Nueva Carteya - Cordoba

Le daban el dinero de los parados a exalcaldes socitas, afiliados, simpatizantes, sindicalistas de UGT, etc.

QUE VERGUENZA!

https://ww.periodistadigital.com/opinion/clases-medias/2011/02/20/grinan-salario-chaves-corrupcion-prejubilacion-cortijo-mercasevilla-psoe.shtml

El PP hará una petición masiva de información en la Cámara e irá a los tribunales si no la obtiene

Los papeles «ocultos» de los expedientes de empleo irregulares
El principal partido de la oposición está convencido de que se ha producido una «desviación de fondos».

Compártelo: 1 comentario Rafael Carmona y Rosario Soto comparecieron ayer en la sede del PP-A - Foto: Aníbal González
20 Febrero 11 - - A. Muriel Sevilla- El Gobierno andaluz ha denunciado como parte «afectada» la trama de los expedientes de regulación de empleo que, de momento, reúne más de 40 intrusos que aparecen prejubilados en empresas en las que nunca trabajaron. Entre ellos hay cuatro cargos socialistas y la lista puede ser mucho más amplia. En los años en los que la Junta transfirió de forma opaca su «fondo de reptiles» –desde 2001 a 2009– fueron más de 4.000 las personas beneficiadas.

Hay muchas interrogantes en torno a los falsos ERE. La Junta podría ir deshilvanando esta madeja si aportara una serie de documentos clave, pero, de momento, sólo los reserva para el requerimiento de la Justicia. En el último pleno el PSOE se opuso a la comisión de investigación que pidieron al unísono PP e IU y dejó en el aire la cascada de preguntas que le dirigió la oposición.

Entre estos documentos hay ocho que son fundamentales. El PP los pedirá a través de la Cámara autonómica. Si el Gobierno andaluz no los facilita en 15 ó 20 días, esta formación acudirá a los tribunales. Así lo aseguraron ayer la portavoz del PP-A, Rosario Soto, y el coordinador del Área Económica, Rafael Carmona.

El informe de la Intervención General de la Junta –dependiente de Economía– y remitido a la Consejería de Empleo en 2005, 2006 y 2007 es clave porque mostraba la disconformidad de este órgano de control interno con el procedimiento administrativo que se estaba llevando a cabo. Es decir, la transferencia de financiación de explotación al IFA y luego al IDEA sin que mediara publicación en el Boletín Oficial de la Junta ni autorización del Consejo de Gobierno. No hay que olvidar que en esos años Griñán era consejero de Economía y Hacienda, por lo que manejó estos informes de la Intervención.

El PP pide también las alegaciones que Empleo presentó a los informes de la Intervención General, para comprobar qué argumentos reforzaron que este método opaco, pese a las advertencias, siguiera adelante hasta que se descubrieron las primeras irregularidades en la empresa semipública Mercasevilla.

Por otra parte, las pólizas de seguros de los ERE en los que han intervenido Vitalia y Uniter pondrían a la oposición en la pista de más irregularidades, ya que estos dos «brokers» eran los únicos que operaban con la Junta, sin que mediara entonces ningún tipo de selección por concurso. Un comercial de Vitalia, Francisco González, fue detenido por los presuntos delitos de cohecho y estafa y se repartió con el «conseguidor» Juan Lanzas –cercano a la órbita del actual «número cuatro» socialista, Gaspar Zarrías– el dinero de una falsa prejubilada.

La copia íntegra de los expedientes administrativos de las empresas beneficiarias de ERE o el informe previo de los servicios jurídicos de la Junta que propició que las ayudas se tramitaran a partir de 2001 como transferencias de financiación de explotación, son otros de los documentos requeridos. Este convenio de 2001 fue suscrito por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el director de Fomento de Andalucía Antonio Fernández.


Investigación interna
La Junta, por otra parte, además de acudir al juzgado, ha puesto en marcha una investigación interna que también quiere conocer el principal partido de la oposición. Concretamente, «la relación de falsos prejubilados en ERE autorizados por la Autoridad Laboral en Andalucía, de los que haya tenido conocimiento la Consejería de Empleo, con indicación de nombre y apellidos, nombre de empresa en cuyo ERE aparece el falso prejubilado, cantidades abonadas y pendientes de pago de cada póliza individual».

Entiende el PP que la Mesa del Parlamento debería haber pedido de oficio al Gobierno la remisión urgente de todos estos documentos, dada la «gravedad y la alarma social del caso». Asimismo, este partido, tal y como dejó ayer claro su responsable del Área Económica, parte, de entrada, con tres conclusiones: que existió una «desviación de fondos» a través del IFA, que se incumplió la Ley de Hacienda Pública, y que Griñán era pleno conocedor de las luces rojas que encendieron los auditores y el control financiero permanente.


¿Cuáles son?
1.- Expedientes administrativos íntegros de las ayudas concedidas a empresas con expedientes de regulación de empleo
2.- Informes realizados por la Intervención General y remitidos a la Consejería de Empleo en los años 2005, 2006 y 2007
3.- Convenios de concesión de ayudas a empresas en crisis y de ERE examinados por la Intervención General de 2005 a 2007
4.- Alegaciones presentadas por la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención General de la Junta
5.- Certificación de los importes abonados desde el 2002 por el IFA y posteriormente por IDEA correspondientes a ayudas sociolaborales
6.- Pólizas de seguros y rentas relativas a despidos colectivos de empresas en crisis en las que mediaron Vitalia y Uniter
7.- Informes previos emitidos por los servicios jurídicos de la Junta y relativos al Convenio Marco entre Empleo y el IFA de 2001
8.- Todos los convenios particulares de colaboración suscritos entre Empleo y el IFA relativos a las previsiones del Convenio Marco


«Griñán teme la comparecencia de algunos responsables en la trama»
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, achacó a dos motivos principales que el PSOE haya tumbado la celebración de una comisión de investigación en la Cámara. El primero, que se ponga de manifiesto la «responsabilidad» de José Antonio Griñán en algunas decisiones que se adoptaron en el Ejecutivo andaluz estando él al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El segundo, la «peligrosidad» de algunas comparecencias, dado que, tal y como informó ayer LA RAZÓN, el artículo 52 del Reglamento faculta a la oposición a «requerir la presencia, por conducto de la presidencia del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída».

Tambien hay de CCOO.

di alguno porque yo no he visto nungun caso.

porn la notici aqui.

aunque almenos lo reconoces y qyieres que la mierda le clahpique e aqui no la tiene

Sosalistas corrupto, ladrones y sinrguenzas, que robais el dinero de los paraos para repartirselo entre vosotros

En el programa del Carlos Herrera se comento que CCOO tambien tenía implicados en este caso y que en su día, junto con los de UGT, fue denunciado por USO (Union sindical Obrera. Quiere decir, que los que han pillado la pasta son sindicalistas.

Ni lo reconozco ni lo dejo de reconocer, porque yo no me he llevado ni un duro. El que se lo haya llevado... que lo pague.

Pero no culpeis solo a los "sociatas corruptos, ladrones y sinverguenzas" porque no solo son los que "roban el dinero de los parados para repartiselo". NO señor... Roban el dinero de los contribuyentes. Eticamente... el mismo delito que hacen esos funcionarios muy bien pagados con nuestro dinero, que se tocan los cataplines cada día, y que utilizan los medios estatales para sus fines personales. Eso tambien es corrupción.

Así que por favor, antes de abrir la boca, haz gargaras con lejia.

Yo tambien he escuchao que hay una persona que es dueña sel sol, jijiji

yo he escucuchao, venga di nombres o la pagina que veamos a aos de CCOO.

aqui los unicos ladrones demostraos son del PSOE y la UGT. y tanquilo que saldran mas. Sinverguenazsa que roban el dento de los paraos para respartiselo entre ellos sin haber trabajo en su vida

EL PP, CAZADO EN SU CACERÍA DE LOS EREs
Supuestas irregularidades en el ERE de Minas de Riotinto. El PP ha denunciado
irregularidades en la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a
trabajadores de Minas de Riotinto. Algunas personas que no habían trabajado en el
interior de las minas se vieron supuestamente beneficiadas por la aplicación de
coeficientes del Estatuto Minero que no les corresponden.
El Gobierno del PP intervino en la aplicación del ERE. Ahora, cuando el PP ya
había señalado a los socialistas con su dedo acusador para sacar rédito político,
descubrimos que en este Expediente de Regulación de Empleo intervino el Gobierno
de España, siendo Ministro Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía
Juan Ignacio Zoido. El ERE se firmó dentro de un Acuerdo Marco alcanzado en 2002
entre el Gobierno, la Junta y los sindicatos para la aplicación de medidas
sociolaborales.
Arenas calificó de “espeluznante” el caso y exigió responsabilidades a la Junta.
Esperamos que siga calificando de espeluznante la actuación de Zoido y Zaplana. Y
ahora será su partido el que tenga que dar explicaciones.
La competencia sobre los coeficientes reductores es del Ministerio de Trabajo.
La competencia para determinar los coeficientes reductores que determinan el importe
de las prejubilaciones a percibir, así como la comprobación de los puestos de trabajo
desempeñados, es competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de la Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, un ministerio que
en aquella época dirigía Zaplana.
El 25 de junio de 2003, en la última legislatura de Aznar. Es la fecha en la que la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva emitió el informe
relativo a Minas de Riotinto para la determinación de los coeficientes reductores de la
edad de jubilación. Dicha fecha se corresponde con la segunda Legislatura de José
María Aznar en el Ejecutivo de la nación, cuando Juan Ignacio Zoido era delegado del
Gobierno en Andalucía.
La responsabilidad sería del PP. Es decir, suponiendo que se confirme la denuncia
aparecida en prensa de que se habrían “apañado” coeficientes, extendiendo la
consideración de mineros a personal administrativo, limpiadoras o conductores, la
responsabilidad sería exclusiva del Gobierno de España. Es decir, de cargos del PP
en el Ministerio de Trabajo y en la Delegación del Gobierno, Zaplana y Zoido.

Cazadores cazados. Arenas y Zoido son los cazadores cazados. Disparan a todo lo
que se mueve en su maniobra para tapar el Gürtel, y se han disparado a sí mismos.
Zoido no dudó en acusar falsamente al candidato socialista de Sevilla, Juan Espadas,
para vincularlo falsamente en el caso de los ERE, cuando el que tiene que dar
explicaciones es él.
EREs legales. Este caso certifica que el PP se ha lanzado a una campaña de
difamación y mentiras en su desbocada carrera electoral. Está armando ruido
poniendo bajo sospecha unas ayudas sociales que se han tramitado dentro de la
legalidad, con control del dinero público y que han beneficiado a 25.000 trabajadores
de empresas en crisis.
Campaña de mentiras. El PP, con Arenas a la cabeza, ha orquestado una campaña
de mentiras para confundir y alarmar a la opinión pública sobre el tema de los EREs y,
de paso, generar incertidumbre y faltar al respeto a miles de trabajadores honestos de
empresas en crisis que se beneficiaron de expedientes de regulación de empleo.
¿Existencia de fondos ilegales? Es falso. No los hay. Del primer al último euro de
todos los fondos son legales y presupuestados. Se trata de cantidades concretas, que
figuran en un apartado presupuestario específico y que son debatidas en comisión y
aprobadas luego por el Pleno del Parlamento de Andalucía. Un presupuesto público,
conocido y aprobado en la cámara autonómica, que se destina al mantenimiento del
tejido productivo de empresas en crisis y prejubilaciones.
¿Irregularidades? Es falso. En Andalucía más de 25.000 trabajadores se han
beneficiado de un sistema de ayudas que funciona, que es útil y que ha impedido que
miles de trabajadores honestos de empresas en crisis se quedaran en la calle sin
trabajo, sin dinero y sin prestaciones. Las irregularidades son puntuales. No se puede
convertir la excepción en regla. Sólo de los 45 EREs vivos se han beneficiado más de
6.000 trabajadores. Las irregularidades detectadas y puestas en conocimiento de la
Justicia no llegan ni al 0,5 % del total.
¿Sin procedimiento administrativo y sin control? Es falso. Las ayudas contaban
con un procedimiento administrativo. Se eligió -para responder con agilidad a
situaciones de crisis- la opción de la gestión de explotación. Existía un convenio entre
Empleo y el IFA para transferir las cantidades destinadas a empresas en crisis y
prejubilaciones. Aún así, el Gobierno andaluz ha ido incorporando modificaciones para
la mejora del procedimiento en los últimos años. Es falso también que no haya
controles. La propia Intervención General de la Junta de Andalucía, que apuntó la
recomendación de mejoras no vinculantes (luego, procedimiento administrativo había)
demostró, en una auditoría interna hecha sobre 20 EREs, que no había ningún tipo de
irregularidades y que, en consecuencia, el procedimiento funcionaba con normalidad.

¿Fraude generalizado? Es falso. No hay fraude generalizado. Existen irregularidades
puntuales. Los presupuestos aprobados por el Parlamento para empresas en crisis
asciende a 641 M€ no a 1.400 M€.
¿El Gobierno andaluz obstaculiza la Justicia? Es falso. Todo lo contrario. Fue el
primero en denunciar. Y lo sigue haciendo. Está colaborando con la Justicia desde el
primer momento. Ha remitido a los tribunales documentación que incluso no había sido
requerida y ha abierto distintos procedimientos de investigación internos en paralelo.
Las 37 irregularidades detectadas en 30 de los 45 EREs vivos están en manos de la
Justicia. El Gobierno andaluz va a seguir colaborando, caiga quien caiga, para que
paguen quienes hayan cometido alguna acción delictiva.
¿El Gobierno andaluz impide la investigación? Es falso. Ha abierto varias
investigaciones internar y está colaborando con la investigación judicial. Muy al
contrario de lo que hace el PP donde gobierna, que arremete contra jueces, fiscales y
policía cuando investiga casos de corrupción en su partido y en sus gobiernos
autonómicos y municipales. El Gobierno andaluz no mira para otro lado. No impide la
investigación, la solicita, pero entiende que debe ser rigurosa y no partidista. El
Gobierno andaluz ha pedido la fiscalización de todos los EREs entre 2001 y 2009 a la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
¿Uso fraudulento de fondos europeos? Es falso. Los presupuestos para empresas
en crisis, como ha quedado demostrado, se aprueban en el Parlamento andaluz cada
año. No se destinan los fondos europeos para la financiación de EREs.
¿Los EREs carecen de Inspección de Trabajo? Es falso. Todos los expedientes de
regulación de empleo cuentan con el informe de la Inspección de Trabajo.

Pues es cierto, hay un personaje que se cree dueno del sol que alumbra y la tierra que pisa: el alcalde de Marinaleda.

Y tranquila... dejemos que tiren de la manta. Que tiren. Que el que escupe para arriba...

Y al igual que al PP le va a pasar a CCOO, pues ya tienen antecedentes.

Diamantina "en bruto" solo tienes que buscar en google y sorprendete de tu sindi. Y reitero, mas robo y fraude es abonar la nomina con dinero publico de algunos que trabajan para entes locales y encima que la mayoria no han conseguido su puesto por oposicion robandole la oportunidad a otros.

Y reitero, mas robo y fraude es abonar la nomina con dinero publico de algunos que trabajan para entes locales y encima que la mayoria no han conseguido su puesto por oposicion robandole la oportunidad a otros.

Eso es precisamente lo que está haciendo la PSOE