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Todas las CC AA gobernadas por el PP aplican esta ley, aprobada en 1990 y bendecida por el Supremo

Cospedal anula el complemento de los exaltos cargos del PSOE, pero ella mantiene el privilegio de sus trienios

CARLOS ISERTE/TOLEDO | 28/octubre/2012


En Castilla-La Mancha es difícil predecir qué ocurrencia llevará María Dolores Cospedal a la reunión de su próximo Consejo de Gobierno. Lindeza, eso sí, que tiene como único objetivo dañar la economía de la oposición, retirándoles el sueldo a sus diputados, reduciendo su asignación presupuestaria o suprimiendo el complemento que por Ley le corresponden a los exaltos cargos que han trabajado en la Administración regional, mientras que ella, y muchos de los dirigentes del PP, cobran importantes cantidades por el mero hecho de ser funcionarios en excedencia.


Al margen de su acierto o no, el caso es que el 27 de diciembre de 1990 se aprobaba una ley, avalada por el Tribunal Supremo cuatro años después, que concedía un complemento a todos los funcionarios que ocuparan durante un tiempo determinado el cargo de director general o similar, lógicamente cada Comunidad Autónoma adaptó y sancionó una ley idéntica para no caer en la discriminación. Pues bien, María Dolores Cospedal ha decidido ahora suprimir ese “privilegio”, que, claro está, solo corresponde a los exaltos cargos del PSOE, en aras de la austeridad y del ahorro, dicen en el PP, quienes han “escuchado a unos ciudadanos que no entienden que los políticos tengan determinados privilegios una vez que dejan de serlo”, comentario textual del portavoz adjunto de la derecha castellano-manchega, Miguel Ángel Rodríguez. Como es lógico, los afectados han recurrido a los tribunales, lo que les ha convertido en la diana de las críticas de la órbita mediática del Partido Popular.

Primer privilegio: 3.542,58 euros de Cospedal

Según el portavoz Rodríguez, es un “privilegio” que un exalto cargo de vuelta a su trabajo a la Administración cobre 223,47, o 300 euros al mes porque por Ley ha consolidado su nivel dentro de la función pública, como así sucede en la totalidad de las Comunidades Autónomas y en el Gobierno central, pero no es una prerrogativa extraordinaria que su jefa María Dolores Cospedal ingrese 3.542,58 euros por su condición de exabogada del Estado, cuyo despacho no pisa desde hace varios lustros, pero, sin embargo, le computa como antigüedad y cobra todos los meses por ello, mientras que muchos parados de su región no tienen un euro que llevarse al bolsillo.

Segundo privilegio: 6.568,10 euros de García-Tizón

Para el PP 300 euros es un privilegio para un exalto cargo que ha dejado de serlo, pero nunca par al pluriempleado presidente de la Diputación de Toledo, diputado nacional, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, máximo responsable del PP toledano y concejal en el mismo Ayuntamiento, Arturo García-Tizón, que todos los años añade a su abultada nómina, que bien podría superar los 80.000 euros, otros 6.568,10 por su condición de abogado del Estado en excedencia; pero eso no es un “privilegio”, es un “derecho” para los conservadores castellano-manchegos.

Tercer privilegio: 6.031 euros de Riolobos

Como tampoco es un privilegio que la senadora toledana Carmen Riolobos, popular donde las haya por su deslenguado verbo, que ya le ha valido una querella por injurias al presidente de la Diputación de Ciudad Real, el socialista Nemesio de Lara; decimos que la también portavoz del PP de Castilla-La Mancha se embolsa todos los años lo que muchas mujeres quisieran para sí como sueldo fijo, y es que Riolobos cobra 6.031 euros por ser funcionaria en excedencia, pero claro, ella es del Partido Popular y no del PSOE.

Cuarto privilegio: 4.907,61 euros de Quintanilla

Un tanto de lo mismo sucede con la diputada del PP por Ciudad Real, María del Carmen Quintanilla, que a su sueldo mensual de 6.072,04 euros, le añade otro anual de 4.097,61 por ser una privilegiada exfuncionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que desde más de diez años está en excedencia.

Dos “privilegiados” en la Corte de Cospedal

Pero si a todos estos privilegios, que se pueden comprobar en la declaración de bienes del Congreso, Senado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, le sumamos que el anterior consejero de Hacienda, Diego Valle, reconocía en su currículum un “nivel 30 consolidado desde el 1 de enero de 1987, ocupándolo ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 1985. Nivel de complemento de destino de Director General, reconocido”, dice textualmente, amén de su actual consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, profesora en excedencia de la UCLM, entonces, entramos en serias contradicciones que dejan al Gobierno de Cospedal a los pies de la demagogia.

Cospedal y su teoría de los "sacrificios" y la austeridad ajena.....