Rute - Cordoba

El 19 de marzo fiesta de San José, los liberales se reúnen en torno a la celebración constitucional por excelencia: “la Pepa”. Se trata del bicentenario del primer texto constitucional de España, que reemplazaba en 1812 a la Carta Otorgada del Antiguo Régimen, que ha servido como inspiración, que no como modelo, para las sucesivas cartas magnas.

Y es que entre el siglo XIX y el siglo XX, los dos peores siglos de la Historia de España, se han relevado hasta media docena de textos constitucionales, siendo la pionera la referida de las Cortes de Cádiz de 1812, seguida de la del año 1837, 1845, 1869, 1876, la republicana de 1931 y la monárquica de 1978. Hubo incluso otros tres intentos de nuevas constituciones en 1852, 1869 y 1873 que no llegaron a buen puerto.

Esta concatenación ininterrumpida de proyectos constitucionales demuestra la esterilidad de todos ellos, que consagran derechos y valores en mayor o menor medida “universales” siguiendo la terminología liberal-burguesa que los inspira, y que hoy, en pleno siglo XXI, se nos antoja como un instrumento vacío que sólo se cumple en aquello en lo que a los poderosos beneficia, y que sin embargo no ampara a los más débiles.

Dos siglos desde la promulgación del texto gaditano, en el que indistintamente liberales, conservadores, fusionistas, progresistas, neoconservadores, centristas… no han sabido, o no han querido buscar un instrumento definitivo que favorezca la justicia y la equidad del pueblo español.

El último experimento constitucionalista fue la chapucera Constitución Española de 1978. La misma que consagra supremos valores como la vida, que diariamente es violada con el mismo dinero público con el que se subvenciona el aborto. La misma que consagra un derecho a una vivienda digna, en la propia España en la que sus Juzgados desahucian a medio millón de personas cada año. La misma que consagra el supremo derecho y deber al trabajo, y que sin embargo ha facilitado por omisión e inacción el despido de 5 millones de desempleados. La misma que proclama la igualdad de todos los españoles, pero blinda a ilustres personajes de la Casa Real contra cualquier investigación judicial. La misma que solo ha refrendado un 20 % de los españoles actualmente vivos. La misma que consagra un sistema territorial autonomista que beneficia a los partidos políticos y que margina a los ciudadanos, relegados a meros paganos del gran juego de la convivencia nacional.

Por ello los falangistas no celebramos este día, y nos lamentamos de que, 200 años después, las cosas no hayan cambiado sino a peor. Con una grave crisis económica, un gran riesgo de fractura social y una crisis moral, a España no la salvan ni todas las constituciones juntas. Los españoles necesitamos un proyecto nacional que llene de ilusión nuestras vidas y nuestros hogares. Y la Constitución de 1978 solamente ha servido para truncar nuestros sueños. La prueba la tenemos hoy en día: cuando el Estado hace aguas, la Carta Magna se convierte en papel mojado.

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