Tarancón - Cuenca

el 11 M sigue sin resolverse. El juez Bermudez también dá que pensar al igual que Garzón. Seguiremos escuchando a Federico JImenez Losantos, a Cesar Vidál y a Luis Herreo pese a "algunos" esto lo demuestra:
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https://ww.abc.es/informacion/JUICIO11M/analisis01.asp


Análisis del sumario El juez descarta la autoría de ETA en el sumario, al que le queda por recorrer un largo camino hasta el juicio en la Audiencia Nacional
Con los tres análisis precedentes sobre el sumario incoado por los atentados del 11-M, ABC ha querido ofrecer a sus lectores una información objetiva de los principales resultados judiciales alcanzados en algunos de los aspectos más relevantes de la instrucción y atendiendo básicamente a los contenidos de los autos finales de 10 de abril y 5 y 6 de julio de este año.

Los atentados del 11-M tuvieron una dimensión superior a la responsabilidad penal de sus autores, que ahora se investiga judicialmente, porque incidieron directamente en un proceso electoral del que resultó un cambio, hasta entonces improbable, de gobierno. El primer análisis publicado por ABC analizó las motivaciones políticas de los terroristas del 11-M, quienes venían organizándose desde 2001 como un grupo dispuesto a involucrar a España en la yihad internacional.

La intervención en Irak de la coalición liderada por Estados Unidos aumentó, sin duda, el riesgo antiterrorista, como en todos los países aliados de Washington. Pero España representaba una ocasión estratégica para el terrorismo islamista, por la confluencia de una gran contestación popular a la intervención militar en Irak con la celebración de las elecciones generales convocadas para el 14 de marzo de 2004. El terrorismo islamista vio la ocasión de demostrar su capacidad de influencia en una democracia occidental mediante un atentado indiscriminado, revirtiendo a su favor las circunstancias políticas internas y mostrando al resto de democracias occidentales la brutalidad exenta de límites a la que podían llegar sus acciones terroristas.

Obviamente, el instructor no realiza ningún pronunciamiento definitivo sobre las motivaciones políticas de los autores del 11-M, pero incluye en sus resoluciones finales unas consideraciones generales sobre la inserción de este atentado en la estrategia global patrocinada por Al Qaida y, especialmente, sobre la presencia, como factor de la voluntad de los terroristas, de la situación política generada por la inmediatez de las elecciones del 14-M y expuesta en el documento estratégico que apareció publicado en la página web de «Global Islamic Media».

Enfrentamientos políticos

Fuera de contexto judicial, los resultados del sumario permiten otro tipo de valoraciones políticas; en concreto, las que afectan a la actuación del Gobierno de José María Aznar entre el 11 y el 13 de marzo. Si después de más de dos años de investigación sumarial, con un juzgado y un representante del Ministerio Fiscal dedicados en exclusiva a dicha instrucción, con la disposición de medios materiales y humanos suficientes, aún subsisten interrogantes sobre lo sucedido, resulta desproporcionado y manipulador seguir diciendo que el Gobierno del PP cometió «un engaño masivo». Al Ejecutivo de Aznar se le exigió en horas lo que la justicia no ha podido en dos años: una versión infalible de los atentados. La afirmación inicial de que fue ETA la autora de la masacre se basó en una información policial sobre la identidad del explosivo utilizado y en una labor deductiva de los servicios de inteligencia. Todavía a las 20.30 horas del día 11, algunos medios anunciaban la identidad de los posibles etarras autores del atentado. Si a los responsables de Interior se les comunica que era Titadyne y si el CNI apunta directamente a ETA y si ningún servicio de inteligencia extranjero informa de indicios sobre el terrorismo integrista, el Gobierno de Aznar no engañó a nadie diciendo que era ETA la autora del atentado.

La otra opción que tenía el Gobierno -establecer una política de silencio informativo- habría sido mucho más adecuada a las circunstancias, pero la falta de apoyo institucional por parte del PSOE la hacía imposible.

Dudas razonables

No era Titadyne. Pero tampoco era un explosivo militar, como C3 o C4. Tampoco había nitroglicerina. Cualquier información que hubiera recibido el Gobierno en esos momentos basada en estas impresiones policiales sobre el tipo de explosivo habría llevado al Ministerio del Interior a conclusiones erróneas. Pero esto se sabe hoy, y las críticas retrospectivas suelen caer en simple oportunismo. Lo cierto es que, para cuando se supo que la mochila aparecida en la Comisaría de Puente de Vallecas contenía Goma 2 Eco (madrugada del 12 de marzo), el Ministerio del Interior ya había comunicado a la opinión pública, en la noche del día 11, la existencia de indicios que apuntaban a la posible participación del terrorismo islamista, sin abandonar la tesis de la autoría etarra. Sin duda, la presión política y social forzó al Gobierno a un suministro continuo de información, manifiestamente inapropiado en situaciones de crisis como la que se produjo el 11-M.

Formalmente, el sumario del 11-M ha sido declarado concluso. Pero el instructor advierte de que deben seguir las investigaciones para esclarecer hechos, personas y responsabilidades aún sin determinar. La investigación del 11-M no ha terminado. Por lo pronto, el instructor ha abierto diligencias previas para aclarar qué explosivo estalló en los trenes pese a que el análisis del sumario lleva a la conclusión, con un altísimo grado de certeza, de que se trató de Goma 2 Eco, y sólo Goma 2 Eco. No cabe objetar que el instructor indague esta cuestión tan relevante para la causa, pero sí es chocante que no la hubiera abordado ya de forma tan específica en el sumario que dio por finalizado el 6 de julio -como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal: unos mismos hechos, un mismo sumario-, tratándose de un capítulo de la ejecución de los atentados que, como mínimo, podría ser utilizado para hacer cundir sospechas, a cual más descabellada.

Los riesgos en la instrucción

En todo caso, esas diligencias previas acabarán incorporadas al sumario principal, de una u otra manera, pero pueden ocasionar una nueva dilación si las partes personadas en el sumario -que no en las citadas diligencias previas- solicitan interrogar a los funcionarios que declararon ante el instructor.

Por más urgencia que se reclame para acabar cuanto antes con este proceso, las reglas del proceso penal son las que son. La causa está camino de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una de cuyas secciones tendrá que valorar el resultado del sumario, en diversos trámites. En primer lugar, tiene que resolver los recursos de apelación pendientes, por ejemplo, los que están planteados contra los procesamientos dictados el 10 de abril. Luego, si los recursos de apelación fueran desestimados, se abre un turno de alegaciones por escrito en el que las partes pueden solicitar la reapertura del sumario para practicar diligencias específicas que consideren necesarias para las acusaciones o las defensas, o, en su caso, para instar el sobreseimiento (total o parcial, libre o provisional) o la apertura de juicio oral.

Si la Sala admite las peticiones de nuevas diligencias, revoca el auto de conclusión y ordena al instructor que practique las concretas diligencias que han motivado la reapertura del sumario. Una vez practicadas, se dictaría nuevo auto de conclusión y se elevaría a la Sala. En caso de que el Tribunal no acepte nuevas diligencias sumariales, pasa a resolver sobre las peticiones de sobreseimiento y de apertura de juicio oral. Es teóricamente posible que la Sala decida sobreseer la causa para algunos imputados y abrir el juicio oral para el resto. Si abre juicio oral, el Ministerio Fiscal y los acusadores, sucesivamente, tienen un plazo de cinco días para calificar, es decir, para presentar el escrito de acusación, con los hechos sobre los que versa la acusación, la calificación jurídico penal de esos hechos, los responsables penales y civiles -con concreción de la participación de cada uno de ellos, las condenas que se reclaman, con indicación, si las hay, de circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes- las medidas cautelares que procedan y los medios de prueba de que quieran valerse en la vista oral. Presentadas estas calificaciones, el turno siguiente es de las defensas, para que presenten sus correspondientes escritos. Finalmente, el Tribunal resuelve sobre las pruebas propuestas y señala la fecha de comienzo del juicio oral.

Espacios es blanco

Esta descripción de la ruta judicial que aún le queda por delante a la causa del 11-M -sin contar los recursos de casación contra la sentencia- muestra una complejidad procesal inevitable, agravada por la magnitud del sumario, en cuanto a hechos investigados, número de personas procesadas y, sobre todo, número de víctimas y perjudicados. La finalidad de un sumario no es llegar, a toda costa y de cualquier manera, a la vista oral, sino reconstruir de la forma más detallada posible los hechos delictivos en todas sus facetas y facilitar, entonces sí, la celebración de un juicio con el más amplio conocimiento de causa por parte de acusadores y defensores, quienes son los que, en la vista oral, van a asumir el protagonismo del debate contradictorio y de las pruebas, ante un Tribunal imparcial.

No es realista pensar que los espacios en blanco del sumario no van a tener incidencia en las siguientes fases procesales de la causa. En los informes publicados en días anteriores por ABC se han puesto de manifiesto algunas de esas carencias de la investigación, que quedarían a expensas de nuevas investigaciones o de juicios indiciarios en la posible sentencia condenatoria, en relación con responsables aún no identificados o con los actos de ejecución inmediata de los atentados.

La urgencia que provoca el consumo de los plazos máximos de prisión provisional de algunos procesados es razonable, pero sería un contrasentido que la preocupación por evitar su excarcelación anticipada se solventara aceptando los riesgos de acudir a juicio con dudas importantes sin respuesta. En conjunto, someramente se puede decir que el sumario ha permitido saber que el atentado fue ejecutado por un grupo de islamistas radicales que se organizan desde 2001, con una organización interna difusa, apoyados externamente por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Que consiguieron explosivo -Goma 2 Eco- gracias a una trama de traficantes españoles con base de operaciones en Asturias. Que eligieron la fecha del atentado en consideración al efecto que provocaría en el proceso electoral para los comicios del 14-M, buscando un cambio político y la quiebra de la coalición liderada por Estados Unidos. Que no hay una sola prueba, un solo indicio, de la participación de otras organizaciones terroristas en la planificación y ejecución de los atentados. Insistir en la sospecha de que pudo haber una colaboración entre ETA y los islamistas sólo se puede entender, con los datos disponibles, como un intento de obtener rédito político o de otro tipo. No encontró esa relación el PP cuando aún estaba en el poder, a pesar de haber rastreado todos los indicios, tal como reconocen responsables del Ejecutivo de entonces; tampoco posteriormente, ya con el PSOE en el Gobierno, han aparecido esas conexiones. Y en el sumario están aportados además ocho informes policiales distintos que lo descartan.

Hipótesis tras hipótesis

En cualquier caso, lanzar este tipo de versiones sin pruebas contundentes ha sido una constante a lo largo de todo el proceso. Basta recordar aquellas primeras hipótesis que aventuraban una colaboración en la matanza de los servicios secretos marroquíes para echar al PP del poder; más tarde, incluso se llegó a sugerir que estaríamos ante un golpe de estado encubierto encabezado por un sector de las Fuerzas de Seguridad al servicio del PSOE. Ni un solo dato apoyaba estas teorías conspirativas, pero a algunos pareció no preocuparles.

Sin embargo, hay otros capítulos sin aclarar. Por ejemplo, no se sabe la identidad de todos los responsables; tampoco cuáles fueron los pasos inmediatamente anteriores a la colocación de los explosivos, ni hay certeza pericial del tipo de explosivo que estalló en los trenes, aunque todas las pruebas apuntan a que fue Goma 2 Eco.

Dicho esto, conviene no perder de vista un hecho relevante: los principales implicados en la matanza, prácticamente todos los jefes de la célula islamista, se suicidaron en Leganés al ser descubiertos por la Policía. Sólo ellos, pues, podían haber llenado las lagunas que aún hay en el sumario. Por tanto, lamentablemente ya no va a ser posible dar todas las respuestas a todos los interrogantes planteados.

Ya están "si ser son" y "gomaespuma1" "j.... la pava"