Armilla - Granada

B) La Diputación de Granada
"Dime a quién despedimos, que hay que contratar a los del PSOE".
Es una frase para la historia de la inmoralidad política en España y
en Andalucía. Ocurrió en la Diputación de Granada y estos hechos
son considerados "hechos probados" por la sentencia que
favoreció a la responsable de Seguridad en la Diputación de
Granada, Ascensión Ruiz Ruiz, que se negó a aceptar la orden del
PSOE y que, por ello, fue perseguida, sometida a "mobbing" y
finalmente despedida. Según ella misma en declaraciones a El
Mundo, fue incluso amenazada de muerte por negarse a meter a
gente del PSOE en la Diputación.
Hasta ahora conocíamos algunos métodos básicos de colocar a
familiares y amigos del PSOE en las Administraciones y
Empresas Públicas: por la cara, como se ha hecho en muchas
ocasiones en las empresas públicas; con pruebas de acceso
diseñadas ad hoc para las ocasiones; desarrollando y ampliando el
número de interinos, eventuales y laborales; haciéndolo por libre
designación; aprovechando la mayoría del número de militantes
socialistas en los tribunales de pruebas de acceso en pueblos y
diputaciones; impidiendo el libre acceso del público a puestos de
trabajo de acuerdo o no con los sindicatos...En fin...Un amplio
operativo destinado a "ocupar" posiciones de poder en los órganos
vitales, económicos y administrativos de la sociedad andaluza.
Pero este nuevo método era desconocido. Toda la prensa
andaluza, incluso El País, tuvo que destacar que la sentencia ha
revelado prácticas verdaderamente "reprochables", según el
Juez, en la Diputación de Granada para contratar a «amigos,
familiares o militantes» socialistas. La tropelía, que conllevaba el
despido de profesionales de la empresa con familias a cargo para
beneficiar a militantes socialistas, fue protagonizada por
el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada, Juan
Carlos Adarve, un histórico del PSOE de Granada, cargo de
confianza y de libre designación del Presidente socialista de la
institución granadina, Antonio Martínez Caler, y, por si fuera poco,
miembro de la Comisión provincial de PSOE granadino además
de responsable de la administración y el patrimonio. También es
miembro de la Asamblea de Caja Granada4.
Este cargo de confianza socialista pidió a la jefa de Segurisa en
la Diputación de Granada el listado de candidatos a ser
despedidos, para colocar en su puesto a los militantes del PSOE Se
dice en la sentencia que "Todo se explica con las irregularidades
en el proceso previo de adjudicación del contrato" se dice en el
texto. El magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de
Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, se preguntaba en su
sentencia cómo el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan
Carlos Adarve Moreno, «podría tener esta capacidad de influencia
en una empresa privada como es Segurísa». La empresa Segurisa
se hizo con la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad
de los centros públicos de la Diputación de Granada por valor de
4,3 millones de euros el 1 de enero de 200S. El juicio seguido por
el despido de la jefa del servicio de seguridad privada de la
Diputación, Ascensión Díaz Ruiz, puso al descubierto
irregularidades en esa adjudicación, propiciada al parecer por el
propio Adarve si bien el Juzgado no considera suficientemente
acreditada tal intervención.
Eso sí, el juez añadió que aunque ese asunto "no es objeto de este
proceso ni se ha practicado prueba suficiente, por lo que las
personas que puedan conocer lo sucedido deberían en su caso
denunciar penalmente tales hechos».
Con estos antecedentes, los responsables socialistas acosaron y
despidieron a los dos meses a esta trabajadora, separada y con 4
hijos, que se negó a facilitar los 'enchufes'." Para el magistrado del
Juzgado de lo Social número 1 de Granada, Jesús Rodríguez
Alcázar, ha quedado «plenamente acreditado» que el «origen» de
las diferencias surgidas con la jefa del servicio de seguridad de la
Diputación fue su negativa a facilitar un listado de trabajadores
que «podían ser despedidos». Llevaba 12 años trabajando en la
Diputación al frente de los vigilantes de seguridad.
Estos hechos quedaron acreditados con la “creíble”; declaración
de la trabajadora que fue despedida y del «testigo presencial»
Lisardo Antequera, el cual «de forma clara y rotunda sostuvo que
4
Conocida asimismo como “La General”.
delante de él», el cargo de confianza, Adarve, le pidió a Ascensión
Díaz Ruiz el listado de nombres para despedir, señaló el fallo.
Cuando la jefa de servicio se negó a las pretensiones del cargo de
confianza, fue desalojada del despacho que ocupaba en la
Diputación y dejó de cobrar un complemento de 900 euros que
percibía.
Para justificar estas represalias, la empresa dio «una explicación
absurda », como decir que el desalojo del despacho fue «por el
bien de la trabajadora, debido a la mala cobertura de los móviles
en el sótano en el que estaba, cuando allí disponía de teléfono fijo
y ordenador con conexión a internet», precisó el fallo. Además se
desvela que el tal Atarve «ordena colocar una cámara de
seguridad que graba el lugar en el que se encuentra» la
trabajadora que luego fue despedida.
La visión de la afectada revela cómo opera "la tela de
araña".
En una entrevista publicada por El Mundo, Ascensión Ruiz dijo
haber sido amenazada de muerte por negarse a meter a gente del
PSOE en la seguridad privada de la Diputación de Granada. Este
un fragmento:
Pregunta.- ¿Cómo se quedó cuando el cargo de confianza del
PSOE Juan Carlos Adarve le dijo que debía darle una lista con
nombres de vigilantes que se podían despedir para contratar a
(militantes, familiares y amigos del PSOE», tal y como dice la
sentencia?
Respuesta.- Fue una sorpresa. Ya en otras ocasiones me había
dicho que contratáramos a una persona o a otra. Era una práctica
habitual, pero nunca con despidos por delante. Si había hueco
para trabajar, él daba el visto bueno a los curriculum de los
vigilantes. Mi sorpresa es que cuando le digo que no hay hueco,
me dice "pues dime a quién podemos despedir".
P.- ¿A quién quería contratar?
R.- Me dijo que era un favor personal que le debía al secretario
general de la agrupación socialista de Chauchina [un municipio de
Granada] y que tenía que meterlo a la fuerza. Tenía mucha prisa.
Dicho y hecho. Ya había gente del partido [socialista] trabajando
por orden suya, pero lo hizo sin hacer este daño de querer
despedir a otras personas.
P.- ¿Tenían algún privilegio los del PSOE?
R.- Sí. En otras ocasiones ya me había dicho, 'hazle un contrato
indefinido a éste' y yo le respondía que no, que había otros más
antiguos, pero le daba igual.
P.- Entonces, sólo entraban las recomendaciones del PSOE?
R.- Totalmente, es que entraban todos los que decía él [Juan
Carlos Adarve, el cargo de confianza]. Normalmente, eran favores.
De una chica en concreto que contratamos, Adarve me dijo que
era un compromiso directo del presidente [de la Diputación de
Granada, Antonio Martínez Caler], pero en ese caso no hubo daño
porque otro compañero pidió una excedencia y entró por él. Hubo
favoritismo, pero no un daño, no era esta barbaridad que me
pedía ahora.
P.- La sentencia reconoce que era «habitual» que cuando se debía
cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad «se acudiera
a personas cercanas al PSOE, siendo Adarve quien indicaba el
nombre de quien podría ser contratado».
R.- Sí, Adarve tenía que dar el visto bueno a todos y decía quién
entraba y quién no. Luego, en conversaciones informales, me
contaba 'éste es' del PSOE, éste es concejal de no sé dónde'...
Siempre sabíamos que eran personas cercanas al partido y
amistades del partido.
P.- ¿Por qué tenía tanto poder Juan Carlos Adarve?
R.- [Silencio] Lo único que puedo decir es que conmigo ha
alardeado de que él ha llevado, digamos, las miserias del partido
[socialista] y se veía bien protegido. Pensaba que ... No sé cómo
explicarlo...«Juan Carlos Adarve se sentía intocable porque tenía
información sobre las miserias del PSOE»
Cese del "cargo de confianza"
Aunque el PP pidió la dimisión del presidente de la Diputación
Provincial de Granada, Antonio Martínez Caler (PSOE), por
considerar que, como conocedor de los hechos, tenía la máxima
responsabilidad en este caso, el que sí fue destituido en sus
funciones fue "el cargo de confianza", el histórico del socialismo
granadino, Juan Carlos Adarve. La decisión de su relevo se tomó
sólo un día después de conocerse la sentencia que establece que
Juan Carlos Adarve y la empresa adjudicataria del servicio de
seguridad de la Diputación acosaron laboralmente a una vigilante.
A pesar de la sentencia detallaba, como hemos visto, que el
motivo del acoso fue que la trabajadora se negó a facilitar a
Adarve nombres de compañeros a los que "se podía echar" para
contratar a otros, "militantes del PSOE, familiares o amigos de
éstos", la Diputación, gobernada por PSOE e IU en coalición, negó
ayer los hechos y aseguró que "jamás" ha ordenado el despido de
ningún trabajador ni la contratación de militantes socialistas. Ya
saben.5

"Es un poco largo,pero intenso y cierto"

lo cierto es que el triparty quiere recuperar con practicas mafiosas y fascistas propias del gobierno de Sivio Belucconi el control de Armisad para poner a sus afiliados y a personas ya que pidieron votos y financiación a cambio de trabajo. A qui tienes una opinión breve y clara y CIERTA...

si todo lo que tu digas por tal de desviar la atencion hacia bolero,pero la realidad es que tu partido (psoe),nos ha tenido en una dictadura durante muchos años,repito """dictadura dura y pura""""

Si, como la que se está imponiendo en este ayuntamiento no pagando a trabajadores y gastándose pompas y boatos.

Lo que deja claro tal sentencia es que la tela de araña del p$o€ se extiende por todos los rincones del mapa andaluz y como suelo decir: al estilo puro y duro de la mafia Calabresa. En espera la tejida en Armilla hasta mediados de 2011, siendo a nivel municipal no deja de ser menor que la aquí expuesta.

Y rondín tiene la cara de ir acusando: "No desvíes la atención trolfrancis, dispendios, boato, cohetes, despilfarro, tirar dinero , esa es la cuestión u señala al tripartito."

Si, como que las vuestras no están bien elaboradas y llegan a ser inter-regionales.

Por eso no se puede hablar a nivel local sino nacional de vuestros ladrocinios que han sido mucho de todas las formas inimaginables.

La sede de todo ello es de todos sabidos porque es la región más endeudada y con más problemas de liquidez de todas, eso demostraría lo que saben robar los del Pp.

Cual de ellas, Andalucía ya mismo se sabrá lo que habéis expoliado o Extremadura o Cataluña o Castilla La Mancha o Aragón o es Asturias o Cantabria..? ¿Y que panda han gobernado, o gobierna en alguna aún, en todas? Las mismas siglas, p$o€ que han dejado el Estado quebrado y que ahora dirige el Big Brother Fredy, el que todo lo ve y todo lo oye.

El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hoy separado del caso por una serie de escuchas presuntamente ilegales.1 La operación fue iniciada en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular.
La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán («gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «gurt», que significa "correa") da nombre al caso.
El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa".2 3
Contenido [ocultar]
1 Inicios
2 Las empresas de la red
2.1 Special Events
2.2 Pasadena Viajes, S.L.
2.3 Easy Concept
2.4 Good and Better, S.L.
2.5 Orange Market
3 Cronología[19]
3.1 En 2009
3.2 En 2010
3.3 En 2011
4 Baltasar Garzón y el caso Gürtel
4.1 Cacería con Mariano Fernández Bermejo
4.2 Denuncias por prevaricación
5 En la Comunidad de Madrid
6 En la Comunidad Valenciana
7 En Galicia
8 Referencias
9 Enlaces externos
[editar]Inicios

José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.4
La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.5
El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.6
José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película" (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino).7 Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.
Tras el levantamiento del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional.8 9 10 11 12
[editar]Las empresas de la red

Hay veintitrés empresas relacionadas con la red de corrupción,[cita requerida] Entre ellas destacan las siguientes:
[editar]Special Events
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del Partido Popular de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón admitió que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.13 14 15
[editar]Pasadena Viajes, S.L.
Empresa propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003.13 16
[editar]Easy Concept
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, más de 70 contratos.13
[editar]Good and Better, S.L.
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.13 17
[editar]Orange Market
Fue la empresa proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La empresa organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoció el propio partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. Su presidente, Álvaro Pérez, el Bigotes, pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.18 13
[editar]Cronología19


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[editar]En 2009
6 de febrero: la Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después se sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.20
8 de febrero: salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los presuntos implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.20
9 de febrero: ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, dimiten López Viejo y Guillermo Ortega. Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal. Es detenido Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.20
10 de febrero: Garzón amplía a 37 los imputados en la presunta trama. El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.20
12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.20
19 de febrero: dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama. Camps comparece esa misma mañana ante los medios de comuncación para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus «20 años de vida pública al servicio del interés general».20
20 de febrero: Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente. El juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.20
25 de febrero: El PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador y Tesorero del PP, Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Ese mismo día, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.20 21
5 de marzo: tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey). Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados: sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.20
6 de marzo: el caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel. El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.20
12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada popular Ana Mato.20
15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.20
17 de marzo: los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.20
27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.20
31 de marzo: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.20
2 de abril: el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.20
14 de abril: la Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.20
5 de mayo: el Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.20
7 de mayo: el juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.20
14 de mayo: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.20
18 de mayo: el magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palacio de la Generalidad Valenciana.20
19 de mayo: el secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.20
20 de mayo: Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJCV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJCV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.20
21 de mayo: detienen en Barajas a Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción. José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.20
22 de mayo: nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.20
9 de junio: el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.20
16 de junio: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho. La Junta Directiva del Partido Popular respalda a Bárcenas y Mariano Rajoy pide a sus militantes qe respalden a la dirección.20 22
22 de junio: la Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el 'caso Gürtel' -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.20
24 de junio: el Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.20
6 de julio: el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.20
10 de julio: la Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".20
17 de julio: el Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.20
18 y 19 de julio: uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda "calumnias" contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.20
22 de julio: el tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse "muy contento de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".20
23 de julio: el diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el 'caso Gürtel', afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) "sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas" sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir "nada más" porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.20
28 de julio: el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión temporal. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría "de forma transitoria" su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el caso Gürtel.20
29 de julio: un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.20
3 de agosto: la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunida Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.20
10 de agosto: la Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.20
28 de agosto: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.20
2 de septiembre: el TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.20
15 de septiembre: el Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.20
24 de septiembre: la 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.20
25 de septiembre: varias voces dentro del PP desacreditaron el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.20
29 de septiembre: el magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.20
1 de octubre: la Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.20
6 de octubre: el juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.20
8 y 9 de octubre: los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie". El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.20
13 de octubre: el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy. Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.20
14 de octubre: Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Mariano Rajoy estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.20
15 de octubre: Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.20
27 de octubre: el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.20
23 de noviembre: Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.20
[editar]En 2010
25 de marzo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.20
5 de abril: el juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".20
6 de abril: se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la policía que dan por hecho que Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama y evidencias que apuntan a la financiación ilegal de esta formación en la Comunidad Valenciana.20
8 de abril: Luis Bárcenas pide la baja temporal del PP y la dimisión definitiva como tesorero pero sigue como senador por Cantabria, aunque reitera su absoluta inocencia. El diputado Jesús Merino también pide la baja temporal en el PP. Rajoy propone a Romay Beccaría como sustituto de Bárcenas.20
9 de abril: María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.20
13 de abril: la trama Gürtel salpica a Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. El 'cerebro' de la trama, Correa, fue testigo de honor en la boda de Ana Aznar y Agag. Leire Pajín asegura que la trama corrupta se introdujo en el PP de la mano de Agag y Ana Botella le defiende recordando que no está imputado.20
14 de abril: el PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.20
16 de abril: el Tribunal Supremo confirma la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.20
19 de abril: el ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.20
22 de abril: la 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.20
12 de mayo: el Tribunal Supremo acepta los recursos presentados por la Fiscalía y el Partido Socialista del País Valenciano en contra del sobreseimiento de la causa en la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana por su Tribunal Superior de Justicia, y devuelve la causa al mismo para que se reabra y siga la instrucción.23
25 de mayo: el juez Pedreira señala en un auto la posibilidad de un delito de financiación ilegal del PP durante la campaña electoral de 2008 y del PP valenciano en las elecciones de 2007.24
4 de junio: se levanta el secreto de la tercera parte del sumario. La Policía denuncia que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, pudo recibir 1,3 millones de euros de la trama.25
27 de octubre: el Tribunal Supremo declara ilegales las grabaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, de las conversaciones de algunos imputados en caso Gürtel con sus abogados.
29 de noviembre: el juez Pedreira inicia una investigación contra José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y León, del Partido Popular, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.26
[editar]En 2011
14 de enero: Antoine Sánchez, número tres de la trama, sale de prisión tras pagar su fianza de 40.000 euros.27
21 de febrero: el Gobierno valenciano cierra las emisoras de la cadena de televisión catalana TV3 en la Comunidad Valenciana. Esquerra Republicana de Catalunya acusa al Gobierno de Camps de censurar y de utilizar el cierre como cortina de humo.28
22 de febrero: El PSOE se presenta como acusación particular contra Francisco Camps y pide tres años de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de cohecho propio.29
24 de febrero: El PP anuncia que Francisco Camps será el candidato para las elecciones autonómicas a la Comunidad Valenciana, pese a su imputación.30
25 de febrero: Antonio Pedreira, juez del caso, imputa al exalcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, por cuatro delitos.31
4 de marzo: Dos empresarios reconocen haber pagado 1,6 millones y 1 millón de euros, respectivamente, a la trama Gürtel.32 33 El Partido Popular anuncia que su candidato para las elecciones autonómicas de 2011, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, no aparecerá en los carteles de la campaña electoral.34
9 de marzo: La Policía solicita autorización al juez para investigar a 15 empresas contratadas por los gobiernos autonómicos de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León entre 2001 y 2004, estando todas estas bajo gobiernos del PP.35
10 de marzo: El Partido Socialista de Madrid anuncia que denunciará a dos concejales del PP de Alcalá de Henares, presuntos responsables de dos contratos con empresas de la trama.36
12 de marzo: El Tribunal Superior de Justicia de Valencia se declara competente para juzgar siete presuntos delitos de la trama Gürtel, entre ellos, financiación ilegal del PP.37
14 de abril: El nombre de Ricardo Tarno, diputado del PP por Sevilla, aparece en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, junto con una indicación: "36.697 euros + IVA". Tarno niega tener relación con la trama y con otros miembros del PP inmersos en ella.38
16 de abril: Un informe de la Policía revela que, en la contabilidad de una de las empresas de la trama Gürtel, el Partido Popular tenía un pago pendiente de 125.700 euros por la organización de mítines en la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2004, en la que Teófila Martínez fue la candidata popular. En esta campaña la Gürtel presuntamente facturó 520.491 euros en dinero no declarado,39 40
24 de abril: El diario El País publica que el dominio del sitio web de Foro Asturias, partido político creado por el exministro popular Francisco Álvarez-Cascos, pertenece a Álvaro de la Cruz, antiguo diputado popular del Parlamento de Andalucía y exsecretario general de la FEMP implicado en la trama Gürtel por casos de cohecho.41
25 de abril: Un informe policial revela que la trama Gürtel ganó 159.603 euros en la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2004.42
2 de mayo: La Policía da a conocer una carta de Álvaro Pérez "El Bigotes" a Javier Arenas, actual presidente del PP andaluz, redactada en 2003. En esa carta, "El Bigotes" reclama un pago de 120.000 euros en dinero negro al PP por la organización de actos de campaña electoral.43 44 Arenas restó importancia a estas noticias, diciendo que es "información antigua".45
15 de Julio: El juez Jose Flors abre juicio oral contra Francisco Camps, acusado de un delito de cohecho impropio. Se convierte asi en el primer presidente de una comunidad autonoma en afrontar cargos por corrupción. Se sentará en el banquillo por haber recibido presuntamente varios trajes que pagó la trama corrupta de Gürtel.46
20 de Julio: Francisco Camps presenta su dimision de la Presidencia de la Comunidad Valenciana, alegando que es inocente.47
1 de Septiembre: La causa contra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote es archivada por falta de pruebas [2]
2 de Septiembre: El juez Pedreira archiva la causa contra Jesús Merino por falta de indicios, estimando que "hubo precipitación en cuanto a su imputación por parte de la Policía, de la Fiscalía y del instructor Baltasar Garzón". "Todas las sospechas se diluyeron en su declaración con los documentos que aportó" [3]
[editar]Baltasar Garzón y el caso Gürtel

[editar]Cacería con Mariano Fernández Bermejo
En los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, por entonces Ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén, coincidiendo también en la cena celebrada a continuación de la cacería con el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Fernández Bermejo se vio obligado a dimitir como Ministro por no disponer de permiso de caza.48
Ante la publicación en los medios del encuentro, la dirigencia popular lo calificó de "compadreo intolerable" y denunció una presunta "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política, e intentó personarse en el proceso judicial.49 El gobierno de Esperanza Aguirre solicitó la recusación de Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP, al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.
El organizador de la cacería, un militante y ex concejal del PP, aseguró que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Distintos medios recordaron que las pesquisas llevaban un par de años de labor (en el caso de algunas personas más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por parte de los socialistas en los años 1990 por sus investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación, justificándose su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue diputado bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, la cual prevaleció.
[editar]Denuncias por prevaricación
Baltasar Garzón, fue denunciado por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León.50 El motivo de la querella es la orden de Garzón de grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella.50
Estas escuchas fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba "el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías".51 52
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/201053 afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley "de forma errónea" y, sin motivación alguna, ante la "mera posibilidad" de que los letrados actuaran de "enlaces" de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación "conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa" y con ello, Garzón "transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados".54
[editar]En la Comunidad de Madrid

Ante las imputaciones dimitieron tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagos ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza:
"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid [...] López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular"
Esperanza Aguirre55 56
Posteriormente, los diarios El País y El Mundo dieron a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón revelando que López Viejo sugería a Francisco Correa fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo,57 lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional.58 De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".59
No obstante el apoyo ofrecido a López Viejo meses antes, el 2 de mayo de 2010 Esperanza Aguirre afirmó sobre la corrupción y sobre la implicación de su persona en el caso lo siguiente:
«La corrupción requiere una respuesta política desde el primer momento, como he hecho en la Comunidad de Madrid. Aunque les pese a mis adversarios, en los miles de folios del sumario mi nombre sólo aparece una vez y es para insultarme y decir que les impedía hacer sus negocios»
Esperanza Aguirre60
El que era por entonces tesorero nacional del PP y senador por Cantabria desde 2004, Luis Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado nacional por Segovia Jesús Merino Delgado, fueron imputados por su vinculación a la trama Gürtel. A Bárcenas se le relacionaba además en el caso de espionaje a miembros del PP en Madrid.61 62 63 El 19 de abril de 2010, Bárcenas y Merino abandonaron sus actas de senador y diputado nacional, respectivamente, rechazando además que su defensa procesal la siguiera costeando su partido. La causa contra Bárcenas y Galeote fue archivada el 1 de septiembre de 2011, y la causa contra Merino el día 2
Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey.64 Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartó de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.
En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicó que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.65
El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.66
El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220.000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30.000 euros.67
El 6 de octubre de 2009, el TSJM levanta el secreto de sumario sobre 17.000 folios de los casi 60.000 de los que consta el mismo,68 que se corresponden con la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón. La presidenta de la Comunidad de Madrid expulsa del Grupo Parlamentario Popular de la asamblea regional a los tres diputados autonómicos imputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico.69 Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas. El único en atender esta petición fue el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Los demás, como el ex-alcalde de Boadilla del Monte, o los anteriores diputados autonómicos, fueron apartados del Grupo Popular, mientras retenían su acta correspondiente.
El 22 de febrero de 2010, se publica en los medios de comunicación que la Agencia Tributaria española descubrió algunas comisiones sin declarar de nueve altos cargos del PP, los tres diputados y los cuatro alcaldes que fueron forzados por su partido a dimitir de sus cargos o a abandonar el grupo por estar involucrados en la trama, por un valor de 3,8 millones de euros y, consiguientemente, cometiendo un delito de tipo fiscal.70
[editar]En la Comunidad Valenciana



Pancarta satírica en referencia a la implicación de Francisco Camps en el caso Gürtel, en una manifestación en Valencia.
Según afirmó el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc. Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos.71 Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.
Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.[cita requerida]
Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.72
El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.73
El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.»74 Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano.75 Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.76
El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps.77 La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12.000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.
El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.78
Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado. No obstante, los jueces que formaban el TSJV decidieron por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso,79 conociéndose de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dicha sentencia sería recurrida por la Fiscalía General del Estado, lo cual llevó a los dirigentes del Partido Popular a alzar la voz por la presunta falta de independencia del órgano persecutor.
El 24 de septiembre de 2009, en un nuevo giro del caso, los periódicos El Mundo y El País se hicieron eco de un informe policial que detallaba el funcionamiento de la presunta trama corrupta dentro de la Comunidad Valenciana, explicando el diseño de una doble contabilidad en las empresas involucradas y los arreglos con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el vicepresidente de la Generalidad, Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares.80 Dos días más tarde, El País y la cadena SER darían a conocer diversos pinchazos telefónicos policiales, entre ellos el que registra una conversación del vicesecretario de organización del PP de Valencia, David Serra, con Álvaro Pérez "El Bigotes" el 29 de diciembre de 2008, la cual alude a las operaciones entre el partido y una de las empresas de Pérez, así como al conocimiento que de las mismas tenía el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, pues a decir de Serra "éste ('el presi', como se le denomina a Camps en la charla) lo sabe todo", a lo que "El Bigotes" respondió "Sí, ya lo sé".81
El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, fue destituido «temporalmente» por Francisco Camps en octubre de 2009 tras un tira y afloja entre su proclama de independencia del PP valenciano y las presiones ejercidas desde la cúpula nacional de su partido.82 También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.83
[editar]En Galicia

El ex secretario general de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, fue uno de los imputados84
La Junta de Galicia, presidida por Manuel Fraga autorizó en abril de 2005 la construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker y presidida por Ramón Blanco, citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.[cita requerida]
Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sin actividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.[cita requerida]
Juan Casares, ex diputado del PP en el parlamento gallego, y José Enrique Sotelo, diputado provincial por Pontevedra y líder de los populares en Cangas do Morrazo, fueron acusados de formar parte de la trama,85 por supuestamente tener certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Sotelo fue absuelto en junio de 2010.86 Por otro lado, las empresas de la familia Casares recibieron un total de 19 millones de euros en contratos de la Junta de Galicia entre 2000 y 2005.[cita requerida]
Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009,[cita requerida] más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido.
[editar]Referencias

La Audiencia de Granada ha condenado a siete años de inhabilitación al ex diputado del PP José Luis del Ojo por un delito de prevaricación. El fallo considera que durante su etapa como concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada), Del Ojo adjudicó varias obras municipales prescindiendo del procedimiento administrativo correspondiente y siendo "perfecto conocedor de la ilegalidad que estaba cometiendo".

La condena le impide desempeñar el cargo de concejal o alcalde y además le obliga a pagar la mitad de las costas procesales del juicio. La sentencia, que va a ser recurrida por el ex diputado a las Cortes, considera probado que Del Ojo, como alcalde en funciones, contrató "verbalmente" en 2003 varias obras en el Ayuntamiento y en algunas calles a la empresa Promociones y Construcciones García Mejías S. L.

Con la finalidad de que los contratos tuviesen la condición de "menores" -al no superar la cuantía de 30.020,61 euros, según consta en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- se fraccionó la documentación relativa a esas obras de mejora y adecuación de las calles y del Consistorio. Y se concertó verbalmente con ausencia total del procedimiento, sin informe de Secretaría del Ayuntamiento, del Servicio de Contratación o de Intervención y sin consignación presupuestaria en el momento de las obras.

De esa forma, y tras lograr los informes técnicos necesarios que avalaran el fraccionamiento de las obras, Del Ojo eludió los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación. Y eso aunque en realidad, según consta en la resolución, las obras se correspondían con una sola en la calle y otra en el Ayuntamiento. Además, sostiene el tribunal, tampoco se cumplió con otros requisitos previstos en obras menores, lo que motivó que se emitieran "informes de reparo" del secretario del Ayuntamiento y de la interventora municipal.

Por todo eso la Audiencia considera que Del Ojo, que ya no es ni concejal ni diputado aunque sí miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP, prescindió "total y absolutamente" de todo procedimiento administrativo en la adjudicación de las referidas obras, siendo "perfecto conocedor de la ilegalidad que se estaba cometiendo".

Por el contrario, respecto a las obras de la Casa de la Cultura del municipio, por las que también estaba acusado, el tribunal considera que no ha quedado acreditado que llegara a un compromiso verbal con la empresa adjudicataria, en este caso UCOP. De ahí que lo absuelva del otro delito de prevaricación del que estaba acusado y por cuyo escándalo dejó su responsabilidad en Urbanismo en Ogíjares, donde fue concejal desde 2003 al 16 de octubre de 2006. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo.

www.elpais.es 15.12.10

EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA DEL OJO POR PREVARICACIÓN

El ex diputado del PP adjudicó obras eludiendo las exigencias legales

Después de un largo peregrinar por distintas instancias judiciales, el caso Del Ojo, que atañe al que fuera diputado nacional del PP y ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), José Luis del Ojo, está más cerca de su fin. El fiscal ha solicitado 11 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación. Lo hace tras revocar la Audiencia de Granada el archivo de la causa que decretó el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, tras volver ésta del Tribunal Supremo, al que llegó por su entonces condición de aforado. El PSOE, que fue el que denunció los hechos y ejerce la acusación popular, pide también 10 años de inhabilitación.

La contratación de la Casa de la Cultura se hizo en dos fases para eludir controles

Desde las elecciones municipales de 2003 y hasta octubre de 2006, cuando tuvo que renunciar a su cargo, Del Ojo fue concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde. En julio de 2005, y en su condición de alcalde en funciones, adjudicó varias obras "sin cumplir los requisitos necesarios", entre ellas, las de la Casa de la Cultura.

Tras el archivo de la causa y la reapertura posterior, después de que el fiscal recurriera, sólo se limita el caso a las adjudicaciones de la Casa de la Cultura y las obras del Ayuntamiento y varias calles. En esos procedimientos, Del Ojo adjudicó las obras "sin los requisitos necesarios y sin informes" pertinentes, con lo que eludió así las exigencias de publicidad e imparcialidad en la contratación pública, según el fiscal.

Así, "encargó verbalmente" a la empresa García Mejías las obras del Ayuntamiento, la plaza del pueblo y varias calles. Todas con la condición de "contratos menores"

[inferiores a 30.020 euros] para "obviar los trámites más estrictos de su contratación por cantidad mayor".

Una de las facturas superaba esa cuantía por lo que el acusado "dio las órdenes oportunas a los técnicos municipales para que se modificara ésta y así siguiera estando dentro de la categoría de contrato menor". De 31.292 euros pasó a 26.926.

Del mismo modo, se las arregló para a través de un "procedimiento claramente arbitrario" adjudicar las obras de la Casa de la Cultura a la empresa UCOP, pese a que había otras que concurrían con mejores condiciones. Con su actuación, destaca el fiscal, "conculcó la libre concurrencia y transparencia de la contratación en la Administración pública". Del Ojo adjudicó esta obra de 4,1 millones de euros en dos fases para eludir los controles.

www.elpais.es 01.07.09

EL SUPREMO TRAMITA LA DENUNCIA CONTRA DEL OJO

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia contra el diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, denunciado por la Fiscalía del alto tribunal por presunta prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, y ha nombrado al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez como instructor de la causa.

La Sala Segunda del alto tribunal considera que de la denuncia presentada "se desprende indicios de delito", pero abrirá nuevas diligencias de investigación sobre la actuación de Del Ojo como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). "Se considera de momento insuficiente el material aportado con la denuncia para el juicio de inculpación serio y fundado". Esto retrasará la petición del suplicatorio ante la Congreso de los Diputados por la condición de aforado de De Ojo, y si el PP decide no incluirle en las próximas listas al Congreso, la causa será juzgada finalmente en Granada.

La Fiscalía definió en su informe al diputado como "instigador de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", debido al fraccionamiento de facturas para adjudicar obras a dedo, entre otras irregularidades. El PP reforzó recientemente la condición de aforado de Del Ojo al nombrarlo vicepresidente de la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso. www.elpais.es 22.12.07

LA FISCALÍA DENUNCIA AL DIPUTADO DEL OJO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha denunciado al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, ante el Alto Tribunal. El Ministerio Público ha asumido el decreto emitido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ha presentado la denuncia contra el diputado ante la Sala Segunda del Supremo. Es un paso decisivo en el caso que investiga los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, cometidos por Del Ojo durante su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada).

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que designe un magistrado como instructor de la causa, y le ha instado a que presente un suplicatorio al Congreso para que éste certifique la condición de diputado nacional de Del Ojo, y por tanto de aforado. El pasado lunes se inició de este modo el proceso por el que el magistrado instructor designado recibirá los más de 5.000 folios de la causa, entre diligencias policiales, documentos oficiales, etc.

La Fiscalía definió en su informe al diputado como "instigador de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos". El decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio, Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular en cuatro grandes obras municipales. El PP reforzó recientemente la condición de aforado de Del Ojo al nombrarlo vicepresidente de la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso.Tras la denuncia de la Fiscalía contra Del Ojo, el Tribunal Supremo dirigirá al Congreso el suplicatorio, regulado en los artículos 11-14. El presidente del Congreso, Manuel Marín, presentará entonces el suplicatorio ante la Comisión del Estatuto de los diputados, que tendrá sesenta días para elevarlo ante el pleno del Congreso.

Pero debido a la complejidad del proceso, que podría sufrir ciertos retrasos, la decisión de si el Tribunal Supremo juzga a Del Ojo estaría en manos del PP: Si el Partido Popular decide no incluir a Del Ojo en las listas al Congreso como diputado nacional en las próximas elecciones, el caso judicial regresaría a Granada al perder éste su condición de aforado. Si por el contrario Del Ojo se vuelve a presentar, el suplicatorio seguiría su vía habitual cuando un diputado debe ser juzgado, y el Tribunal Supremo acogería la causa.

La Fiscalía acusa a Del Ojo de graves irregularidades. Entre ellas, ordenar presupuestos duplicados y encomendar la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L., "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público.

(www.elpais.com, 25/10/07)

EL PP 'ASCIENDE' AL DIPUTADO DEL OJO, IMPUTADO POR LA FISCALÍA

El secretario de Organización del PSOE en Granada, Juan Manuel Fernández, censuró ayer que la dirección del PP de Granada "despliegue la inmunidad que le confiere a un diputado nacional del PP su condición de aforado" al nombrarlo vicepresidente de la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso. La Fiscalía emitió recientemente un decreto en el que considera a José Luis del Ojo "sospechoso-imputado" de varios delitos. Para Fernández, el PP está interesado en retrasar la acción de la justicia y el esclarecimiento de "unos hechos irregulares que Del Ojo cometió siendo concejal". "No se entiende cómo el PP otorga este premio a Del Ojo designándolo vicepresidente de la Comisión de Fomento. Han pasado de mantener un silencio cómplice a premiarlo", criticó. www.elpais.com, 26/09/07

EL PP RECHAZA PEDIR A DEL OJO QUE DIMITA COMO DIPUTADO

El Partido Popular de Granada mantendrá de momento a Del Ojo como diputado nacional. La Fiscalía ha pedido que Del Ojo declare como "sospechoso-imputado" ante la Fiscalía del Tribunal Supremo porque ve "indicios fundados" de delito durante su etapa como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo de Ogíjares, pero el PP mantiene la confianza en su inocencia.

La Fiscalía le acusa de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones y le define como "instigador y responsable material de las actuaciones". Pero el partido esperará cauto y ayer alegó que aún desconocía el exhaustivo decreto de la Fiscalía que se hizo público el pasado lunes.

La portavoz del PP en Granada, Eva Martín, descartó con firmeza solicitar al diputado su renuncia. Tras exigir el PSOE su dimisión, Martín puso en práctica la máxima de 'la mejor defensa es un buen ataque': "No vamos a hacer lo que está pidiendo el PSOE, ya que ellos tienen a compañeros imputados por un juez, como el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, o el ex delegado de Medio Ambiente de la Junta, Gerardo Sánchez". La portavoz hizo hincapié en que Del Ojo entregó su acta de concejal el pasado octubre y abandonó sus cargos en el partido, entre ellos el de presidente del comité electoral del PP en Granada. "El PP ha actuado con mucha más contundencia políticamente en éste y otros casos como el de Alhendín", comparó.

Martín restó importancia al decreto de la Fiscalía, lo definió como "un paso más en un procedimiento de estas características". "Ahora falta lo más importante. Le corresponde plantear su defensa y luego se podrá emitir un juicio, porque por ahora sólo se conoce parte del trabajo hecho".

Finalmente, Martín anunció que los servicios jurídicos del PP estudiarán si presentan una querella contra el secretario de Organización del PSOE en Granada, Juan Manuel Fernández, que arremetió contra el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, por haber indicado días antes que contaría con Del Ojo. Fernández definió a Pérez con gruesas palabras: "El presidente del PP sufre una enfermedad cuyos síntomas son mezcla de frivolidad y ligereza, aderezada con corrupción urbanística y manipulación electoral".

www.elpais.com, 12/09/07

LA FISCALÍA DECLARA "SOSPECHOSO" A DEL OJO

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, "sospechoso-imputado" de los delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones por su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). El Ministerio Público define al diputado como "instigador y responsable material de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", por lo que Del Ojo prestará declaración ante la Fiscalía del Tribunal Superior al ser aforado.

Un informe policial señaló la "manipulación en las facturas y certificados de obra"

Del Ojo encomendó verbalmente y fraccionó unas obras para evitar el concurso público

El PSOE exigió ayer la inmediata dimisión del diputado. "No puede estar ni un momento más como representante de los granadinos en el Parlamento nacional", denunció Juan Manuel Fernández, secretario de Organización del PSOE en Granada. La dirección del PP granadino no reaccionó ayer a las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía, mientras que Del Ojo rehusó asimismo valorar su comprometida situación política. El contundente decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio (12.000 habitantes), Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular tras una denuncia inicial del PSOE y meses de investigación, en cuatro obras municipales que afectan a vías públicas, la Casa Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el pabellón deportivo y la piscina cubierta.

- Vías públicas y Ayuntamiento.Del Ojo "encomendó verbalmente" la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L. "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público "con la presunta finalidad de favorecer a dicha constructora", según el fiscal. El escrito define el fraccionamiento como "fraudulento", aclara que los trabajos se realizaron sin licencia de obras, y recuerda que la interventora advirtió en julio de 2006 de las irregularidades. En las vías públicas existe una "falta inicial de procedimiento administrativo, además del fraccionamiento posterior" de las obras, ambos actos ilícitos, según el fiscal. Las obras debían haber sido tramitadas a través del procedimiento correspondiente por su cuantía y no como obras menores, tal y como finalmente se produjo.

- Casa de la Cultura. En la reforma de la Casa de la Cultura se indica que se cometieron diversas "irregularidades" en el presupuesto de las obras para asegurarse de que éstas fueran adjudicadas a la empresa UCOP. Del Ojo adquirió un "compromiso verbal" con la empresa y al ser advertido, dijo que se las "arreglaría" para que un técnico le hiciese un informe favorable.

El primer concurso de las obras se adjudicó en 2002 a UCOP por valor de 1,06 millones; en abril de 2005 se le vuelve a adjudicar a dicha constructora por 606.000 euros, pero posteriormente la Junta de Gobierno Local distingue entre una "primera fase" y otra segunda por importe de 3,5 millones. "Esta situación, lejos de ser un error, fue un subterfugio para conseguir la situación de única licitadora", denuncia el decreto. Las irregularidades detectadas buscaban justificar el pago de 4,1 millones a UCOP, pese a existir finalmente ofertas más ventajosas.

- Pabellón deportivo.En las obras del pabellón municipal se cometieron supuestamente 21 irregularidades, entre las que destaca la elaboración de "un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía". Del Ojo permitió un exceso en la contratación de forma verbal con la empresa García Mejías S. L. de 1,08 millones de euros. Una concejal declaró ante la Fiscalía que fue "presionada" para que diera el visto bueno al proyecto "legalizando el exceso, por lo que surgieron entonces las desavenencias".

- Piscina cubierta. El fiscal denuncia que en las obras de la piscina cubierta existen hasta tres presupuestos distintos y un anexo de ampliación. El primero de 1,7 millones, el segundo de 830.000 euros, y un tercero no visado de 2,5 millones, al cual se le dio "apariencia de legalidad ante el escándalo montado". El fraccionamiento del concurso "carece de motivación, es ilegal y tiene como presunta finalidad favorecer a una empresa, García Mejías, que no ofreció el mejor precio". El anexo de ampliación de obras no fue siquiera sacado a concurso. Además, un informe policial censuró "la manipulación en las facturas y certificados de obra".

www.elpais.es 12.11.07

EL PP MANTIENE EN SU PUESTO AL POLÍTICO, IMPUTADO POR LA FISCALÍA ANDALUZA

José Luis del Ojo, diputado nacional del PP, sospechoso de fraude y prevaricación

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha concluido en un informe con que el ex concejal de Urbanismo del pueblo granadino de Los Ogíjares y diputado nacional del PP, José Luis del Ojo, es sospechoso por la comisión de irregularidades en distintas operaciones urbanísticas. Entre los imputados se encuentra también el alcalde del municipio granadino, su ex compañero en el consistorio, el popular Francisco Plata, que fuera expulsado del PP provincial por pedir que se investigara este asunto "caiga quien caiga". Un PP granadino que no sólo reaccionó expulsando a Plata por pedir que se investigara, sino que no retirará de su cargo de diputado nacional a Del Ojo.El auto emitido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desvela un elevado número de irregularidades cometidas por el que fuera concejal de Urbanismo del pueblo granadino de Los Ogíjares, el también diputado nacional del PP, José Luis del Ojo. En estas operaciones, sospechosas de fraude y prevaricación, estaría también implicado el alcalde de dicha localidad, así como otros miembros de la corporación local. Este hecho, que no es nuevo, pues estuvo a punto de provocar una convulsión en el PP provincial, forzó en el pasado la dimisión como concejal de Del Ojo, así como la expulsión del partido del alcalde de Los Ogíjares, Francisco Plata, que pidió que se investigara "caiga quien caiga". Sin embargo, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha sostenido en declaraciones a EFE que mantendrá al ex concejal de Urbanismo de Ogíjares como diputado nacional, hasta que la dirección nacional del partido tome una decisión definitiva, que podría prolongarse en el tiempo hasta la próxima legislatura.

Empresas privadas privilegiadas
El auto del Tribunal detalla las distintas obras municipales encargadas por el ayuntamiento granadino de Los Ogíjares susceptibles de ser materia de delito urbanístico. Lo que se desprende del documento es el hecho de que el consistorio, conducido para estas operaciones por José Luis del Ojo, privilegió a algunas empresas por delante de otras a la hora de la adjudicación de las obras, incurriendo, por tanto, en un claro delito de prevaricación. Para la concesión de estos privilegios, José Luis del Ojo habría recurrido a todo tipo de tácticas con el objeto de burlar la legislación.

Artimañas varias
Contratos no escritos, acuerdos exclusivamente verbales… Todo ha parecido valer para Del Ojo, denunciado por su propio ex compañero en el consistorio, el alcalde popular Francisco Plata. Un Del Ojo dispuesto también a hacer lo posible para inflar los presupuestos de las distintas obras de infraestructuras en la localidad granadina, creando partidas para poder cobrar, además, una subvención por parte de la Junta de Andalucía. Toda una cadena de operaciones de las que el diputado nacional ha sido un sobresaliente protagonista, mostrando una polivalencia e interés propios de todo un hombre de negocios.

Prevaricación y fraude
El auto, en efecto, concluye con que el ex edil granadino y todavía diputado en el Parlamento nacional podría haber incurrido en numerosos delitos de prevaricación y fraude de subvención a la Junta de Andalucía. Unas faltas que también se extienden al alcalde del municipio, Francisco Plata, así como a otros integrantes del equipo de Gobierno local, que mantienen la condición de imputados.


www.elplural.com 11.09.07
EL PP RESPALDA AL DIPUTADO DE GRANADA INVESTIGADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El Partido Popular no tiene intención de pedirle al ex edil de Urbanismo de Ogíjares (Granada), José Luis del Ojo, que renuncie al acta de diputado en el Congreso, según insistieron ayer los dirigentes provinciales del partido. La lectura que hace el PP del decreto emitido el pasado martes por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es que "no cambia nada" y, que por tanto, sobre Del Ojo sólo pesan las denuncias interpuestas por el PSOE y por la ex interventora municipal por supuestas irregularidades en su gestión urbanística.

Según fuentes de la dirección provincial, hasta que no haya un pronunciamiento judicial que impute al diputado, "no hay por qué" plantear su salida del grupo parlamentario. El decreto del fiscal del TSJA, según el PP, sólo responde a otro emitido el 20 de diciembre en el que se pedía a Del Ojo que dijera si quería ampararse en su condición de aforado para que el caso se remitiera al Tribunal Supremo o si prefería que la investigación la llevase el alto tribunal andaluz. El diputado ha pedido declarar ante el Supremo, y el TSJA emitió el martes un escrito para ordenar la remisión de las diligencias a Madrid. Según los populares, el decreto del fiscal andaluz sólo implica que Del Ojo y el alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, investigado por las mismas causas, declararán ante el Supremo.

Sin embargo, en su escrito, el TSJA deja claro que tenía potestad para archivar el caso y que no lo ha hecho porque considera a Del Ojo "sospechoso" de tres conductas "presuntamente delictivas": el fraccionamiento del pago de unas obras y un posible "trato de favor" para la empresa contratada; irregularidades en la contratación de la Casa de la Cultura; e irregularidades cometidas sobre la interventora municipal. "Todas" estas actuaciones, según el fiscal, "podrían constituir alguna forma de prevaricación administrativa de los artículos 404 y siguientes del Código Penal".

Los socialistas volvieron ayer a pedirle al PP que exija a Del Ojo la entrega de su acta de diputado. Para el secretario de Organización del PSOE granadino, Juan Manuel Fernández, Del Ojo "está utilizando" su condición de aforado "para protegerse de unos hechos que ha cometido como concejal de Urbanismo", lo que, según el dirigente socialista, constituye "una inmoralidad". www.elpais.es 26.01.07

EL ALTO TRIBUNAL ANDALUZ REMITE AL SUPREMO EL CASO DE UN EX CONCEJAL DEL PP DE GRANADA

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) remitió ayer al Tribunal Supremo la investigación contra el que fuera edil de Urbanismo en la localidad granadina de Ogíjares (12.000 habitantes) y diputado del PP en el Congreso, José Luis del Ojo, por presuntas irregularidades en su gestión. La fiscalía le investiga por la presunta contratación irregular de obras municipales, cuando era concejal, por un importe superior a 300.000 euros, una partida que fue fraccionada en facturas inferiores a 30.000 euros para poder evitar así los controles a los que deben someterse las obras de mayor importe. También se le investiga por supuestas irregularidades en la adjudicación de unas obras.

La fiscalía del alto tribunal andaluz envía la investigación al Supremo al tratarse de una persona aforada por su condición de parlamentario. El escrito del fiscal incluye igualmente al alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, también del PP. La fiscalía ve indicios de prevaricación en estas actuaciones.

Del Ojo dimitió en octubre de 2006 como concejal de Urbanismo de Ogíjares tras conocerse los primeros datos de la irregularidad. El pasado 8 de enero fue destituido como presidente del Comité Electoral del PP en Granada al trascender que había adjudicado la construcción de un pabellón municipal por un millón de euros más de lo aprobado en el pleno del Consistorio. Desde la dirección provincial del PP se defiende que, como todos los asuntos por los que está siendo investigado Del Ojo se circunscriben a política local, no es necesario que dimita de su cargo como diputado.

La fiscalía investiga a Del Ojo en otro caso por el cambio de uso supuestamente irregular de un suelo que debía destinarse a actividades económicas y en el que se están construyendo viviendas. Además, una concejal no adscrita denunció en diciembre ante la fiscalía una supuesta compra de votos en Ogíjares. La edil, Florinda Blanco, ex socia de gobierno, denunció que un edil que no forma parte del gobierno local recibe 30.000 euros al año "por levantar la mano cada dos meses, que es cuando se celebran los plenos".

www.elpais.es 25.01.07

Pero que ladrones llegáis a ser que hasta aquí en Granada habéis tenido casos sonados.

Pregunto, aunque no seré respondido ¿quién roba más, los del PSOE o los del PP?

Si alguien se digna a contestar se lo agradezco.

Muchas gracias

Fuerza y honor

Para mi los 2 sin duda, porque cada uno tiene su caso y ya nose a cual peor, pero respondiendo bien a tu pregunta, para mi creo que ha sido ya no aquí en Armilla, sino en casi España entera, más el P$O€. Aunque sigo diciendo que el PP también tiene bastante tela.

1 Saludo!

El 'New York Times': "Procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia"

La verdad a juicio en España. Así se titula el editorial que el prestigioso diario estadounidense The New York Times publica hoy en defensa del juez Baltasar Garzón. "España es ahora una democracia viva, pero el juicio contra Baltasar Garzón iniciado la pasada semana [el de la memoria histórica] es un preocupante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco", asegura la cabecera para quien el juez estaba amparado por el derecho internacional cuando estableció que ante crímenes contra la humanidad no podían aplicarse leyes de amnistía. "Miles de fosas siguen cerradas", recuerda el diario.

Para The New York Times, el Tribunal Supremo "nunca debió haber aceptado este caso", abierto, recuerdan, tras la denuncia de "dos grupos de extrema derecha".

El diario llama también la atención sobre el hecho de que en España, "donde los procesos contra magistrados son poco frecuentes", un solo juez tenga tres causas abiertas, lo que "podría frenar la independencia judicial".

"El juez Garzón se hizo famoso por sus procesos contra los terroristas vascos, torturadores argentinos, el dictador chileno Augusto Pinochet y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven la oportunidad de terminar con su carrera. El juez Garzón es a veces innegablemente ambicioso, pero procesarle por excavar en los crímenes de la era franquista es una ofensa a la justicia y a la historia. El Tribunal Supremo debe absolverle", concluye el periódico


ENLACE:

https://olitica.elpais.com/politica/2012/02/05/actualidad/1328451036_306475.html

1 Saludo!

lo que publique tal panfleto, tiene la misma credibilidad que los que infundís tales soflamas... Las mismas que montaron con el espionaje en Madrid o la persecución a Marta Domínguez con el dopaje o el show con un sastrecillo corrupto y los trajes de Camps. Así es que las soflamas que vomite por tal juez o lo que les vaya surgiendo, simplemente son infundios panfletarios.

Se sabe, que lo de Garzón es un ataque de las capas más reaccionarias de la derecha por haber sido el juez que ha destapado casos de corrupción en el Pp, y además del yerno del rey.

Por haber descubierto que también en el Pp se estaba haciendo tramas para robar mucho a los ciudadanos.

Yo creo que no, Lajusticia. Creo que es un ataque de las capas mas obsoletas de la izquierda y concretamente del PSOE, por haber sido el juez que destapó el GAL y "enchironó" a un montón de políticos socialistas por hacer terrorismo de Estado. Y es que desde el PSOE no le perdonan que por no darle el Ministerio de Justicia preparase la que preparó!

Deja de decir payasadas, que te estás retratando!

A Garzón se le juzga porque, presuntamente, ha delinquido. Un juez no puede pedir financiación para realizar unos cursos, de los que el va a cobrar, a un encausado suyo. Ni puede ni debe. Por eso se le juzga.

Un juez, no puede escuchar las conversaciones entre un detenido y su abogado, precisamente para preservar la presunción de inocencia. El lo hizo, y por eso se le juzga.

Un juez no puede juzgar algo que ha prescrito y ha sido amnistiado mediante una ley en 1.977. Garzón lo sabía y, sin embargo, decidió meterse en el "charco". Por eso se le juzga.

A Garzón se le juzga, porque cualquier español está sometido a las leyes, aunque sea juez y socialista!

Por eso se le juzga!

Si, eso demuestra lo contradictorio que eres con el juez; tu mismo dices que fue imparcial; pero a la hora de decir que el ataque que está recibiendo el juez es debido a que ha destapado casos del Pp, te callas.

Que no te enteras! Que no hay tal ataque! Que se trata de Justicia!

Garzón ha delinquido y por eso se le sienta en el banquillo. Y por eso se le juzga.

Porque se ha saltado el principio básico del Derecho que es la presunción de inocencia, cuando graba conversaciones entre los detenidos y sus abogados.

Porque prevarica cuando emprende acciones contra algo que ha prescrito y ha sido amnistiado.

Porque utiliza su posición de superioridad de Juez cuando pide financiación a alguien que el mismo va a juzgar.

Por eso se le juzga. Por ser un delicuente. No por ser socialista.

Ser socialista no es un delito. Es una opción y un error! Pero no es delito!

Claro, cuando entró en los tiempos de Gonzalez denunciando algunos casos dentro del partido en esos momentos gustaba a los del Pp

Ha empezado a no gustar cuando ha sacado a un montón de ladrones del Pp.

Que no se trata de que guste o no guste al PP. De lo que se trata es de que lo que haga sea conforme a la ley. Y por lo visto, en estas tres actuaciones del superjuez, hay indicios de ilegalidad, además de inmoralidad y falta de ética!

Lo inmoral es que lo juzguen para anular las pruebas que comprometen a los acusados.

Ilegal es blanquear dinero para no pagar impuestos e incluso no conocer su procedencia, a saber de dónde viene y a donde va ese dinero.

Esta gente que va a saber de moralidad cuando amparan a los que roban por el hecho de que estos están en el mismo partido que ellos.

No, Lajusticia, la moralidad la vais a tener vosotros que amparais al delincuente por el mero hecho de haber pertenecido a la cúpula del PSOE.

La moralidad vendrá de donde venga, pero desde luego no será desde el PSOE donde nos den clase de ética y moralidad. Un partido con unos gobernantes que crearon la mayor banda terrorista apoyada y financiada por el Estado, los GAL, poco pueden presumir de ética y moral.

Un partido cuyos gobernantes andaluces han permitido ERES fraudulentos en los que se ha dilapidado el dinero destinado a los parados reales para abonar liquidaciones millonarias a políticos socialistas que nada tenían que ver con los ERES.

Un partido cuyo máximo crítico con la corrupción (Pepiño Blanco) se pasea por las gasolineras gallegas con el coche oficial, recogiendo maletines de empresarios amiguetes suyos, pocas clases de moral puede dar.

Un partido que fue el primero en despotricar contra Garzón cuando instruyó el caso GAL y que ahora, con el paso del tiempo y de los intereses, no tiene el mayor inconveniente en defender las actuaciones de Garzón, aunque ello implique saltarse la presunción de inocencia de un ciudadano español, pocas clases de ética y derecho puede dar.

Eso es parte de lo que conocemos del PSOE, por ahora. A partir del 25 de Marzo volveremos a sorprendernos de lo que han hecho con Andalucía estos "pseudosocialistas" con el único fin del beneficio propio.

No, hombre, vosotros estáis amparando la corrupción atacando, incluso, a las fuerzas de seguridad y al estado de derecho cuando os crecen los enanos ladrones.

Madrid fue una comunidad como exponente de hacer corrupción, otra forma de corrupción; ¿quién no recuerda como accedió la señor Aguirre el poder?
Comprando diputados de otro partido para que votaran en contra del presidente elegido en las urnas.
¿Estuvo de acuerdo Esperanza de no subir al poder porque había habido algo irregular?, claro que no, porque detrás de esa maniobra estaba el que ella quitara el poder al legitimo que había salido de las urnas.

Si tu pones como ejemplo Andalucía de los erre, algo ominoso y no defendible, yo te puedo poner como ejemplo el gran caso que ha llevado a muchos del Pp a la cárcel.

Hay una diferencia clara, los casos de corrupción los ampara la alta dirección del Pp atacando al estado de derecho. Los casos de otros partidos son llevados a la justicia y esta no es criticada por nadie.

Entonces, la diferencia está clara, en el Pp hay también ladrones pero con la diferencia que son defendidos por la dirección del partido que hace que sea igual de culpable que los mismos que cometen esos casos de corrupción.

Han separado a Pepiño Blanco de la directiva del PSOE?

Pues hay indicios, bastante más claros que los de Camps. de que se dejó sobornar en una gasolinero por el empresario lucense Dorribo.

Y no es eso amparar a un delincuente?

Ha salido algún dirigente del psoe atacando al poder judicial?

Ha salido la dirección del partido atacando a los que han investigado pepiño?

Con que agarre los del Pp defienden a sus ladrones, da miedo, son capaces hasta de cargarse al estado de derecho; o peor todavía, perseguir al mismo juez que destapó las tramas hasta la sepultura.

El que si le ha echado una meada al estado de derecho, ha sido Garzón, ese Juez al que tu defiendes, que se pasa la presunción de inocencia y el derecho de un detenido a planificar su defensa junto con su abogado sin ser grabados.

Lo que os ocurre a los izquierdosos, es que todo lo que os suene a la época franquista "os pone". No dejais de remover el pasado, porque hasta no hace mucho, esto os generaba una gran cantidad de votos.

Pero, la sociedad española ha evolucionado. Y no quiere vuestras milongas. No quiere seguir tragandose vuestras mentiras. Porque os convertis en los defensores del trabajador y de la clase obrera hasta que alcanzais el puesto político que os permite salir catapultados para convertiros en los mas socialistas más fachas que jamás se hayan conocido. Y no hablo de casos puntuales. Hablo de lo que, generalmente, pasa en el PSOE de España.

Y por qué no iba a defender al juez Garzón; yo lo defiendo por lo mismo que los del Pp no lo quieren.

Porque ha mirado debajo de las alfombras de sus sedes y ha encontrado más que mierda.

No se trata de querer al Juez Garzón o no. Tampoco se trata de que te caiga bien o no; y mucho menos de si ha hecho daño a un partido o a otro.

Lo que se está enjuiciando son unas determinadas actuaciones, que son ilegales. Y da igual que sea el Juez Garzon, el Juez Pedreira, el Doctor Del Amo, o el arquitecto Campo Baeza los que hayan cometido un delito. Si lo han cometido tienen que ser juzgados. El hecho de haber sido eficientes en sus trabajos anteriores no constituye ninguna eximente. Alguien es honrado hasta que deja de serlo.

De todas formas, la justicia está ahí. Dejémosla actuar y que sea quien nos aclare qué es lo que ocurrió.

Claro que a vosotros los socialistas os parece estupendo encarcelar a Camps, por recibir 4 trajes, pero pensais que alguien que se salta el primer principio del derecho con unos detenidos tiene que ser condecorado porque es socialista!

Pero a esta altura te piensas que lo de Camps es solo los trajes?

He dicho en el foro alguna vez algo a favor de algún político sospechoso de haber delinquido?

Nunca he puesto en duda al estado de derecho ni a las fuerzas de seguridad por el hecho de estar enjuiciando a alguien; habré puesto en cuestión lo que se decida en contra de alguien por un hecho ideológico más que judicial.

Los que han puesto en duda el estado de derecho ha sido el Pp no los izquierdosos como dices tu. Empezaron a dudar cuando se empezó a sacar ladrones de sus sedes.

Si, en todos los partidos hay gente que ha delinquido de todas las formas, el caso de pepiño; ladrones tenemos hasta en la casa real. Pero un partido político que está teniendo gente delictiva y que los ampare incluso atacando a las fuerzas de seguridad y al estado derecho, es un partido que no merece llevar las riendas de ese estado a que ataca.

Ha preferido más atacar al estado de derecho por el hecho de amparar a sus ladrones; y lo de Camps no queda en los trajes, la trama llega hasta el yerno del Rey, jefe del estado.

Te recuerdo que tu eras de los que pedía la cabeza del corrupto de camps, y celebrado el juicio ha salido "no culpable".

Como quiera que aunque algo ignorante te considero honesto, estoy esperando a que reconozcas que fuiste un "bocas" cuando acusaste a alguien que ha sido absuelto por la justicia que tanto respetas!

VCR, no te lo crees ni tu, ni el 98 por ciento de la gente de España, solo que en el 2 por ciento estará alguno del jurado que lo ha dejado libre.

Ni se lo creyó Rajoy en su momento o la mayoría del cúpula del Pp.

Hubo un caso de sobornos pero que lo ha dejado libre no un juez, ni la justicia, ni las pruebas.

En Estados Unidos no dejarían que un político fuera enjuiciado por un jurado popular por si se cuela algún simpatizante favorecido.

¿Si tu hubieras sido parte de ese jurado no lo hubieras dejado libre?

Justicita te dejo la Declaración de apoyo al Superjuez que tanto adoras, igual que a los Suciatas que estás dispuesto a ser su escudo. Antes de que os pongáis, tú, Gonçalo, Armillita, Rondín y demás bufones, a maltratar contenedores, mobiliario urbano... en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, como fieles Indignados, firmar tal declaración de apoyo:

Declaración solemne de apoyo a Garzón

Yo, [PONER AQUÍ EL NOMBRE], ciudadano español, mayor de edad y con DNI [PONER AQUÍ DNI], comparezco ante notario y manifiesto:

1) Mi absoluta indignación por la condena de 11 años de inhabilitación que el Tribunal Supremo ha impuesto al juez Baltasar Garzón, por haber grabado las conversaciones entre abogados e imputados en el curso de la instrucción del caso Gurtel.

2) Aunque haya quien diga que la confidencialidad de las conversaciones abogado-cliente resulta imprescindible para garantizar el derecho de defensa; aunque las leyes establezcan que esa confidencialidad solo puede violentarse en casos muy extremos (como por ejemplo en delitos de terrorismo) y aunque haya quien sostenga que el estado de derecho no puede subsistir si se viola arbitrariamente el derecho de defensa... YO CREO que D. Baltasar Garzón actuó correctamente, porque lo lógico es que el juez intervenga cuando le venga en gana las conversaciones que quiera, aunque la ley diga lo contrario.

3) Por tanto, y como muestra de coherencia, si en el futuro alguien me acusara de cometer algún delito, AUTORIZO EXPRESAMENTE a cualquier juez a grabar las conversaciones que yo mantenga con mis abogados, diga lo que diga la ley vigente.

En [PONER AQUÍ LA CIUDAD], a [DIA] de [MES] de 2012.

Firmado [FIRMAR AQUI]

Hala, muchachotes, los que estáis criticando la condena de Garzón: a firmar la declaración renunciando a vuestros derechos. Mientras no lo hagáis (es decir, mientras sigáis conservando intactos esos derechos que os parece muy bien que Garzón vulnere cuando se trata de otras personas), no nos deis la plasta, por favor.

Incoherencias, las justas.

Te piensas que la personalidad del juez ha quedado enterrada?. La sentencia esa ha quitado al magistrado pero no ha hecho más que reavivar la figura de Garzón dentro y fuera de las fronteras de España.

Por qué se están levantando tantas voces a favor del magistrado?

Por la misma razón de que haya gente en contra.

Así que el caso es, o se está a favor de una persona que ha perseguido tanto la corrupción o se está en contra.

A mi no me gusta la corrupción... Hace más daño a España.

Este chorizo de juez por cierto de izquierdas,solo ha perseguido la corrupcion que le ha interesado,osea la de la derecha,pero no ha perseguido la corrupcion de la izquierda,porque esta no le daba de comer ni los placeres economicos que le dio el psoe.
Este juez se ha pasado por el forro de los cataplines,las leyes y la constitucion española.

Trolobello Que tienes las cabras en frente del cuartel, ve y las recoges que te van a multar. Anda majo .

Locobello, quien fue el Juez del caso GAL? El GAL quien lo hizo?

Para lo que nos conviene algunos jueces son muy buenos, pero cuando tocan cosas "intocables", de cabeza a por el.

Saludos intocables

El mismo juez que tuvo guardado el caso y empuró a policías por su convenencia. Como místerX no le concedió el superMinisterio que le prometió cuando le puso de 2º por Madrid, pues el juez se emberrichinó, sacó los papeles del cajón y aireó las vergüenzas del GAL, eso si, cuidándose de quien había o no que empurar.

josemartinarmilla, el problema con Garzón es que ha sido ángel y demonio por barrios. Hoy mismo, muchos del PSOE están brindando con champán (Felipe González, Barrionuevo,... vamos, los del GAL). Como unas veces ha sido bueno para unos y luego lo ha sido para otros este hombre cazador con Bermejo en Jaén pensaba que "Él era la justicia" al estilo Charles Bronson . Tanto ha viajado por el mundo que se contaminó del derecho consuetudinario norteamericano y británico, dónde la ley se hace en cada sentencia y se reinventa a cada momento. Aquí, la ley está escrita y hay que aplicarla tal y cómo está (el caso MArta del CAstillo es un ejemplo de la aplicación de la ley a pesar de que no guste) y él pensaba que con él no iba: "Soy Gazón, el juez estrella... ¿Quién se va a atrever a tocarme?".
La sentencia, nos puede gustar más o menos, pero es contundente y clara: este señor quería reconstruir el estado de derecho a partir de las necesidades de un sumario y, hoy por hoy, eso no está permitido. Además si lo hace sabiendo que está mal eso es prevaricación y, con ello, te quedas incapacitado para ejercer la función pública.

El que quiera que lo entienda y el que no que acepte renunciar a sus derechos de defensa ante un procedimietno judicial.

Fuerza y honor

No, Respuestasadudas, el problema del juez Garzon ha sido en investigar los casos de corrupción del PP. Ya no estamos enterando quien son la banda de Capone y su jefe.