Nueva Carteya - Cordoba

En la vida corriente, cuando un individuo se equivoca o comete un delito pueden ocurrirle dos cosas: pasar desapercibido e irse de rositas o ser pillado in fraganti y acabar en el banquillo y, en su caso, entre rejas. Pero que le pasen las dos cosas a la vez resulta injusto e inadmisible. Y eso es lo que está pasando con Zapatero, al que se le está dando un retiro dorado por haber sumido a España en la ruina. Una manera de medir a todas luces injusta y una asignatura pendiente de numerosas democracias. Y no se trata de una cuestión baladí, sino de algo que convendría afrontar mejor antes que después. Porque, ¿acaso cabe en la cabeza que al peor político de la democracia, al que ha sumido a España en la mayor crisis financiera, económica, social, institucional, política y moral de la historia reciente no afronte sus responsabilidades?
Nos guste o no, Zapatero no sólo se va a ir de rositas sino que, además, se va con un retiro dorado –150.000 euros anuales entre su asignación como ex presidente y la de vocal del Consejo de Estado–, adornado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, que conlleva el disfrute de una dotación para gastos de oficina, dos asistentes y otros privilegios. Una broma de muy mal gusto y una falta de respeto a los millones de votantes que decidieron que los socialistas, cuantos menos y más lejos, mejor.
Por ello, resulta indignante que el ex presidente no haya tardado ni una semana en comunicar su voluntad de ingreso en el Consejo de Estado y beneficiarse así de una modificación legal que él mismo propició en diciembre de 2004, por la que se garantizaba un puesto en este órgano con carácter vitalicio a quienes “hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno”. Además, con el agravante de que el estatuto personal y económico adquirido sería compatible con la pensión que le corresponde por haber ejercido como jefe del Ejecutivo. Es decir, Zapatero percibirá cada año unos ingresos de 72.800 euros del Consejo de Estado, a los que hay que sumar alrededor de otros 74.000 euros brutos como asignación por sus años de presidente. Así pues, y si Dios no lo remedia, el próximo mes de febrero, en cuanto deje la Secretaría General del PSOE, se podrá fijar el calendario para su nombramiento y acceder a un despacho permanente en la sede del Consejo de Estado, una prebenda que sus antecesores González y Aznar apenas utilizaron.
El agravio es clamoroso. Zapatero ha sido, sin duda, el peor presidente de la democracia española. Quiso llevar a España a la rendición ante ETA, ofreciendo a los terroristas triunfos políticos, traicionando el sacrificio de las víctimas y denigrando a sus familias. Su política internacional nos ha alejado de Occidente para acercarnos a regímenes totalitarios como Cuba o Venezuela. Su apuesta por aliarse con los nacionalismos ha producido el Estatuto catalán, un engendro que consagra la desigualdad entre los españoles. Ha dividido a los españoles con leyes como la del matrimonio homosexual, la igualdad, la memoria histórica, el aborto, la educación para la ciudadanía....
Pero ha sido la economía la que finalmente le ha dado la puntilla. Su ineptitud en la materia –la suya y la de su equipo económico– y el sectarismo ideológico con el que se enfrenta a todos los asuntos que ha abordado han agravado en España una crisis que ha dejado a cinco millones de españoles sin empleo. Por todo ello, resulta indignante que en vez de que recaiga sobre él todo el peso de la Justicia por las consecuencias infamantes de su gestión al frente del Gobierno, se le mime con una serie de prebendas tan injustas como inmerecidas. Un tema más para la agenda del nuevo Gobierno

Y todo eso lo has escrito tú solito o te han ayudado..??

Qué portento...!!"

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha realizado un informe que ha remitido al juez que sitúa a Iván Chavés, hijo del expresidente andaluz y presidente del PSOE, como eje de una red delictiva de "tráfico de influencias" por sus negocios con la Junta de Andalucía cuando era presidida por su padre. Según informa El Mundo, los investigadores consideran que los contratos con adjudicatarias de la Administración andaluza podrían encajar no sólo en el delito de tráfico de influencias sino también en el de cohecho. Sin embargo, la Fiscalía no ha ordenadao la inmediata apertura de una investigación sobre estos hechos detectados en la investigación original, que era el robo de documentos del despacho de Iván Chaves, denunciada por él mismo.

El informe asegura que los contratos mercantiles que el hijo de Chaves denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chaves. El fin era conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Junta gracias a la situación de su padre. Los policías que han rastreado los documentos supuestamente robados, según Chaves, y no dudan en utilizar el término "corrupción" en el atestado para referirse a la actuación del hijo del socialista.

De este modo, el informe asegura que en estos supuestos hechos delictivos estarían implicados tanto Iván Chaves como "terceros". Se apunta a que los testigos a los que tomaron declaración, excepto una exempleada, "tienen interés directo" en los negocios de Iván Chaves "por su implicación en esos mismos hechos". Éstos serían algunos socios y amigos y con los que también se buscaba "que se facilitase el acceso a la Administración andaluza".

Sin embargo, la causa que tramita el Juzgado no investiga de momento estos negocios de Chaves sino que se centra en la supuesta sustracción de los documentos. La presunta trama de tráfico de influencias deriva de las pesquisas realizadas para esclarecer el robo. Según los investigadores habría sido simulado para invalidar pruebas en su contra.