Iznájar - Cordoba

La juez que investiga los ERE fraudulentos (Expedientes de Regulación de Empleo), Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril.

La fianza a Fernández ha sido notificada hoy a las partes y responde a la petición hecha por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que fijaron dicha cantidad en 890 millones de euros.

La fianza es para cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones, han precisado las fuentes.

La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado desde el 9 de marzo.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la libertad solicitada por Antonio Fernández por su riesgo de fuga y de que intente "entorpecer el buen fin de la investigación". Mercedes Alaya ordenó contra él prisión comunicada y sin fianza después de cuatro días de interrogatorio a finales de abril.

La Fiscalía considera "importante y decisiva" la participación de Fernández en los hechos investigados. El ex consejero se enfrenta a elevadas peticiones de penas de prisión, que en el caso de la malversación continuada de fondos públicos podría llegar a los 18 años. Además, los delitos continuados de prevaricación, así como los de cohecho y falsedad documental superan las penas de dos años de prisión cada uno.

Según la Fiscalía, en caso de quedar libre Fernández podría intentar fugarse para "eludir sus futuras responsabilidades con la Justicia" y podría entorpecer el buen fin de la investigación, que "está aún en una fase inicial", debido a su "evidente capacidad de influencia sobre otros imputados y testigos".

El abogado de Fernández, por el contrario, alega que "ha colaborado plenamente" con la Justicia y que no hay "dato objetivo alguno" que permita sospechar que vaya a fugarse, dado que fue llamado a declarar 13 meses después de ser imputado. Este caso por las ayudas de la Junta deriva del llamado caso Mercasevilla, que fue Fernández quien primero denunció a la Fiscalía, según el recurso.