, ha lamentado Hernández.

La liquidez de la Diputación de Granada asciende en la actualidad a 41 millones de euros, lo que supone un “descuadre” de 18 millones con las cifras aportadas por el anterior gobierno de la institución provincial, formado por PSOE e IU.

Esta situación, sumada a que la mayor parte de los 41 millones de euros que forman parte de la tesorería provincial se encuentran “comprometidos para distintos proyectos” harán que tanto en este ejercicio como en los próximos, la institución provincial pueda sufrir “tensiones de tesorería” acentuadas por la imposibilidad de endeudarse, ha anunciado Hernández.

Por ello, en el afán de ofrecer “absoluta transparencia” a los ciudadanos, la Diputación de Granada ha decidido encargar una auditoría sobre Recursos Humanos que aclare si en los procesos de selección llevados a cabo en los últimos años se ha actuado siempre conforme a la legalidad y han suspendido un proceso selectivo en vigor para contratar a casi una decena de auxiliares administrativos.

Pues si eso es asi, y el responsable es martinez caler
Ke la fiscalia investigue y si tiene que dar explicione al banquillo

Mira cam, todo el que lo hace que lo pague, ya esta bien de tamta corrucion,

Y en caniles como estan las cuentas

Se ha hecho auditoria??????????????'

Como van las cosas no se oye nada

si al señor caler lo tienen que llevar al juzgado que lo lleven, esa era su forma de actuar cuando gobernaba.

TODO LO SOLUCIONABA CON ELUDIR SITUACINES Y DECIR ESO AL JUZGADO, AHORA QUE LO LLEVEN A EL.

¿Confiais en la justicia?

Los fiscales del Gobierno
24-07-2011 | 2
El enriquecimiento de Bono, el Faisán, las subvenciones a la hija de Chaves o los ERE falsos dejan en evidencia al Ministerio Público, que ha sido reiterademente acusada de estar al servicio de los intereses del PSOE.


R. R. B. Madrid

La Fiscalía ha sido reiteradamente acusada de estar al servicio de los intereses políticos del Gobierno durante estas dos últimas legislaturas. Así lo ha denunciado el PP. Pero no sólo el PP. Los cables de WikiLeaks e incluso algunas revelaciones periodísticas han puesto sobre la mesa la incoherencia de la Fiscalía y su vinculación a los intereses del Ejecutivo.

1. Carlos Bautista

El papel del fiscal del caso del chivatazo a ETA (Faisán) ha estado plagado de incongruencias. Bautista solicitó el archivo de la causa en octubre de 2009, cuando todavía era instructor Baltasar Garzón, que fue suspendido en mayo de 2010. Su sustituto, Pablo Ruz, reactivó la causa y Bautista viró con él y apoyó sus nuevas diligencias. Meses después, su estrategia volvió a cambiar y solicitó algo que no había pedido hasta entonces, que no se imputara a los acusados por colaboración con banda armada. Esto quitaría la competencia a la Audiencia Nacional, trasladaría el caso a un juzgado de Irún y disminuiría la pena de prisión a los acusados.

Además, como denunció Dignidad y Justicia, Bautista pidió el archivo del caso sin haber visto la polémica cinta que grabó el bar Faisán y que registraba varios cortes sospechosos. Las abogadas de la asociación de víctimas se encontraron el vídeo con el precinto policial sin romper.

2. J. J. Martín-Casallo

Miembro de la Unión Progresista de Fiscales y teniente fiscal del Tribunal Supremo, participó activamente en tres de los casos más conflictivos de los últimos tiempos: Bono, Chaves y Garzón. Por sus tres protagonistas dio la cara Martín-Casallo. En el primero, tras una denuncia del Partido Popular contra el enriquecimiento del presidente del Congreso, solicitó el archivo de la causa. E hizo lo propio en el segundo caso, el de las subvención de 10 millones de euros concedidas por la Junta de Andalucía a Matsa, empresa vinculada a la hija del vicepresidente Manuel Chaves. Según Martín-Casallo, no había “elementos típicos del delito de prevaricación”.

El teniente fiscal también recurrió la decisión del Supremo de admitir a trámite la tercera querella contra Garzón, presentada por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel, por intervenir las conversaciones entre los acusados y sus letrados.

3. Vicente González Mota

Los papeles de WikiLeaks pusieron en evidencia al fiscal coordinador de terrorismo. Los informes sacaban a la luz las cercanas relaciones que existían entre el Ministerio Público español y la embajada de Estados Unidos, interesada en desinflar los casos de los vuelos de la CIA, Guantánamo y Couso. González Mota participó activamente en el asunto de los Vuelos de la CIA, que transitaron en secreto por aeropuertos europeos y que provocaron la apertura de un procedimiento en la Audiencia Nacional. El caso molestaba a Estados Unidos y para frenarlo se apoyó, siempre según los cables, en la Fiscalía española. Según WikiLeaks, González Mota anunció al asesor legal de la embajada norteamericana que los documentos del CNI que estaba a punto de desclasificar el juez Moreno no contenían “ningún elemento incriminatorio ni información sensible”, por lo que no era necesario oponerse a su publicación. Posteriormente, prometió que “el Gobierno español no buscaría información adicional del Gobierno de EE UU en relación a este caso”.

4. Javier Zaragoza

También son los cables de WikiLeaks los que dejan en evidencia al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El 14 de abril de 2009, Zaragoza prometió a la embajada norteamericana que él haría todo lo posible para que el caso Guantánamo no cayera en manos de Garzón. Incluso amenazó con airear que el juez no investigó nada cuando tuvo datos años atrás si éste se empeñaba en llevar el caso.

5. J. E. EgocheagaEl fiscal del caso de los ERE falsos de Andalucía, que ahora trabaja junto a su compañero Manuel Fernández Guerra, ha sido criticado innumerables veces por el PP. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, incluso ha llegado a decir que pone “zancadillas diarias” a la labor de la juez Mercedes Alaya y que está “obstruyendo a la justicia”. El PP recuerda que la labor del fiscal en este caso se ha limitado a “recusar a la juez” y a “recurrir sus autos”, en ningún caso a pedir más diligencias.

6. Antonio Salinas

El fiscal anticorrupción, impulsor del caso Gürtel, también ha sido el responsable de que la investigación sobre la presunta trama de corrupción de la Sociedad General de Autores (SGAE) se mantuviera paralizada durante tres años desde que los internautas pusieron la denuncia. Asimismo, su papel pudo ser fundamental para que no se investigara la relación de la prima del fiscal general, Blanca Conde -Pumpido, con la operación Malaya.

7. Pedro Crespo

Recientemente nombrado jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Es amigo del ministro del Interior, Antonio Camacho, de su compañero González Mota y hombre cercano al ex titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Aunque no ha ejercido como fiscal en el Faisán, la Gürtel o el caso Couso, sí ha sido la persona interpuesta por Cándido Conde-Pumpido en estos asuntos.