Situacion de la dependencia en andalucia Andan los cronistas de la Progresía preparando sus particulares capítulos de la Historia por adelantado para un cadáver político llamado Zapatero. Quieren dejarle como el hombre que impulsó supuestamente grandes medidas sociales y que se vaya poco menos que por la puerta grande… A estas alturas de la película ya ningún efecto especial ni ninguna producción Rubalcaba cambiará la historia, porque la mentira tiene las patas muy cortas. Uno de los mensajes subliminares que quieren hacer sedimentar es que la Ley de Dependencia está absolutamente consolidada. Y siguen arremetiendo contra el Partido Popular culpándole de que en algunas comunidades gobernadas han bloqueado el desarrollo de esta ley. El Partido Popular dio su voto a favor de esta ley, pero desde el primer momento fuimos muy claros: era una ley que no preveía toda la realidad social, que venía precipitada, utilizada políticamente, que iba a crear falsas expectativas y que le faltaba lo principal: la garantía de financiación. Al final lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón muy pronto, demasiado pronto, y ante la falta de previsión y la demanda generada, el Gobierno de Zapatero mete la tijera a las primeras de cambio con los más débiles. Andalucía es el mayor ejemplo de la utilización política de una ley que ha vendido humo a costa de los dramas personales. Aquí se han inflado los datos, representando Andalucía nada menos que la Tercera Parte del total de las solicitudes de España. Se han duplicado casos de personas que ya tenían plazas residenciales o recibían un recurso. Según datos del propio Defensor del Pueblo Andaluz, “los datos numéricos han sorprendido a los más previsores habiendo a finales de 2009 un total de 370.000 solicitudes, con 190.000 con derecho a prestación o servicio y 145.000 las que están recibiendo una ayuda…” Sigue el Informe del defensor apuntando que la”ayuda es del 56 % para un servicio asistencial, mientras que es nada menos que del 46 % para las prestaciones económicas, en contra de la excepcionalidad prevista en la Ley…”, como indica el artículo 14.4. La prestación económica, un recurso “excepcional”, es el que se ha prodigado en Andalucía, intentando tapar bocas que demandan los derechos que se les ha ido contando en la propaganda, y dando lo que ya se conoce como “la paguita” de entre 300 y 500 euros, siempre inferior con mucho a lo que sería una prestación profesional en un centro especializado. Esto ha promovido una precaria atención, dejando a las personas dependientes en casa haciendo por un lado que los cuidadores, cuidadoras en su inmensa mayoría, queden esclavas sin poder desarrollar un empleo fuera de casa, y por otra parte se han contratado personas de escasa cualificación en un auténtico mercado negro que hace competencia desleal a profesionales sanitarios. Andalucía representa el 41 % del total de cuidadores que tiene España. En todos estos años, la Junta de Andalucía sólo ha creado el 3 % de plazas públicas sociosanitarias. Hay cerca de 50.000 plazas para personas mayores, el 51 % financiadas por la Junta, de las que 40.000 son de larga estancia y 10.000 sólo en centros de estancia diurna. 18.000 para personas con discapacidad (75 % financiadas por la Junta), con 5.500 residenciales de larga estancia y 12.000 de estancia diurna. De nuevo según el Defensor del Pueblo Andaluz, estas cifras son “ insuficientes como recursos, que unidas a las bajas intensidades del servicio de ayuda a domicilio, viene a ser la causa del excesivo protagonismo de los cuidados familiares…”. En lo relativo al desarrollo de la Prevención y la Promoción de la Autonomía Personal todo hasta ahora ha quedado en meras intenciones, como aún no se ha desarrollado un plan de atención a los menores de 3 años o a los discapacitados psíquicos, cuestiones que el Partido Popular consiguió que se introdujeran en la Ley. Esta Ley se ha puesto en manos de los Ayuntamientos, muchos sin experiencia en la atención sociosanitaria, y se les ha obligado a dar la cara y adelantar las prestaciones, asfixiando aún más las economías de los entes locales, y dejando muy en precario en ocasiones la calidad asistencial. En cuanto a financiación, llama la atención que representando Andalucía el 33 % del total de solicitudes, sólo reciba el 19 % del Presupuesto, dejando estas prestaciones muy deficitarias, y descendiendo de los 6.290 euros por persona en 2009, a los 4.082 en este 2010. Parece que los cronistas de la Progresía se olvidan sin duda de que en su “rincón espiritual” la Ley de Dependencia no está ni mucho menos consolidada, ha creado falsas expectativas y se ha convertido en un auténtico fraude. No es responsable que el PSOE siga queriendo hacer tocar las campanas a costa de la Ley de Dependencia, es momento de que se vayan a la Oposición, hacer una auditoría que analice la situación y volver a plantear el desarrollo de esta ley de manera rigurosa, sin prometer lo que no se pueda dar, con garantía presupuestaria y apostando por los cuidados porfesionales para las personas dependientes y por promocionar de verdad la autonomía personal… Queda todavía un mundo. QUE CADA CUAL SAQUE SUS CONCLUSIONES. |