Armilla - Granada

Asusta la corrupción que existe en nuestro país. Creo que aún sigue insertado dentro de uno mismo que el que no se aprovecha de la oportunidad que brinda la política es que hace el tonto. Ya no aprovecharse en el contacto diario que tiene con los diferentes sectores de la sociedad, sino, “la plataforma de conocimientos privilegiados para después”. Pueda que esta apreciación pueda ser hiriente para la clase política, pues me consta que hay muchos políticos que se dedican en cuerpo y alma para lo que fueron elegidos y no conocen lo que es el horario dedicado a la familia. Pero por otra parte, también me consta, lo veo, lo intuyo, la cantidad de políticos profesionales que pululan a nuestro alrededor. No hace falta más que leer todos los días “los affaires de corrupción” que florecen que es un primor. Quizás siempre la hubo, el franquismo sociológico representaba en si mismo la corrupción, el enchufe, la comisión porque sí, y eso, no cambia de la noche a la mañana si no se montan las bases para que eso no ocurra… otro concepto de lo que significa la vida y sus valores.
Hay que intentar ser muy responsable profesionalmente y dotado de mucha documentación para poder hacer un análisis aproximado de la realidad, ya que confluye todo una antropología sociológica local, regional, nacional, global…, densos y meticulosos estudios nos acercarían a ese comportamiento humano que nos conduce a una lacra muy destructiva para las sociedades en convivencia.
He estado ojeando trabajos al respecto y me ha llamado la atención. En la sección Tribuna de El País, hay un trabajo titulado, ¿Por qué hay tanta corrupción en España?, firmado por Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
En mi ignorancia con respecto a estos concienzudos y analíticos estudios, me llama la atención el siguiente párrafo: “Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en “nuestra cultura”. Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica.”
Adentrándose en su estudio técnico del por qué de las causas de nuestra corrupción, el articulista, escribe lo siguiente: “Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.”
Al final del artículo, se pregunta y responde al mismo tiempo: “¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.”
Me parecen muy acertadas estas reflexiones, captadas por el buen sentido común del buen estudio, aparte de que están muy sencillamente explicadas. Me preocupa si tendrá un desenlace positivo este entramado tan apetitoso para mucha gente. ¿Quiénes deshacen esta madeja perniciosa de la simbiosis funcionario-cargo político-agencias-fundaciones? ¿Hay suficiente estructura para acometer esta titánica tarea? ¿Hay gente dedicada a la política cualitativa y cuantitativamente para solucionar el tema? ¿No hemos llegado a un techo imposible de derribar? ¿No existe mas porquería que máquinas dispuestas a limpiar?

Esto lo acaba por pagar el ciudadano de a pie. España tiene que cambiar de modelo político, económico, social para que esto funcione.

Y tu tienes que dejar de copiar artículos y, si sigues haciendolo, por lo menos cita la fuente! Sobre todo para que no te denuncien por plagio! Merluzo!

Algunos lectores y comentaristas de Voto en Blanco me han pedido que explique por qué vertimos críticas contra Rajoy sin esperar siquiera a que se cumplan los 100 días de su gobierno. En este artículo se reconocen los aciertos del nuevo gobierno y se explican suficientemente las razones que nos llevan a criticar con dureza su injusta política fiscal.

Tras reconocer que el nuevo gobierno está adoptando las medidas correctas en política económica y afirmar que el camino emprendido está devolviendo a muchos españoles la confianza en el futuro y la esperanza en una próxima reactivación económica, tenemos que condenar con todas nuestras fuerzas la política fiscal del nuevo gobierno, por ser injusta, inmoral, contraproducente e innecesaria.

Nos causa mucho dolor considerar abusiva e inmoral la política fiscal de Mariano Rajoy y condenarla públicamente porque durante años, con tesón e ilusión, hemos estado apostando, día tras día, por el fin del reinado sucio de Zapatero. Pero ahora, cuando el triunfo de Rajoy parecía que iba a proporcionarnos algo de esperanza, descubrimos que algunas de sus medidas son injustas, antidemocráticas y rechazables por cualquier ciudadano decente.

La condena a Rajoy se basa en un razonamiento tan simple como contundente: ellos, los políticos, han construido un Estado español hipertrofiado e insostenible y ahora nos piden más impuestos para financiar ese Estado enfermo de obesidad mórbida. Lo justo hubiera sido adelgazarlo antes, suprimir sus muchos lujos y rasgos superfluos, todos ellos contarios al bien común. Pero Rajoy ha preferido hacer lo contrario: ha metido la mano en la cartera del ciudadano, a pesar de que había prometido no hacerlo, manteniendo abusos e injusticias tan flagrantes como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal.

Si hubiera hecho las cosas bien, tendría nuestro apoyo y tendría sentido la esperanza, pero ha abusado del poder y ha relegado el bien común a un segundo plano, apostando por la injusticia y el abuso de poder, toda una decepción para sus votantes y para los muchos demócratas que habíamos depositado cierta esperanza en su victoria.

Tiene que corregir ese error rápidamente, si no quiere que las mismas fuerzas que terminaron obligando a Zapatero a salir del poder, se alcen contra él. Las sociedades modernas exigen justicia y decencia a sus gobernantes y no están dispuestas a tolerar el abuso y la arbitrariedad. Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen y la propia caída de Zapatero son claros ejemplos de rebelión ciudadana contra la indecencia del poder.

Rajoy debería haber sometido primero al Estado a un plan riguroso de adelgazamiento, eliminando los cargos públicos y puestos superfluos de cientos de miles de enchufados que viven del Estado sin aportarle nada; suprimido administraciones, instituciones y empresas que no tienen función alguna justificada porque los trabajos que desempeñan están duplicados o triplicados; realizando una profunda limpieza ética que elimine del servicio público a los miles de corruptos que se han incrustado en el Estado y enriquecido sin poder justificarlo

Pero, sobre todo, debe eliminar la injusticia que representa que los ciudadanos, con nuestros impuestos, seamos obligados, contra nuestra voluntad política, a financiar a los partidos políticos, sindicatos y patronales, organizaciones que, en democracia, deberían financiarse de manera autónoma, con las cuotas de sus miembros, como ocurre en muchas democracias avanzadas.

Antes de haberle metido con impudicia la mano en la cartera al ciudadano, sorprendiendo su buena fe y empobreciéndole para financiar un Estado injusto y desequilibrado, debería haber privatizado o suprimido muchas instituciones y empresas creadas por los gobernantes para satisfacer sus propios intereses, nunca el bien común ni el interés general. Entre esas entidades destacan las costosas televisiones públicas locales y autonómicas, puros juguetes que sólo son útiles para la vanidad de los políticos y para fortalecer los ya opresivos aparatos de propaganda y manipulación de los partidos políticos. Exprimir con impuestos al ciudadano antes de liquidar esos entes monstruosos e inútiles es una auténtica canallada.

Sr. Rajoy: podría usted haber abierto una hermosa etapa de esperanza para España, pero, sin otro motivo aparente que asaltar al débil que no puede defenderse, ha enturbiado su gobierno con una medida abusiva y sin justificación, que recuerda el peor estilo del PSOE. Sea usted consecuente con sus ideas y promesas y dé marcha atrás en los abusivos impuestos instaurados por su gobierno, que convierten a la sociedad española en la que más impuestos paga, proporcionalmente, en toda Europa y casi en todo el mundo desarrollado, todo un abuso inesperado e inexplicable, que si no es remediado costará muy caro al gobierno popular que usted preside