Hinojosa del Duque - Cordoba

Como diría la prensa conservadora si no se tratara de quien se trata, el suegro de Javier Arenas cobró 120.000 euros del dinero de los parados andaluces. El auto dictado el pasado 14 de marzo por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas de casi 120.000 euros cobradas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público" por orden del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde la semana pasada.

Cuando, en abril de 2011, aparecieron las primeras noticias de esos cobros, Luis Olivencia, cuñado de Arenas y director actual del bufete, declaró: "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar". Sin embargo, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, había declarado imprudentemente sólo unas semanas antes: "El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE".

La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, defendió entonces la legalidad de ese pago de 120.000 euros, aunque consideró "lamentable" que el PP se dedicara a descalificar el conjunto de los 647 millones destinados a ayudas sociolaborales, perjudicando así la honorabilidad de cientos de empresas, instituciones y personas, con acusaciones "falsas e irresponsables".

En este auto judicial -de diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias de Guerrero por su irregular gestión de los fondos públicos- la jueza que investiga los ERE fraudulentos alude textualmente a "facturas de asesoramiento a empresas (sin que conste causa legal para legal para ello)", que se corresponden con doce pagos realizados por Guerrero en 2002. De esa docena de pagos, dos fueron girados al Bufete Olivencia Ballester y los diez restantes a Estudio Jurídico Villasís, si bien la mayoría de fondos desembolsados fue, con mucha diferencia, para el Bufete Olivencia-Ballester, con casi 120.000 euros sobre un total de unos 160.000 pagados.

El detalle de los pagos está incluido en un desplegable incorporado a las diligencias judiciales. El despacho de Olivencia asesoró en 2001 a Santana Motor, empresa participada al 100% por la Junta, para externalizar componentes de su cadena de automoción. La factura fue exactamente de 119.828 euros, que la Consejería de Empleo abonó con dinero del mismo fondo con el que subvencionó los ERE fraudulentos.

En ese auto la jueza impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido. Alaya impuso esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión.

El caso ERE fue «una pantalla para saquear los fondos públicos»

La Fiscalía sostiene que el sistema de subvenciones ideado por la Junta de Andalucía desde la Consejería de Empleo era «una pantalla para saquear fondos públicos», dada la creación de numerosas empresas creadas ex profeso para recibir fondos y que posteriormente no desarrollaban ninguna actividad.

La calificación del Ministerio Público figura en el auto judicial que ordenó la madrugada de ayer el ingreso en prisión de Juan Francisco Trujillo, el exchófer de Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo que gestionó durante nueve años el fondo presupuestario —conocido como «fondo de reptiles»— de 647 millones de euros destionados por la Junta a pagar ERE. La relación entre Guerrero y Trujillo resume el modus operandi del fraude, ya que ninguna de las empresas que crearon (y que obtuvieron subvenciones) existía con anterioridad ni funcionaron nunca. «Todo fue una pantalla para recibir dinero», sostiene el fiscal, una pantalla para, mediante el uso de las empresas, «ayudar a otros a obtener ilícitamente fondos públicos».

Tras la escandalosa declaración de Trujillo en la que admitió que él y su jefe se gastaron casi un millón de euros en cocaína de las arcas públicas (25.000 euros al mes), la Fiscalía Anticorrupción sostenía su petición de prisión en que el imputado llevó a cabo «una labor continuada de saqueo de los fondos públicos» en un período prolongado de tiempo tanto en su propio beneficio como cooperando conscientemente en el beneficio de su jefe, Francisco Javier Guerrero, también en prisión. Seguramente por eso el Ministerio Público, que tiene pendiente que la instructora le conteste a una batería de diligencias entre las que se encuentran las declaraciones del actual director general de Trabajo y el resto de imputados, ha pedido a la juez que siga investigando. «Es necesaria una mayor investigación sobre el descubrimiento del destino del dinero público», concluía el fiscal, de quien partió la iniciativa de imponer al exchófer fianza de 2.300.000 euros por las subvenciones y las ganancias que obtuvo de forma ilícita.

La gravedad de lo manifestado por el exchófer provocó que, si al inicio de la declaración, la juez le imputaba sólo once delitos, al término de ésta saliera con el doble: veintidós. La lista es casi un compendio del Código Penal. Tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, seis de falsedad en documento mercantil, seis de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, tres de falsedad en documento oficial y uno de alzamiento de bienes figuran en su haber. Y la juez asegura que esos delitos «podrían incluso aumentar en el desarrollo de la investigación».

De momento son dos las personas en prisión ya que hace diez días ingresaba en la cárcel el propio Guerrero. Pero no se descarta que haya más. De hecho la acusación de Manos Limpias solicitó la entrada en prisión de todos los imputados basándose en la alarma social que han generado.

No es de extrañar a juicio de lo manifestado por el chófer que, además de admitir el enorme gasto en cocaína, aseguró que, pese a que su formación se limitaba a la de Técnico Administrativo de FP cobraba como chófer de Guerrero un sueldo de 2.000 euros más 700 u 800 euros en dietas. Pero además su jornada laboral no era estresante. Tras recoger al exdirector general y a la espera de que llegara la hora de comer para acompañarle a los restaurantes, Trujillo se quedaba en el despacho de Guerrero y «departía con las secretarias». Luego iban a comer a los restaurantes «Cabo Roche» o al «Mesana». Y luego a los locales de copas donde el entonces director general despachaba asuntos de las subvenciones.

Pero Trujillo también admitió que, con ese dinero, además de comprar droga, hacía «prestamos» a su propio jefe que le pedía 300 o 1.000 euros. Unas cantidades que le daba en metálico «que nunca le devolvió» y que él tampoco le reclamó jamás. Y, en cuanto a los regalos, el imputado admitió que compró un piano que le costó 4.000 euros y que se lo llevó en una furgoneta a la casa de El Pedroso.

El testimonio del exchófer reveló —además de que cobraba el paro de forma fraudulenta— el poder de Guerrero, que le puso en contacto con un directivo de la antigua Caja San Fernando que le dio un crédito de 350.000 euros sólo con un certificado de la subvención. También fue llamativo que el exconductor dijese que acudió dos veces a Madrid a recoger dinero de un directivo de Vitalia que le entregó dos sobres de dinero.

El exchófer no contestó cuando el PP le preguntó si iban al piso de lujo que le pagaba la Junta a Guerrero en Sevilla con amigos y amigas a consumir alcohol y drogas.

Trujillo tampoco respondió cuando le preguntaron si Guerrero fue enviado a un centro de rehabilitación por el propio exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.