Pozoblanco - Cordoba

La juez Alaya se quejó en varias ocasiones de la obstrucción a la investigación orquestada por la Junta de Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, intenta aparecer en los medios de comunicación y en la tuitería nacional como máximo colaborador de buena fe del caso.

Zancadillas a pelú

1) En Andalucía, se conoce como echar a pelú lanzar muchas cosas, sobre todo caramelos, a voleo y sin orden sobre una multitud. La última de las obstrucciones conocidas de la Junta de Andalucía a la instrucción de la juez Alaya la refiere el diario ABC. Dos semanas antes de la Operación Heracles iniciada el 20 de marzo, la Junta envió al Juzgado de Mercedes Alaya un informe con datos claves sobre los pagos autorizados por el ex director general Francisco Javier Guerrero y las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras -Vitalia, Uniter y el despacho jurídico Villasis- que la consejera Carmen Martínez Aguayo dijo que no existían. La Guardia Civil tuvo que hacer la investigación fundamental sin esos datos.
2) Recuérdese que el actual consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, consideró necesario "tomar una decisión" para apartar definitivamente a la juez Alaya del caso de los ERE, con fundamento en su incapacidad laboral transitoria.

3) Tómese nota de que la Consejería de Empleo envió al juzgado un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos" -palabras de la propia juez- sobre los expedientes relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas que dificultó la investigación judicial. Tras ello, la magistrada tuvo que requerir a la Administración andaluza para que en el plazo de cinco días remitiera una copia compulsada de los expedientes o pusiera de manifiesto por qué la información le ha sido remitida en ese estado.

4) Además, la Junta ha remitido documentación inútil para enredar la investigación de la juez. el Gobierno socialista de Andalucía habría optado también por incluir más documentación de la solicitada por la juez. Así, según fuentes del juzgado, la funcionaria encargada tardaría más tiempo en poner la información, 153.000 folios, en orden para que la magistrada Alaya tuviera mayor dificultad a la hora de escudriñar los documentos.

5) Recuérdese asimismo cómo fue la Fiscalía Anticorrupción, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde Pumpido, la que recurrió el auto de la juez Alaya en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. Recuérdese que el Gobierno andaluz se negó a entregar a la juez todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas. Finalmente, fue el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, el que desestimó la pretensión de la Junta de Andalucía sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno.


"Esta mañana –por el lunes– he podido confirmar que fue Agustín Barberá –ex viceconsejero de Empleo– el que citó a Francisco Javier Guerrero para acudir a una cita en la Consejería de Hacienda", ha dicho Fernando de Pablo, ex abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, en Onda Cero. La reunión, que se celebró en 2005 entre representantes de la Consejería de Economía y Hacienda y la de Empleo se produjo para hablar sobre el procedimiento de los ERE que la Intervención General había alertado que vulneraba la ley.
Informó La Razón que al cónclave de Hacienda, consejería entonces dirigida por José Antonio Griñán, acudieron, entre otros, la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo –hoy consejera de Hacienda y Administración Pública– y el director general de Presupuestos Antonio Lozano –hoy viceconsejero de Presidencia– y se decidió continuar con el sistema de trabajo obviando las advertencias del máximo órgano de control interno de la Administración andaluza.
Recuérdese que la Intervención General de Hacienda había trasladado en 2005 un informe especial sobre las irregularidades detectadas en la tramitación de ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y Social a tres consejeros, los de Empleo, Innovación y Economía. En las conclusiones del mismo se exponía que el centro directivo estaba otorgando "subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Una actuación que había provocado un "desfase financiero" que a 31 de diciembre de 2004 superaba los 38 millones de euros.

Esto como siempre lo tiene que sacar los periódicos independientes y nunca los afines al PSOE.
Saludos cordiales.