Moya - Cuenca

Asunto: Re.: Comisión Europea y Vaticano

Fuente: elEconomista.es

Bruselas cuestiona las exenciones fiscales a los inmuebles de la Iglesia en España e Italia
Irene Savio/Laura Villena | 16:53 - 28/08/2007 Actualizado: 18:27 - 28/08/07

Tensión entre el Vaticano y la Comisión Europea. El portavoz de Competencia comunitario, Jonathan Todd, plantó cara a la Santa Sede y lo dejó claro: “Queremos más explicaciones” sobre presuntos beneficios de la Iglesia Católica en materia de impuestos. Por su parte, la organización italiana Ares ha llegado más lejos y ha acusado a la Iglesia católica de haberse ahorrado 2.200 millones de euros gracias a la exencion del pago de impuesto sobre los inmuebles en el país alpino

Jonathan Todd más tarde ha matizado. "Aún no hemos decidido si abrir una denuncia oficial sobre el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE", aseguró Todd

"Pero – aclaró Todd – si lo abriremos se tratará de un caso de ayudas ilegales por parte del Estado" italiano.

La norma incriminada sería una ley aprobada por el antiguo Ejecutivo de centroderecha del empresario Silvio Berlusconi en 2005, que exonera a la Iglesia del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (ICI) para los edificios de su propiedad.

“El Vaticano goza de privilegios fiscales e Italia ni siquiera conoce el valor de dichos beneficios, así como no conoce el número de inmuebles que posee la Iglesia ”, acusó el diputado del Partido Radical italiano, Mauricio Turco, en declaraciones recogidas por El Economista.

Esto se une a la denuncia de la Agencia de Investigación Económica y Social -ARES- que puso cifras a estas acusaciones. Calculan que la Iglesia católica de haberse ahorrado declarar a Hacienda italiana 2.200 millones de euros gracias a la exencion del pago de impuesto sobre los inmuebles (ICI).


El 20% del patrimonio inmobiliario italiano, de la Iglesia

Exponentes del Partido radical italiano denunciaron a la presunta violación en febrero de 2006 y desde entonces la Comisión Europa está investigando sobre la cuestión.

Que la Iglesia sea un experto agente inmobiliario lo demuestran los últimos datos del ministerio de Asuntos Económicos de la propia Santa Sede que indican que el sector le valió 32,2 millones de euros en 2006, mientras que, según datos no oficiales, el 20% del patrimonio inmobiliario italiano sería propiedad de la Iglesia por un valor de al menos 9 millones de euros.

"La Comisión Europea le envió un aviso último a Italia, antes de presentar una denuncia oficial como ocurrió con el caso de la exención del IVA que España le aplicaba a la Iglesia católica. Están tratando de remediar a una injusticia", añadió molesto Turco.

"La Iglesia goza también del descuento del 50% del impuesto general sobre la renta de las sociedades (IRES) y la exención del IVA para las instituciones, entre estas las eclesiales, que prestan asistencia o beneficencia pero también a las estructuras hospitalarias y de educación" concluyó el parlamentario italiano.


¿Problema económico?

De tener consecuencias, el caso podría afectar a las economías de la Iglesia de Roma. Según el último balance, el Vaticano cerró el último año con un beneficio de 24 millones de euros, mientras que la Ciudad del Vaticano registró un resultado positivo de casi 22 millones de euros. Sin embargo, las ramificaciones de las instituciones vaticanas son tan complejas, que el valor podría ser alterado.


España, también en el punto de mira

La comisaria europea de competencia, Neelie Kroes, envió por escrito su petición de información a España el pasado 19 de julio y el Gobierno tiene como plazo hasta mediados de septiembre para enviar su respuesta.

En caso de que la UE considere que efectivamente las ventajas fiscales vulneran la normativa europea en materia de ayudas de Estado, pedirá a España que corrija la situación y, de no hacerlo, el siguiente paso que tomarían las autoridades europeas sería abrir un procedimiento de infracción que podría acabar llevando a España ante el Tribunal Europeo de Justicia.

España tiene antecedentes en este sentido y ya en 2005 la CE obligó al Gobierno a derogar el acuerdo con la Santa Sede de 1979, por el que se eximía a la Iglesia del pago del IVA en bienes muebles e inmuebles.