Armilla - Granada

El estado del derecho se está desmoronando con la mano del adalid de la derecha Gallardón.

Ya no se da justicia, sino se ofrece un producto justicia no asequible para todos los bolsillos, y menos en los tiempos que corren.

El caso más justo no será para aquel que tenga más razón sino más dinero en el bolsillo.

Equidad, no, sino poderoso caballero es don dinero.

La señora justicia pasará sin mirarnos o indiferente si nos ve pobres; nos mirará de arriba a abajo si, deber de venir en un lamborghini, no apeamos de un ford con diez años de antigüedad y las ruedas lisas. Deber de equilibrar los platos de la balanza para la causa más justa será para el que eche más monedas.

Ay de aquel que se vea en un litigio y no le sobren los euros en el bolsillo sino las telarañas.

Los señores del Pp no querían llegar al poder para solucionarnos los problemas sino para hacernos más difícil la vida.

¿Quieren ustedes ante tal panorama que yo tenga simpatía por un partido que trata de ponernos la vida más difícil a todos?

¿Alguien se cree que todo esto es para el bien del ciudadano?

¿Hasta donde se piensa llegar mientras estemos berreando como borregos?

PERO QUE MAL ESTA ESTE HOMBRE !MADRE MIA! PERO QUE MAL.QUE GILIPHOYECES JAJAJAJAJAJAJAJAJJJJAAA

■La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de "insulto a las víctimas de la dictadura y a la democracia" la decisión.
■Según el colectivo, fue uno de los "militares sublevados que hicieron de la violencia y el terror contra la población civil una generalizada arma de guerra".
■Argumentan que Gallardón y el PP practican un ejercicio de "doble moral" al exigir condenas de la violencia y a la vez "dar honores" a alguien que participó de ella.
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EFE. 31.07.2012 - 17.00h
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha criticado este martes que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya renovado el título de marqués de Queipo de Llano al nieto del general golpista Gonzalo Queipo de Llano.

La orden del ministro, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de julio, manda expedir "previo pago del impuesto correspondiente y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Queipo de Llano, a favor de don Gonzalo Queipo de Llano Mencos, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo Queipo de Llano Martí".

"Un Gobierno democrático no puede colaborar en reconocer públicamente a quien causó tanto daño"Para dicha asociación, Ruiz-Gallardón reconoce al general Queipo de Llano al renovar el título nobiliario a su nieto, según denuncia en un comunicado.

Tras señalar que Gonzalo Queipo de Llano fue "uno de los militares sublevados que hicieron de la violencia y el terror contra la población civil una generalizada arma de guerra", destaca que en sus locuciones radiofónicas en Radio Sevilla alentaba a las fuerzas sublevadas a cometer "terribles violaciones de derechos humanos".

"Resulta un insulto a las víctimas de la dictadura y a la democracia que se otorgue desde el Estado ese reconocimiento a quien truncó la libertad de nuestra sociedad para elegir a sus representantes y lo hizo utilizando una despiadada violencia para conquistar el poder", afirma la asociación.

Sostiene también que un ministro de un Gobierno democrático "no puede colaborar en el reconocimiento público e institucional a alguien que causó tanto daño a nuestra sociedad" y recuerda que el PP en sus estatutos dice ser un "partido solidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo".

La asociación argumenta que Alberto Ruiz-Gallardón y el PP practican un ejercicio de "doble moral" al exigir condenas de la violencia y al mismo tiempo "dar honores a uno de los participantes en la mayor operación de uso de la violencia que ha existido en nuestra historia

justicia
Gallardón desoye las críticas a la subida de las tasas judiciales
COLPISA. (MADRID) .23/11/2012 a las 06:01 .3
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Noticias: El presidente del TSJN pide no aplicar tasas en violencia machista ..

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.. EFE El ministro de Justicia no piensa dar un paso atrás. Comenzará a cobrar tasas a los ciudadanos que quieran iniciar pleitos y recurrir fallos ante los tribunales y aguantará las crecientes críticas y presiones que recibe de múltiples colectivos políticos, jurídicos y sociales para que derogue la ley que entró este jueves en vigor.

Alberto Ruiz-Gallardón es consciente de que el Gobierno y el PP están solos en la defensa de las tasas judiciales, y de que tienen enfrente a todos los representantes de los operadores jurídicos, a la oposición política al completo, a la mayoría del Poder Judicial, y a numerosas asociaciones de consumidores y ciudadanos, así como a una parte notable de la opinión pública. Es igual. El ministro no solo está totalmente convencido de que, como en su día resolverá el Tribunal Constitucional, la razón está de su parte sino que, además, este jueves acusó al grueso de los críticos con la reforma de tener «una actitud conservadora» y de no responder más que a intereses corporativistas.


Gallardón aprovechó su participación en un acto en la Casa Sefarad de Madrid para pasar al contraataque y avisar de que acepta todos los retos. En el primer día de vigencia de la ley, que no podrá ser aplicada hasta que Hacienda diseñe un formulario para el cobro del canon, descartó renunciar a las tasas y, con ironía, aseguró comprender que «haya gente que quiera mantener el antiguo régimen» en los tribunales, pero que, «nosotros, no estamos dispuestos a tener esa actitud conservadora».

En un tono muy similar al del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien tachó a los críticos con el canon de «inmovilistas», el ministro advirtió de que no solo no hay marcha a atrás en el cobro de tasas sino que es «el primer paso dentro del cambio absoluto que vamos a hacer en la administración de justicia».


«Estamos saliendo ahora de un largo letargo que ha durado demasiadas décadas de conformismo y resignación», reprochó a los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores que le acusan de imponer una Justicia para ricos y otra para pobres. No se quedó ahí y dio otro puyazo: «Con todo el respeto para los colectivos afectados, recuerdo que el Gobierno para quien trabaja es para el interés de todos los ciudadanos».


Gallardón no tiene dudas de que el cobro a los ciudadanos por pleitear en los juzgados es justo y no vulnera derecho constitucional alguno y también está convencido de que reducirá la litigiosidad abusiva para que «los jueces resuelvan aquellos conflictos que de verdad tienen que ser resueltos». Insistió en que este dinero, unos 300 millones al año, servirán para mejorar la asistencia jurídica gratuita para las rentas más bajas y, para relativizar las críticas, dijo que las tasas judiciales españolas serán las más baratas de Europa.


Feijóo, en contra


La seguridad que pareció transmitir el titular de Justicia en la comparecencia pública se sustenta en su convencimiento en la bondad de la reforma y también en el respaldo de la mayoría absoluta de su partido, que este jueves mismo reiteró el ministro de Asuntos Exteriores, también presente en el acto. Sin embargo, en el propio partido gubernamental han surgido voces críticas con las tasas y algunas muy relevantes como la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El gobernante gallego pidió al ministro que reconsidere algunos puntos de la reforma para que «algunas tasas no tuvieran el incremento que se plantea». «Debería reconsiderarse su importe, volumen y cuantía, y también se podrá reflexionar sobre su la proporcionalidad», añadió tras decir que no era solo su opinión sino la del Gobierno gallego.



La cuota de críticas públicas internas la completó Juan Carlos Castro, un concejal popular gallego y abogado, que afirmó que cree que las tasas son «inconstitucionales», reclamó la retirada de la ley y pidió a la Defensora del Pueblo que impugne la norma, cosa que Soledad Becerril medita a petición de muchos partidos y colectivos.


Fuentes del Ministerio de Justicia y del PP admitieron que la ley no ha podido comenzar a aplicarse este jueves, como sería lo normal, por las prisas que su grupo político se dio en la aprobación parlamentaria, realizada por procedimiento de urgencia para llegar a tiempo con la retirada de la paga de Navidad de este año a los funcionarios, medida que va encastrada en la disposición final cuarta de la norma. La medida tenía que estar aprobada antes del 5 de diciembre, que es el día del cierre de las nóminas públicas.


Las prisas cogieron a contrapié a Hacienda, que es quien tiene que dictar la orden que creará el formulario de pago de tasas y regulará el proceso. El efecto es que los nuevos cánones judiciales quedan suspendidos hasta que en tres o cuatro semanas haya impreso.

Que bien se te da el cortar y pegar. Claro, será que se te han acabado las ideas y tienes que coger las de otros. Yo, para eso, me quedo callado.

Entonces me parezco a las políticas del Pp con eso de re-cortar y pegar, estar pegando a los que protestan.

Para precisar mejor, he querido decir re-cortar y re-pegar o volver a altar a la gente de palos en el caso de que protesten.

Los Colegios de Abogados canarios acuerdan declarar a Gallardón "persona non grata"
Además le prohíben la entrada al ministro de Justicia en sus dependencias
El acuerdo se adoptón en una sesión plenaria celebrada en la Isla
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Alberto Ruiz Gallardón es el ministro de Justicia del Gobierno español. | publicada por: redaccion
| Actualizada el 26 de noviembre de 2012 a las 18:33 GMT
El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anunciado este lunes que declara "persona non grata" al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su "nefasta gestión al frente del Ministerio de Justicia habiendo vulnerado y conculcado el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva", al proponer e impulsar la aprobación de la Ley de Tasas, "desoyendo a todas los sectores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores, abogados y ciudadanos, que son los principales afectados con dicha norma".

Asimismo, prohíben la entrada del ministro en cualquier dependencia de la CCAA, así como en los Colegios de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote.

Los cuatro colegios adoptaron este acuerdo en su última sesión plenaria celebrada en Santa Cruz de La Palma de que en adelante el ministro de Justicia tenga vetado el paso a cualquiera de sus oficinas y a las del propio Consejo Canario de Abogados en contestación a su propuesta de Ley de Tasas.

Los decanos de los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Medina Fernández Aceytuno, y Las Palmas, Joaquín Espinosa, ya habían expresado la semana pasada el desacuerdo de su profesión con las tasas, que además formalizaron de forma pública acudiendo a varias concentraciones de protesta en los juzgados.

Consulta la portada de EL PAÍS, edición nacional, del domingo 2 de diciembre de 2012 »
Las pensiones pierden más en un año con Rajoy que en toda la era Zapatero
La merma de poder adquisitivo de 1,9 puntos supera a los 1,2 puntos del PSOE
Entre 2004 y 2011, las prestaciones mínimas subieron en torno al 50%
MANUEL V. GÓMEZ Madrid 1 DIC 2012 - 00:36 CET2197
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy Recortes sociales Pensiones Prestaciones Política social Seguridad Social Política laboral Trabajo Sociedad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy / JUANJO MARTIN (EFE)
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La gestión de las pensiones que hizo Zapatero quedó muy tocada por una decisión: congelar las pensiones en 2011. En los siete años de Gobierno, las prestaciones mínimas subieron a un ritmo de vértigo. El resto incluso habían ganado poder adquisitivo hasta que llegó la congelación. Pero aquella decisión se llevó por delante esa ganancia e hizo que el saldo final fuera negativo, (-1,2 puntos porcentuales). En cambio, en un solo año de Gobierno de Mariano Rajoy las pensiones ya se han devaluado más: 1,9 puntos porcentuales.

El primer Consejo de Ministros de Rajoy, celebrado el 30 de diciembre de 2011, decretó un aumento de las pensiones de un 1%. Había que esperar hasta noviembre —el mes de referencia para la revisión— para saber si el incremento era suficiente. No lo ha sido. Los precios han subido un 2,9%.

Pero el Ejecutivo no actualizará las prestaciones. Así que al final, en 2012 la pérdida de poder adquisitivo será de 1,9 puntos.

La progresividad inicial desaparecerá si en noviembre de 2013 los precios suben más del 2%
Durante los seis primeros años de Zapatero, las pensiones se habían revalorizado. Sobre todo, lo hicieron las mínimas, que al final de las dos legislaturas subieron en torno al 50% en términos nominales (sin contar inflación) y mejoraron unos 30 puntos su poder adquisitivo. Pero también lo habían hecho hasta 2011 antes el resto, gracias a la ganancia de 1,7 puntos en 2009. En enero de hace tres años el Gobierno había subido las pensiones un 2%, pero entonces el hundimiento de la demanda arrastró a los precios, que solo crecieron un 0,3%. Aquella ganancia se quedó corta con la congelación de 2011 (de la que escaparon las pensiones mínimas). Las prestaciones quedaron estancadas mientras los precios subieron un 2,9%. Así que el saldo de siete años quedó en negativo (-1,2).

Para 2013 Rajoy tampoco ha congelado las pensiones. Subirán un 1% o un 2%, pero partiendo de lo que han perdido en 2012. Evita así gran parte de los titulares que devastaron a Zapatero, aunque el efecto es similar o peor.

En su decisión, el Gobierno introduce cierta progresividad inicial. Las pensiones que superen los 1.000 euros mensuales (sin contar en este cálculo la parte prorrateada de la paga extra) subirán un 1%. El resto, la gran mayoría (un 74% del total), un 2%.

Progresividad con fecha de caducidad

No obstante, la progresividad inicial desaparecerá si en noviembre de 2013 los precios suben más del 2%; si el Gobierno (al contrario que este año) revisa las pensiones y si en la prevista puesta en marcha del factor de sostenibilidad no cambia el criterio de actualización. Según el Ministerio de Empleo, el punto de partida para la teórica revisión de 2013 sería el aumento fijado, es decir, el 1% o el 2%, respectivamente.

Además de la suspensión parcial del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, el que fija la actualización, el Consejo de Ministros de ayer aprobó más cambios trascendentales para el sistema de pensiones. En el decreto se cambia la regulación del Fondo de Reserva. Hasta ayer, si el sistema entraba en déficit estructural —como defiende el Gobierno que ha sucedido este año— se podía recurrir a la llamada hucha de las pensiones para pagarlas con un tope del 3% del gasto anual en pensiones contributivas y su gestión (3.063 millones en 2012). Desde hoy, este punto está suspendido en 2012, 2013 y 2014.

El desfase entre ingresos y gastos ya ha forzado al Gobierno a usar los ahorros de ejercicios anteriores. En verano usó los más de 4.000 millones de los excedentes de la gestión de las Mutuas de Accidentes laborales y en septiembre y octubre los 3.000 del Fondo de Reserva. La suspensión de la aplicación del límite para este año permite al Gobierno recurrir a otros 3.500 millones para poder pagar las pensiones en lo que falta de año. El desfase continuará. Incluso crecerá en 2013. Por tanto, el año que viene lo más probable es que la Seguridad Social tenga que utilizar más recursos del Fondo de Reserva.

Al gobierno 1d1ota este se le avisó que con sus políticas de corte fiscal constrictiva iban a seguir deprimiendo la economía cada vez más; pero ellos, con sus ideas neo-clásicas han seguido adelante y estos son los resultados.

Ahora aplicará la única medida que le queda y muy utilizada en la dictadura, esperar que el tiempo regule la economía.

Mientras tanto nos quedaremos con el mejor deseo de la niña Fabra, el que nos j0damos todos.

Qué se puede esperar con un gobierno que está destruyendo el estado de derecho, deprimiendo cada vez más la economía, dejando que los monopolios campen a sus anchas, reduciendo en gasto en investigación...

Hay compatriotas que, viendo que esto sigue de mal en peor, han huido al extranjero.

Se ha destruido el mercado interior reduciéndose el déficit comercial debido más a que las rentas se han disminuido y no se tira de la demanda interior.

Mejor dicho, Europa está aplicando políticas que están destruyendo el mercado interior, y están llevando a sus ciudadanos a la desesperación.

Las personas que se quedan sin trabajo se ven en un callejón sin salida que es difícil salir; aquellos que quieren emprender algo se ven con más problemas debido a un sistema financiero de por si extenuado y más rígido a la hora de dar crédito.

Pero además vemos como se está desmontando el estado de derecho de la mano del ministro de justicia, para que el ciudadano le sea más difícil tener amparo jurídico.