Atarfe - Granada

Las vacantes de vigilantes las ocuparían 'simpatizantes del PSOE'

Acoso laboral a una empleada que se negó a 'dar nombres' de compañeros para despidos

* Segurisa mantenía 'vigilada' a la jefa que se negó a señalar a compañeros

* El caso había recibido dos sentencias condenatorias desde octubre de 2008

* Considera probado que se pretendía dar vacantes a simpatizantes del PSOE

* La empresa acabó contrato a final de año, pero sigue ejerciendo las funciones

José A. Cano | Granada
Actualizado viernes 12/02/2010 17:33 horas


El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por acoso laboral a Segurisa, empresa adjudicataria de la seguridad en la Diputación de Granada, en la persona de la jefa de servicio de la misma por «negarse a dar nombres para despedir» y crear vacantes que, según considera probado la sentencia, «ocuparían militantes y simpatizantes del PSOE».

La primera condena por este caso llegó en octubre de 2008 por parte del juzgado de lo Social de la Audiencia de Granada. Luego, fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en marzo de 2009. Y ahora, menos de un año después, el Supremo vuelver a certificar la condena en una nueva sentencia contra la que ya no cabe recurso.

El acoso «brutal» contra la trabajadora se produjo a raíz de la negativa a dar nombres de empleados del servicio de seguridad que despedir, momento a partir del cual «personal de confianza del PSOE en la Diputación» comienza la situación que ha llevado a la sentencia dos veces ratificada y que incluyó la instalación de una cámara de video en el puesto de trabajo de la víctima para «mantenerla vigilada».

El grupo del PP en la Diputación granadina no ha tardado en reaccionar, recordando que Segurisa se hizo con un contrato 'record' para la institución: 4,3 millones de euros, por un periodo de dos años que concluyó el 31 de diciembre de 2009, pero «sigue ejerciendo esas labores».

Los diputados populares Antonio Granados y María Victoria Molina consideran que «el servicio de esta empresa debió acabar» y recuerdan que, el pasado octubre, una moción en pleno, y por tanto de ejercución obligatoria, aprobada con los votos de PP e IU «instaba al presidente Antonio Martínez Caler a empezar el proceso de contratación de una nueva empresa» y «su única respuesta» fue comunicar que se prorrogaría a Segurisa hasta marzo de 2010.

Granados añadió que «aún no se han publicado las condiciones de contratación» lo cual significa que, incluso usando el procedimiento de urgencia, no habría una nueva concesionaria hasta dentro de dos meses, cosa que el diputado traduce en «más de un millón de euros que la Diputación regalaría a Segurisa».

Consideró también que estas circunstancias crean «una situación de inseguridad administrativa» pues la contratación «se deja en manos de cargos de confianza del PSOE, que ya han demostrado cómo se dedican a cobrar y conceder los favores que el partido necesita».

Sobre todo, los populares protestan porque «la única consecuencia» de estas sentencias ha sido la destitución en noviembre de 2008 del coordinador de seguridad, «otro cargo de confianza». «Hasta ahora, el presidente se amparaba en que no había una sentencia firme», declaró Molina, «pero si ahora no actúa empezaremos a tener la sospecha de que algo tienen que ocultar».

https://ww.elmundo.es/elmundo/2010/02/12/andalucia/1265992435.html