Portbou - Girona

El ‘número dos’ de Interior se manifestó en Gerona durante la batalla campal en Barcelona

07:39 (01-10-2010) | 6

El consejero Joan Saura quita hierro a los disturbios y defiende el desalojo de los ‘okupas’, pese a contar con una orden judicial. La oposición pide que José Montilla cese a los responsables políticos.

Tormenta política tras la batalla campal que se vivió el miércoles en pleno centro de Barcelona cuando los Mossos d’Esquadra desalojaron la antigua sede de Banesto en la plaza de Cataluña. El consejero de Interior, Joan Saura, de ICV, intentó dar explicaciones en una comparecencia con la plana mayor de su departamento, excepto su número dos, el secretario general de Interior, Joan Boada.

Este alto cargo se llevó una gran parte de las críticas, ya que mientras en pleno centro de Barcelona se producían graves altercados, Joan Boada estaba en Gerona portando la pancarta que encabezaba la manifestación en esa ciudad. Una situación duramente criticada ayer por los partidos de la oposición, que pidieron al presidente de la Generalitat su cese. Saura, en una rueda de prensa en la que se le vio especialmente tenso y nervioso, defendió a este alto cargo, asegurando que no tenía una responsabilidad policial y podía ejercer su derecho a manifestarse.

Una opinión totalmente contraria a la del líder de la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas, que acusó a Boada de ir a la manifestación de Gerona como candidato que será por esa provincia, para recoger votos, y dejando de lado sus obligaciones como secretario general de Interior. Para Artur Mas, si el Gobierno de la Generalitat fuera “serio”, Boada habría sido cesado inmediatamente. La respuesta de Joan Saura fue que en el Ejecutivo catalán hay posiciones distintas sobre la huelga: el PSC en contra, y ERC e ICV a favor.

También el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol dijo que no es serio que un alto cargo se manifieste contra su propio Gobierno, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, exigió las dimisiones de Joan Saura y Jordi Hereu. Desde el Partido Popular, el concejal Alberto Fernández Díaz criticó la permisividad por parte de los responsables de Interior.

Y la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó la dimisión de Joan Saura, aunque indicó que el auténtico responsable es el presidente de la Generalitat, José Montilla.
Incluso en el seno del propio Gobierno catalán hubo críticas. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, del PSC, aseguró que Barcelona es una ciudad que atrae a los antisistema, en contra de la opinión que expresó Joan Saura. Y el alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, se quejó de que, cuando se producían los disturbios, no pudo contactar con Joan Saura, aunque después matizó sus críticas y aseguró que hubo contactos entre Interior y ayuntamiento.

Alto cargo piquete
El de Boada no fue el único caso. Otro alto cargo, David Companyon, también de ICV, participó en un piquete por el distrito de Gracia. La respuesta de Joan Saura es que participar en un piquete informativo, no violento, es legal.

Saura y el secretario de Seguridad Pública, Joan Delort, negaron pasividad de los Mossos d’Esquadra durante los disturbios, aunque reconocieron que se actuó de forma selectiva porque cerca de los altercados se producía la manifestación sindical pacífica. Saura se esforzó en intentar decir que la jornada de huelga transcurrió con normalidad, al margen de estos incidentes desvinculados de la acción sindical.

El consejero intentó escudarse en el juez para justificar que el desalojo no se produjera antes del día de la huelga. Pero lo cierto es que los antisistema llevaban días preparando su acción, y el fin de semana ocuparon la antigua sede de Banesto. Los Mossos presentaron un atestado ante el juez, pero ni la Fiscalía instó el desalojo ni la inmobiliaria propietaria lo pidió. El magistrado no autorizó un denominado “desalojo exprés” y derivó el caso a la jurisdicción civil. Como los Mossos no argumentaron suficientemente la urgencia del desalojo y la inmobiliaria no piensa comenzar las obras hasta el 15 de octubre, el juez no ordenó el desalojo.

El miércoles, cuando los agentes decidieron desalojar el edificio, lo notificaron al juez de guardia. Para entrar se escudaron en que el lugar se había convertido en el “castillo” de los antisistema, que estaban cometiendo delitos, como el asalto a un coche patrulla de la Guardia Urbana.

Balance final
El balance final es de daños por valor de más de 260.000 euros en la ciudad de Barcelona, 43 detenidos, de los que una quincena son extranjeros, 80 contenedores quemados y varias tiendas saquedas.

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