El jefe Supremo que tiemble!!! EL PROXIMO PUEDE SER EL Y ELLA. MONTALBAN El ministerio fiscal ha solicitado penas que suman 18 años y ocho meses de cárcel para el exalcalde socialista de Montalbán, Florencio Ruz, como presunto autor de 16 delitos de prevaricación cometidos durante su mandato. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, desde junio del 2003 hasta junio del 2007, el acusado se habría "dedicado a dictar resoluciones y decretos por los que se concedía licencia para construir viviendas, naves y otras construcciones a determinados promotores, a sabiendas de su ilegalidad, pues se realizaban en suelo no urbanizable". Además, según el escrito, supuestamente lo hacía pese a que "en los expedientes constaba de forma fehaciente el informe desfavorable tanto de los arquitectos como de los servicios jurídicos" del Ayuntamiento de Montalbán. Además de la pena de cárcel --un año y dos meses de prisión por cada uno de los 16 delitos--, el fiscal solicita que se le impongan 16 meses de multa a razón de ocho euros diarios e inhabilitación especial durante ocho años para empleo o cargo público, igualmente por cada uno de los delitos de los que se le acusa. El fiscal relaciona en su escrito cada uno de los 16 expedientes, que se refieren, entre otros, a proyectos de naves para una freiduría de patatas, para la crianza de ovejas, para cuadra de caballos, para el almacenamiento de aperos de labranza o proyectos que aunque solicitados para construir una nave acabaron convirtiéndose en viviendas unifamiliares. En todos los casos hay informe de la secretaría general del Ayuntamiento alertando de que a la vista de los informes técnicos no debe concederse licencia urbanística. FUENTE PALMERA El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación a Antonio Guisado (PSOE) exalcalde de Fuente Palmera (Córdoba) por retirar de la caja municipal 18.530 euros para su provecho y también porque repartió préstamos sin justificar entre los vecinos. La sentencia considera probado que Guisado fue alcalde de la población cordobesa desde 1987 y hasta 2003, período durante el cual se apropió en su beneficio de 18.530 euro, al tiempo que la concejal María Isabel Ostos (que ejerció el cargo desde 1989 a 2003 y resulta condenada a un año y medio de prisión por los mismos delitos) se quedó con 10.268 euros. Ambos deberán devolver estas cantidades al municipio, que al final de su mandato presentaba una deuda de 10 millones de euros. Junto a ello, ambos políticos repartieron, durante los años en que ejercieron su responsabilidad pública (entre 1987 y 2003), decenas de préstamos a vecinos del municipio disponiendo de dinero de la Tesorería pública "sin justificación alguna en la contabilidad del Ayuntamiento" y por cantidades que iban desde las decenas a los centenares de miles de pesetas, la moneda en curso durante esos años. El secretario y exinterventor municipal, que se apropió de un total de 48.116 euros, resulta condenado a tres años de cárcel por malversación. El tribunal rechaza el recurso del exinterventor pidiendo que se le aplicara la atenuante de dilaciones indebidas en el grado de muy cualificada, pues aunque sí existió el retraso, considera que en parte fue causado por el entorpecimiento a la acción de la Justicia que el propio funcionario provocó. En su sentencia el Supremo califica de "insostenible" que el alcalde, un concejal y un secretario del Ayuntamiento recibiesen cantidades en metálico de la Corporación sin necesidad alguna de dar justificación, al menos posterior. Sobre el dinero que se prestó a los vecinos el Supremo señala que se trata de "una desviación clara de poder", ya que una administración pública "no puede prestar dinero municipal a algunos vecinos sin sujeción a regla o procedimiento administrativo alguno".
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