Hornachuelos - Cordoba

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez firmó en 2001, 2002 y 2003 ayudas a empresas presuntamente utilizadas en prejubilaciones falsas en Andalucía, según consta en la querella presentada ayer por el PP-A a la que ha tenido acceso El Confidencial.



En los PAIF (Programas de Actuación, Inversión y Financiación) de la Junta de Andalucía no figura información alguna referente a ayudas de empresas en crisis, ni para prejubilaciones de trabajadores afectados por EREs. Sin embargo, en el PAIF del ejercicio de 2004 en la memoria que hace referencia a la liquidación de 2002 se cita expresamente las modificaciones presupuestarias destinadas a estas compañías.



“Durante el ejercicio el Instituto [IFA, actual IDEA] gestionó un volumen creciente de recursos procedentes de convenios suscritos con diferentes direcciones generales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que no encontrándose previstas inicialmente, fueron objeto de las preceptivas modificaciones presupuestarias”, explica la querella.



Como ya informó este diario el pasado 10 de marzo, el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves incumplió las recomendaciones internas de control de subvenciones. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a la Consejería de Empleo.



En el caso de las ayudas firmadas por Magdalena Álvarez en su etapa de consejera de Economía y Hacienda de la Junta, el PAIF de 2001 recoge 3,3 millones de euros en el haber del presupuesto de explotación como previsión de ingresos por subvenciones de explotación procedentes de la Junta de Andalucía. El PAIF del ejercicio 2002 incluye como avance de la liquidación del 2001 una cuantía de 20,8 millones, pero en el PAIF de 2003 la liquidación que se incluye en el documento presupuesto de explotación relativa a las transferencias de explotación del ejercicio 2001 es de 0 euros.



De 0 euros a 72 millones



La denuncia del PP especifica que para la confirmación de estas cifras se “ha revisado” la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo que reflejan unas “previsiones iniciales de 0 euros y unas previsiones definitivas y obligaciones reconocidas ambas por un importe de 72, 2 millones de euros”.



La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía pone de manifiesto que el IFA recibió en el ejercicio de 2001 unas transferencias en materia de Relaciones Laborales por importe de 72,2 millones de euros. Eso sí, no se incluye en la memoria referencia alguna a la firma del convenio marco con la Consejería de Empleo ni a actuaciones por parte del IFA en materia de Relaciones Laborales.



En el ejercicio 2002 se continuó con idéntico modus operandi. En el presupuesto de explotación se incluye como previsión para el ejercicio 2002 de un total de 56 millones de euros. El PAIF del ejercicio 2003 incluye como avance de la liquidación del 2002 una cuantía de 56, 3 millones, pero en el PAIF de 2004 la liquidación que se incluye en el documento presupuesto de explotación relativa a las transferencias de explotación del ejercicio 2002 es de 20 millones.



La confirmación de estas cifras con la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo pone de manifiesto unas “importantes diferencias” ya que las previsiones iniciales ascienden a 34,3 millones y las previsiones definitivas y las obligaciones reconocidas a 66,5 millones.



Diferencias presupuestarias



Es decir, la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía pone de manifiesto que el IFA recibió en el ejercicio de 2002 unas transferencias en materia de Relaciones Laborales por importe de 66,5 millones. La diferencia con respecto a la liquidación reflejada en el PAIF 2004 es de 46,4 millones.



En el cuadro de Fuentes de Financiación a recibir de la Junta de Andalucía relativo a las transferencias de explotación se incluyen 28, 9 millones bajo el epígrafe de “Reestructuración del sector industrial” y cuya aplicación es para “Ayudas a las empresas industriales, comerciales y de servicios”. El total de transferencias corrientes recibidas por el IFA, que refleja este cuadro, asciende a 30,2 millones de euros.



El PAIF del 2003 detalla en el cuadro de Fuentes de Financiación a recibir de la Junta de Andalucía relativo a las transferencias de explotación la partida de la que se recibe la transferencia y el concepto de aplicación de la transferencia. “En este caso, la transferencia del programa 31L se aplicará para relaciones laborales y fomento de la minería. Por un importe de 55,6 millones de euros, importe coincidente con la cifra que recoge la liquidación presupuestaria de la Consejería de Empleo”, figura en la querella.



Según la denuncia del PP, en el PAIF del ejercicio 2005 se refleja la liquidación de 2003 que incluye como transferencia de financiación de explotación un importe de 28,5 millones de euros, “cifra muy inferior que la reflejada en la liquidación de la Consejería de Empleo”.



En el PAIF de 2004 en el que se detalla el avance de la liquidación del año 2003 que se incluye en la memoria dice textualmente: “El Instituto ha gestionado recursos procedentes de Convenios suscritos con diferentes Direcciones Generales tendentes por un lado a propiciar el desarrollo de empresas y entes locales y, por otro, a facilitar la organización y funcionamiento del recientemente creado Servicio Andaluz de Empleo (SAE) organismo que ejecutará las competencias en materia de políticas activas de empleo transferidas en 2003”.

Y luego niegan que Andalucia haya sido su "cortijo" durante 30 años.
Parece ser que por suerte, el cortijo cambiará de administradores, esperemos que se note la mejoría.

silos fraudes del cortijo salen a la luz con los mismos señoritos......
ay madre si cambia de señoritos
k nos espera

deverda que aveses los pueblos olvidan su pasado,señoritos cuales son esos que travajando superan los 20 quilometros que separan hornachuelos de cordoba y cuando vuerven los fines de semana dicen jolines siempren estan los mismos perros con distintos collares.aveses creo que no osdais cuenta que señoritos sois todos los que de seais tener esas cosas que ellos tienen deceais de todo lo no conseguido que se pueden conseguir viendo y travajando y no esperando que el resto de vuestras vidas este vijilada por los mismos y solo deseais aser la misma funcion que ellos an echo en los años pasados precentes y por desgracia futuro.haora como ciempre me tachais de insurtador.vonito es echar la curpa al mensajero.saludos.

Es una vergüenza. Estamos luchando contra el sistema”, explican fuentes jurídicas cercanas a la investigación del fraude de los ERE de Andalucía. “Sólo una oficial trabaja en la investigación. Tiene sobre su mesa más de 4.500 vidas laborales que debe revisar. Está claro que el objetivo es que la instrucción no avance”, denuncian esas mismas fuentes.

La única facilidad que le han dado hasta ahora a la oficial del juzgado número 6 de Sevilla que investiga la causa contra la Junta de Andalucía por el escándalo del fondo de reptiles es habilitarle un despacho con siete armarios en los que ir clasificando la inmensa documentación que obra ya en manos de la magistrada Mercedes Alaya.

Presiones

“Gracias a la solidaridad de los compañeros del juzgado está trasladando a otros funcionarios la documentación del resto de asuntos que tenía asignados. Pero es imposible que una única persona pueda llevar en solitario un caso de esta envergadura”, informan fuentes del juzgado. La otra gran queja que lanzan los funcionarios cercanos a la juez Alaya es que la instructora está recibiendo demasiada presión.

A pesar de los obstáculos que afirman está poniendo la Junta de Andalucía para frenar el avance de la investigación, fuentes judiciales aseguran que “la gran noticia se producirá tarde o temprano, y, si todo va según lo previsto, José Antonio Griñán y Manuel Chaves tendrán que ser llamados a testificar” por el escándalo más grave que ha salpicado a la Junta.

Tras el auto dictado por la magistrada, y notificado el miércoles a la Administración andaluza, en el que se requería al Gobierno de Griñán que envíe toda la información al juzgado antes de 48 horas, el consejero de Empleo regional aseguró ayer que la Junta había comenzado ya a remitir la información de los ERE a la magistrada. Sin embargo, el consejero Manolo Recio no aclaró si, como le ha solicitado la juez Alaya, la Junta pueden explicar porqué el Ejecutivo de Chaves, y luego de Griñán, desoyó las advertencias de la Intervención General sobre el incumplimiento de la ley por la falta de publicidad de sus adjudicaciones.

A pesar de esa supuesta buena voluntad para colaborar con la Justicia del Ejecutivo andaluz, el consejero Recio lanzó ayer un dardo envenenado a la juez al asegurar que “si se mira toda la documentación” sus cuentas sobre el número de intrusos existentes en los ERE coincidirá con la lista elaborada por los funcionarios de la Junta.

Nuevo método

Por su parte, José Antonio Griñán intentó ayer contrarrestar el toque de atención dado por la juez con un anuncio. El presidente andaluz avanzó que su Ejecutivo va a poner en marcha “un dispositivo especial” para canalizar todas las solicitudes de información planteadas por la magistrada que, entre otras muchas cosas, exige a la Junta que le remita todas las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno desde el año 2001.

Según la consejera de Presidencia andaluza, Mar Moreno, el Ejecutivo regional ya ha trasladado al juzgado número 6 de Sevilla más de 55.000 folios con documentación.

Para eso ase farta tener conocimiento y ati ta ase farta tener un poquito mas solo viven los sinverguensas en cuviertos y para eso ase farta aprender pues tu eres un sinverguensa que cada dia teda la luz que no te mereses.poreso aguanterte toca.y lodejo a tu elecion que lo difinas fullero.

Como no , los sindicatos llenos de mierd.....

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía e imputado en el caso de los ERE irregulares, decía recientemente en una entrevista concedida a un medio de comunicación que el papel de los sindicatos en el reparto del fondo de reptiles fue “superimportante, porque han sido los que más han utilizado este sistema”, y añadía: “Aunque ahora todo el mundo pegue el culo a la pared”.

Uno de los ERE en el que la actuación de los sindicatos ha generado más dudas es el de Minas de Riotinto, caracterizado por la modificación de los expedientes laborales de los trabajadores de manera que pudieran hacerse con el máximo de la renta permitida en sus prejubilaciones. Por su falsa intermediación en la preparación de ese ERE, la correduría Ingotor se embolsó seis millones de euros en comisiones por orden de la Junta de Andalucía consignada por escrito.

Ingotor a su vez transfirió 589.383,99 euros a CC OO y UGT entre 2003 y 2004, una vez que recibió las primas por una actuación de intermediación que en su lugar y al menos oficialmente, realizó Vitalia. Este importe corresponde al 0,5% del coste total del ERE de Minas de Riotinto, que ascendió a 90 millones de euros sacados del fondo de reptiles de la Junta de Andalucía.

Las cantidades se distribuyeron en cuatro pagos y tuvieron como destinatarios a Asesoramiento en Seguros (ASP), Atlantis Asesores e ITG. Las dos primeras son corredurías de seguros en las que los máximos accionistas son los sindicatos; la tercera es una empresa que ofrece servicios administrativos y detrás de la que se esconde UGT de Cataluña. En este singular reparto de dinero, Asesoramiento en Seguros y Previsión, Correduría de Seguros (ASP), cobró 394.047,56 euros; le siguió Atlantis Asesores, que recibió un ingreso de 105.184,61 euros, y finalmente ITG con 90.151,82 euros. ASP es la aseguradora de UGT, el mismo sindicato en el que milita Manuel Chaves desde la década de los sesenta.

En 2006 vendió el 80% de su aseguradora a Atlantis, de la que adquirió a su vez el 5%. Y por su parte CC OO ya poseía el 5% de las acciones de la multinacional Atlantis y el 100% de la división Atlantis Asesores. De esta manera ambos sindicatos mayoritarios están en el rentable negocio de las aseguradoras y también en el de la gestión de las prejubilaciones.

El consejero delegado de ASP es Fermín Bretón, antiguo consejero de Unial, la aseguradora de UGT liquidada en 1995. Le siguen en la dirección miembros de la comisión ejecutiva confederal de UGT: Antonio Ferrer Sais, también consejero de Atlantis y secretario de acción sindical, y José Javier Cubillo, secretario confederal de Organización y Comunicación del mismo sindicato.

De la actual dirección de ASP llama la atención la permanencia en el consejo de administración de Fermín Bretón, uno de los cinco imputados en el caso PSV, la cooperativa Promoción Social de Viviendas avalada por UGT: en 1994 se admitió una querella contra los responsables de PSV y de UGT por los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida.

El fiscal anticorrupción Vicente González de la Mota consideró que los acusados se apropiaron de los fondos destinados a la construcción de viviendas, destinándolos a financiar a UGT. Los acusados eran Paulino Barrabés, Carlos Sotos, Fermín Bretón, Francisco Hernández García y Sebastián Reyna.

De ellos, los cuatro últimos han pertenecido o pertenecen en la actualidad a la junta directiva de ASP, la misma a la que la intermediadora fantasma, Ingotor, transfirió 394.047,56 euros entre 2003 y 2004.

Más cuantía

El 20 de octubre de 1998 y en referencia al caso PSV, un diario nacional explicaba que Barrabés y Sotos, en representación de UGT y de una gestora respectivamente, “firmaron un documento privado fechado el 24 de junio de 1998, por el que el sindicato UGT percibía 80.000 pesetas por cada vivienda promocionada de PSV […] en virtud de este acuerdo, UGT se financió en la cantidad de 1.080 millones de pesetas”. Esto es 6.490,93 euros, cantidad similar a la cobrada de la Junta de Andalucía por la actuación presuntamente inexistente de la correduría Ingotor.

Respecto al caso PSV, la Sala Penal del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que eximió en 2003 a UGT del pago de 78,13 millones de euros a los cooperativistas en concepto de indemnización por daños y perjuicios y confirmó la condena de dos años y cuatro meses de prisión al director de PSV, Carlos Sotos.

Más de seis millones por trabajos no hechos

Las irregularidades en la tramitación de los ERE de Andalucía no sólo hacen referencia a la inclusión en ellos de personas sin derecho a cobrar las prestaciones por desempleo, o el manejo de un ‘fondo de reptiles’ de 650 millones de euros ajeno en apariencia a las nomas que rigen la transparencia de las subvenciones.

las supuestas ilegalidades también se extienden al cobro de comisiones por corredurías de seguros que presuntamente no han colaborado en modo alguno en la elaboración de las condiciones de esos ERE. Así, Ingotor se embolsó 2.403.570,83 euros en 2003, gracias a dos ingresos del Grupo Generali, que obedecía órdenes directas de pago procedentes de la Junta de Andalucía y consignadas por escrito. al año siguiente y procedente del mismo grupo, la correduría Ingotor recibía otros dos ingresos que sumaron 3.750.405,02 euros. Se seguía al pie de la letra el texto de la misiva firmada por Guerrero.

Así son mis sindicatos de clase!!!!!
Mirando por los trabajadores,jajajajajaja