Pedroche - Cordoba

Hace ahora un año el ex presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, acusaba a este periódico de mentir acerca de las subvenciones millonarias que el Gobierno andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija Paula era apoderada. En aquella ocasión el titular volvió a ser contundente: “Chaves se niega otra vez más a responder a los ‘mentirosos’ de LA GACETA”.

El pasado mes de diciembre, Chaves decía: “El caso Matsa es una gran infamia construida desde el rencor”. Entre una y otra manifestación, transcurrieron 11 meses de silencio informativo y negativas pero también de perseverancia y verdades, las que este periódico ha presentado fielmente, convirtiéndose en el diario nacional que más ha contribuido a destapar las maniobras de los Chaves. La última, la publicada ayer mismo cuando nos hacíamos eco de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de seguir investigando a Chaves por el caso Matsa, declarando, así, nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de no expedientar al ex presidente.
Cronología

El 13 de enero del pasado año este diario proporcionaba la primera exclusiva al respecto: “La hija de Chaves arruina la carrera del vicepresidente. El Tribunal Supremo, a punto de decidir” y confirmaba la decisión del Tribunal de admitir la querella del PP contra Manuel Chaves por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El motivo no era otro que la concesión, cuando gobernaba en Andalucía, de una subvención de 10 millones de euros a Matsa.

Justo un día después, nueva exclusiva: “Chaves dio a Matsa 164.250 euros pese a estar en suspensión de pagos”. Fue en 2004, año en el que la compañía no facturó ni un solo euro, solamente tenía dos empleados y formalmente se encontraba en suspensión de pagos, y antes, incluso, de que hubiese contratado a Paula Chaves. Un inexplicable trato de favor por parte de las Administraciones Públicas. La realidad es que Matsa se llevó la mitad de las ayudas para la minería en Huelva.

El 15 de enero de 2010, aparecían en LA GACETA nuevas revelaciones sobre las subvenciones: “Chaves concedió 5,4 millones de euros en contratas a otra empresa apoderada por su hija”. Se trataba de Telvent, una firma que se hizo con el dinero a través del procedimiento negociado –sin competencia–. El 25 de ese mismo mes se hacía la suma y se cerraba el ciclo: “La Junta otorgó 44 millones a las empresas protectoras de Paula Chaves”. Estos son algunos de los ejemplos más significativos de lo mucho que este periódico ha publicado sobre Manuel, Paula, Matsa y Telvent.
Mentiras

Mientras, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer, en una entrevista concedida a la Cadena COPE, que Manuel Chaves debe asumir responsabilidades por su conducta en el caso de la subvención a Matsa, pero también por “haber mentido reiteradamente a la opinión pública”. En este sentido, añadió Sáenz de Santamaría, “lo que es evidente es que concedió una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija”.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, debía de haberse inhibido en el procedimiento por el que se concedió dinero público a una empresa de la que su hija era apoderada. Y su sucesor en el cargo, José Antonio Griñan, no debió cerrar en falso un asunto tan grave y sí, en cambio, sancionar a Chaves. Eso es lo que dice en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una resolución judicial que retrata muy a las claras la manera en la que llevan haciéndose las cosas en aquella comunidad desde hace ya demasiado tiempo. Porque demasiado es el tiempo que lleva el PSOE en el poder: más de treinta años. Semejante plazo en democracia sin una alternancia política es sumamente contraproducente, por cuanto legitima e institucionaliza determinadas prácticas poco recomendables, “normalizadas” por una perversión del sistema. “El poder corrompe —escribió Lord Acton hace mucho tiempo- y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ya es hora de que termine el cacicato de los Chaves, Zarrías y compañía que han mantenido Andalucía en el subdesarrollo del PER y en los últimos lugares de nivel educativo.

El caso de la hija de Chaves no es sino uno más de un enorme iceberg del que también forman parte las facturas falsas del ayuntamiento de Sevilla, las vinculaciones del caso “Malaya” con algunos socialistas y, sobre todo y por encima del resto, el PER. No puede ser que el PSOE haga y deshaga en Andalucía a su antojo, cual si se tratase de su cortijo particular. Las urnas no lo legitiman todo. Otorgan la facultad de gobernar, pero no patente de corso. Por más que una fuerza política, la que sea, goce de amplio respaldo parlamentario, ello no es óbice para que descuide las formas a la hora de hacer política como es debido. Y en Andalucía, hace mucho tiempo que el PSOE se desnortó. Ahora, al menos, el TSJA ha arrojado algo de luz en la oscura vida política andaluza. Le toca mover al PSOE. Y después, al electorado.