Riudarenes - Girona

Una juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella de una comerciante de la capital catalana, Iciar F.O., que acusa a varios cargos municipales de Gràcia de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios, abusos en el ejercicio de su función y prevaricación en la concesión de licencias.

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ha citado a declarar para el 9 de julio en calidad de imputados al técnico del Ayuntamiento en Gràcia, Josep Serrano Jornet; al concejal de Relaciones Institucionales de la localidad de Vallirana, Antonio Penalba; al consejero del PP en el distrito de Gràcia, Alberto Belón, y también a la gerente del distrito María Carmen Fernández González.

La querellante sostiene que le exigieron dinero para obtener la licencia, y que cuando se negó a seguir pagando, inició un calvario burocrático que aún no ha llegado a su fin.

Los hechos se remontan al 12 de abril de 2006, cuando la querellante arrendó el local situado en el número 25-27 de Travessera de Dalt por 8.000 euros mensuales para ampliar su negocio. Un despacho de ingeniería le había asegurado que podía cambiar la actividad sin problema, por lo que solicitó al Ayuntamiento el correspondiente permiso de obras, que se le concedió el 19 de abril de aquel año.

Cuando se terminó la reforma, el 5 de julio de 2006, pidió la licencia municipal de apertura. Pero el 27 de ese mismo mes la sede municipal del distrito de Gràcia denegó la autorización por entender que incumplía las condiciones de emplazamiento "al no respetarse la distancia mínima entre establecimientos", según recoge la querella.

A més amb un del pp pel mig.