Pedro Abad - Cordoba

A. MUÑOZ. CÓRDOBA Jueves , 26-11-09

El capítulo judicial no se ha cerrado en el Ayuntamiento de Pozoblanco. Más bien parece todo lo contrario, ya que según ha podido saber ABC de fuentes judiciales, el equipo de gobierno del PP y PA ha decidido presentar una denuncia a la Fiscalía de Córdoba para que se investigue el destino de parte de las subvenciones que recibió Prode y que podrían haber servido para pagar las nóminas de sus trabajadores, aunque los servicios se prestaban en el Consistorio de la etapa del ex alcalde socialista y hoy delegado de Empleo, Antonio Fernández, y de su sucesor y ex amigo, Benito García, hoy expulsado del partido.

Los interlocutores consultados por este periódico confirmaron ayer que hay una demanda en marcha al existir sospechas fundadas de que las subvenciones que se concedían a la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Prode) se emplearon en sus mandatos para fines que no estarían permitidos.

El hilo argumental de la denuncia se sostiene en informes de la Secretaría, que también están en manos del fiscal. Básicamente, vienen a decir que que esas ayudas podrían haber estado sirviendo para el pago de las nóminas de una quincena de trabajadores de esa asociación, que desempeñaban su jornada en el Consistorio o en dependencias municipales bajo el mandato, primero, de Antonio Fernández y, luego, de Benito García. Los empleados realizaban tareas propias de ordenanzas o de vigilantes.

Las mismas fuentes calculan que el importe de lo que se ingresaba anualmente podía rondar los 180.000 euros.
Contratos de prácticas

El gobierno del PP y PA defiende en la demanda que no existe base legal que sostenga el empleo de este dinero de la manera que, en su opinión, se ha utilizado.

Prode, además de prestar servicio a los discapacitados, también tiene entre sus cometidos su insercción laboral. Ha formalizado durante todos estos años convenios de colaboración con empresas privadas y entidades públicas para que sus socios puedan realizar prácticas. Entre ellas figura el Ayuntamiento de Pozoblanco, según admite la asociación, gestorías o industrias agroalimentarias. Así, han sido varias decenas los discapacitados que han aprovechado estas prácticas desde hace varios años.

En las instalaciones de Prode trabajan aproximadamente 200 personas, alguna de ellas han sido ediles.