Montemayor - Cordoba

Hace aproximadamente una hora, facebook ha censurado todas las publicaciones de Pravda Internacional en Facebook. Nueva acción de censura contra las publicaciones independientes, que muestra la mano siniestra de los estados capitalistas.

Políticos y oligarcas vaciaron sus depósitos de Chipre antes del corralito

La oposición chipriota exige revelar la identidad de los depositantes que liquidaron sus cuentas antes del corralito.

La polémica está servida. En la madrugada del pasado sábado, cuando el Gobierno de Chipre acordó con el Eurogrupo la polémica quita sobre los depósitos del país, las autoridades de Nicosia decretaron la congelación de las transferencias bancarias, iniciando así un estricto control de capitales cuyo fin de momento no se vislumbra. Asimismo, durante el fin de semana, en un movimiento inédito hasta ahora en la zona euro, Chipre anunció el inicio del corralito, es decir, el cierre de las entidades financieras para evitar que los ahorradores retiren masivamente sus depósitos, lo que se conoce comúnmente como pánico bancario.

Sin embargo, algunos ya estaban alertados de lo que se avecinaba. Según la prensa chipriota, políticos, funcionarios, familiares y allegados al Gobierno sacaron su dinero del país pocos días antes de que se decretara el corralito. En concreto, se estima que unos 4.500 millones de euros fueron retirados de las cuentas bancarias durante la semana pasada.
Se sospecha que el ámbito más cercano al poder público fue alertado de lo que iba a acontecer en el país. Hasta tal punto es así que los partidos de la oposición exigieron el martes, durante la trascendental votación sobre el rescate del país, que el Gobierno publique la lista de personas y empresas que liquidaron sus cuentas bancarias al menos diez días antes de decretarse el corralito.
Además de los políticos chipriotas, la filtración también llegó a oídos de algunos oligarcas rusos. Diversas informaciones apuntan a que las grandes fortunas rusas habrían retirado cerca de 2.000 millones de euros de los bancos chipriotas poco antes de adoptarse la medida.
Aunque no existen cifras oficiales al respecto, fuentes financieras señalaron que la inédita aplicación de una quita a los depositantes “se filtró. Los banqueros advirtieron a sus mejores clientes y los funcionarios del Gobierno advirtieron a sus amigos y familiares”. Como consecuencia, “miles de millones desaparecieron de las cuentas en pocos días”.
Según los últimos datos oficiales, el volumen total de depósitos en Chipre rondaba los 68.000 millones de euros a finales del pasado enero. De esta cuantía, 43.000 millones pertenecen a los residentes chipriotas, otros 5.000 a ahorradores de otros países de la zona euro y unos 21.000 millones procedentes de otros países, principalmente Rusia.

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Cayo Lara cree que IU-Andalucía no está por romper el pacto con PSOE por los ERE .

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha señalado hoy que corresponde a la Federación de Andalucía decidir si sigue apoyando al PSOE en el Gobierno andaluz tras las últimas acciones judiciales en el caso de los ERE fraudulentos, pero que cree que hoy por hoy no están "por romper el pacto" de Gobierno.
Lara, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha admitido que el PSOE tiene un problema muy grave, que tiene que pagar con responsabilidades penales y políticas, pero que si eso "es suficiente o no" para que romper el acuerdo de Gobierno en Andalucía, es una decisión que tendrá que adoptar la organización andaluza.

El líder de IU no ha querido hacer ninguna "injerencia" en la decisión que puedan adoptar sus compañeros en Andalucía ante lo que ha calificado como "una situación de corrupción gravísima", pero sí ha dicho que su partido ha cumplido con su parte, con su obligación y su compromiso electoral.
"Nosotros hemos condenado los hechos desde el minuto cero", ha dicho Lara tras recordar que el documento de conclusiones que salió de la comisión de investigación que estudio los hechos en Andalucía fue vetado por PP y PSOE.
Asimismo, ha insistido en que de momento se están dirimiendo las responsabilidades penales y ha presupuesto que las políticas "irán aparejadas" cuando se diluyan las primeras, aunque ha reiterado que compete a la Federación de IU en Andalucía tomar la decisión sobre el pacto de Gobierno.
En cualquier caso, ha recordado que los andaluces han decidido en las urnas qué gobierno quieren y han decidido que "no querían gobernando al PP".

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Políticas capitalistas disparan la desigualdad social en España .

Las políticas capitalistas han provocado un aumento de la desigualdad social en España, de manera que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas se ha incrementado un 30 por ciento desde 2006, según el último informe de Cáritas “Desigualdad y Derechos Sociales”.
Desde 2006, los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5 por ciento en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.
Esto ha provocado un incremento del 30 por ciento entre la distancia que separa a las rentas más altas y las más bajas, de manera que en España los más ricos ganan siete veces más que los más pobres.
Se trata de uno de los indicadores de desigualdad “más altos” de la Unión Europea, según el informe de Cáritas, que alerta del riesgo de “fragmentación social”.
“Las consecuencias están siendo especialmente sangrantes para los más pobres”, ha lamentado durante la presentación del informe el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, que ha subrayado que más del 41 por ciento de las familias con tres hijos vive bajo el umbral de la pobreza y el 16 por ciento sufre “pobreza severa”.
Según ha explicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, la caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral de pobreza descienda desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012.
“Esta merma indica un empobrecimiento medio de la sociedad”, de manera que un 26,8 por ciento de los españoles vive en situación de pobreza y exclusión social.
Más graves son los datos que hablan de la pobreza severa. Así, el número de hogares sin ingresos pasó de algo más de 300.000 en 2007 a más de 630.000 en 2012 y el porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasó del 30 al 44,5 por ciento.
El informe de Cáritas ha analizado el comportamiento de la renta per cápita de lo españoles, que arroja cifras muy similares a las que existían hace más de diez años, lo que, según Lorenzo, permite hablar de una “década perdida”.
En este sentido, ha explicado que la renta de 18.500 euros que de media recibieron los españoles en 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que existía en 2001 y desde 2007 la renta media ha caído un 4 por ciento, mientras que los precios se han incrementado en un 10 por ciento.
Así, durante 2012 el mercado de trabajo registró los “peores resultados” tras el fin de la dictadura franquista, con una tasa de paro superior al 26 por ciento, dos veces y media más alta que el promedio de la UE-27 y diez puntos superior a la de Portugal e Irlanda.
El informe destaca, además, la tasa de paro del 55 por ciento para los menores de 25 años, “que no tiene parangón alguno en los países de nuestro entorno” y el alto porcentaje -55 por ciento- de desempleados que en 2012 llevaban en tal situación más de un año.
Subraya, asimismo, que la tasa de paro de la persona principal del hogar ha pasado del 6 al 21,4 por ciento en 2012 y el porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5 al 10,6 por ciento, pasando de 380.000 hogares antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012.
“Si hace 5 años estábamos a la cabeza de Europa en la generación de empleo, trabajar hoy no es ya un derecho, sino que parece haberse convertido en un privilegio”, ha lamentado Lorenzo.
También se ha referido al efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido algunos de los cambios en las prestaciones sociales como la reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo, las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos.
“Los recortes en algunos bienes básicos, la reducción de las cuantías de algunas prestaciones y la exclusión del acceso de grupos de ciudadanos a servicios elementales han introducido niveles de fragmentación social cuya reducción costó varias décadas y grandes acuerdos sociales”, ha subrayado.

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Sindicalista de UGT cobraba 600000 euros por cada ERE .

El exSecretario General de la Federación de Alimentación de UGT y "conseguidor de las subvenciones" Juan Lanzas, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, cobraba hasta 600.000 euros por cada ERE "en dinero 'b', en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros".

Lo desvela el que fuera abogado de José María Ruiz Mateos durante más de 28 años.
Según consta en su acta de declaración como testigo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el propio Ruiz Mateos le comentó que "le habían presentado un conseguidor para facilitar los trámites de la aprobación de los ERE", y que esta persona --Lanzas-- "se encargaba de que, en escasos meses, los ERE fueran aprobados", de manera que le encargaron un total de cinco correspondientes al Hotel Cervantes, Garvey --dos--, Zoido Ruiz Mateos S.L. y Dhul S.L. en Granada.
El abogado Joaquín Yvancos declaró ante la Guardia Civil el pasado día 2 de febrero de 2012, y en su comparecencia desveló cómo "llegó a su conocimiento" que Juan Lanzas "tenía una tarifa de 100 millones de pesetas --600.000 euros-- por cada ERE, independientemente del tamaño, y que cada compañía era la responsable de haber hecho el pago a Lanzas, excepto el Hotel Cervantes, que se hacía directamente desde Somosaguas (Madrid), en el domicilio de la familia Ruiz-Mateos".
Según le comentaron al propio testigo, "todos los pagos se hacían en 'b', en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros", y que debían procurar que fueran siempre en billetes de 500 euros", añadiendo que "estos sobres los pasaba a retirar personalmente Lanzas o la que decía era su compañera", de la que dijo desconocer su nombre.
Así, precisó que, por los cinco expedientes tramitados, "se le debía a Lanzas un pago en concepto de comisiones de aproximadamente tres millones, de los cuales cobró la mitad".
Tras reconocer que "jamás ha visto personalmente un pago" al exsindicalista, dijo que, tras tener conocimiento de ellos, "indicó a todos los directivos que procedieran a regularizar las cantidades en 'b' antes de presentar el concurso, haciendo las declaraciones complementarias que tuvieran que hacerse, ya que la responsabilidadpasaría a ser de ellos y era la forma que tenían de salvarla".
Pagos directos
En relación a las distintas compañías de Andalucía, el testigo aseguró que los pagos "los hacían los directores de cada una de ellas", precisando que en el caso de Jerez "el aporte de los fondos para rellenar los sobres se hacían a través del banquito que existía allí", según consta en la declaración incluida en el atestado ampliatorio del ERE de Aglomerados Morell aportado por la Benemérita.
El testigo desveló también que, "en una ocasión, en una de las visitas de Lanzas a la vivienda de Somosaguas, se lo presentaron como el hombre que resolvía todos los problemas y que arregla todas las cosas de Andalucía", mientras que "en otra ocasión le presentaron a Gaspar Zarrías, indicándole que les había pedido ayuda para hacerse cargo de la antigua Cárnicas de Jaén".
También afirmó que "otro punto concreto" donde intervinieron Juan Lanzas "y un alto funcionario" de la Junta "vinculado a la familia", que "cree que se trata del marido de una de las hijas" de Ruiz-Mateos, fue la operación de compra-venta de una compañía corchera.
Aglomerados Morell y Río Grande
El abogado puso de manifiesto que Ruiz-Mateos "presentó como conseguidor a Lanzas a otras personas, entre ellas al dueño de Aglomerados Morell y a una mujer propietaria de un restaurante muy famoso en Sevilla sito cerca de la Torre del Oro --en referencia a Río Grande--, los cuales solicitaron ayudas a la Junta".
Por último, precisó que las reuniones entre Lanzas y la familia Ruiz-Mateos se celebraron en el domicilio de Somosaguas, aunque en las mismas "nunca ha visto a nadie de la Junta", no obstante "cree que sí había gente" de la Administración autonómica.

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Trama de los ERES: La juez detecta pagos de la trama a UGT y CCOO por más de cuatro millones .

La juez que investiga los ERE fraudulentos afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
En los autos de prisión, a los que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya dice que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero-encarcelado el miércoles- se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".
La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
Pago a los sindicatos CCOO y UGT

En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15 por ciento" a las de mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que fue encarcelado a las 7.00 horas de hoy, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado hoy- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
La Junta, consentidora

La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.
"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables", añade la juez.
Alaya ha dictado prisión en las últimas horas para Juan Lanzas, Antonio Albarracín y Francisco Javier Guerrero, y en las próximas horas va a tomar declaración a ocho personas que permanecen detenidas desde el miércoles.
Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones.

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