Algarinejo - Granada

Art.155-1.Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Tras la pasada reunión mantenida entre gobierno y autonomías para fijar el techo del déficit, cuatro han sido las que se han declarado en rebeldía- Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- apelando a su soberanía y parapetándose en el bienestar social. Ayer mismo, sin pudor alguno, lo hacía el presidente andaluz Griñán, hablando de cuánto afectarían los recortes a servicios básicos como la sanidad y la educación, dando a entender cuáles son las prioridades para las taifas autonómicas: cuando se exigen ajustes, mantener a toda costa su entramado clientelar y la duplicidad competencial, a la par que sus escenarios de ficción soberanista, en detrimento de los derechos sociales y el interés ciudadano.

Cataluña es la región más endeudada de España en términos absolutos. Y no porque carezcan de recursos, sino precisamente porque esos recursos son gestionados para satisfacer apetencias partidistas, familiares e identitarias. La paranoia nacionalista, concentrada en una burguesía que tradicionalmente ha abarcado todo el arco parlamentario, sale cara a los catalanes. Sus siete canales de televisión, las numerosas empresas constituidas a beneficio de inventario autonómico y sus embajadas internacionales son algunos ejemplos. Otro tanto se podría decir de Andalucía, con legiones de intermediarios y asesores paniaguados de la omnipresencia socialista. En tiempos de crisis y de consiguientes recortes, existen prioridades para quienes ostentan el poder en las taifas: conservarlo. Para ello no es imaginable detraer subvenciones a empresas prescindibles ni eliminar enchufados, haciendo adelgazar a la mastodóntica administración allá donde se puede y se debe, sino que es más interesante golpear a las clases más desprotegidas de la sociedad, con derecho a voto cada cuatro años pero sin voz entretanto. Partitocracia.

Es intolerable, máxime en un momento tan crítico para los españoles como este, la deslealtad manifiesta de los 17 mini-estados para con el conjunto de la nación. El principio de solidaridad y el trabajo en común debe presidir cualquiera de las acciones emprendidas para combatir la crisis. Basta de provincianismos, basta de egoísmos. Aquí o trabajamos codo con codo en defensa del bien común y exigimos una profunda reforma del Estado, prescindiendo de las costosísimas, ineficientes y desleales autonomías, o jamás levantaremos cabeza. Unidad nacional y justicia social: la máxima falangista.

Desde FE-JONS reclamamos una vez más a este gobierno inconsistente que se aplique con contundencia en defensa del interés general. Bien es sabido que los falangistas atribuimos al apaño del 78 el origen de buena parte de los males que padecemos, entre otras cosas por privilegiar a los enemigos de la nación entre ambigüedades. Pero bajamos a la arena del aquí y ahora y examinamos que da de sí este instrumento deficiente, demandando en consecuencia que al menos se apliquen los escasos preceptos constitucionales claros tales como el articulo 155, que específicamente subraya las prioridades comunes y cómo proceder para defenderlas.

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