Hinojosa del Duque - Cordoba

La Consejería de Empleo concedió con fines de formación el 20 de diciembre 2010 un total de 67 subvenciones irregulares por 2.988.791 euros a la firma Industrias Turísticas de Andalucía Sociedad Anónima (Inturan S.A.), de Córdoba, después de que esta entidad privada utilizara distintas ayudas públicas anteriores de forma presuntamente fraudulenta para evitar la quiebra técnica. Todo ello se desprende de la documentación y los informes de la propia sociedad y de la Junta.

Las ayudas que recibió esta empresa, cuyo titular es Vicente Carmona, actual adjudicatario de la explotación del Palacio de Congresos de la ciudad y presidente del Consorcio de Turismo de Córdoba, se gestionaron de forma irregular por tres razones: los fondos recibidos en 2009, otros 1,5 millones de euros a sumar a los casi tres ya citados, se utilizaron para tapar el déficit de las cuentas de ese ejercicio antes de aplicarlos para los fines a los que estaban destinados durante 2010; la firma no estaba al corriente del pago de la Seguridad Social, a la que debía en torno a medio millón cuando se le concedieron las subvenciones, y empleó de forma presuntamente fraudulenta las aportaciones de la Junta para evitar la quiebra técnica, a la que habría llegado si no hubiese computado los 1,5 millones como ingresos para un ejercicio en el que no dio ni un curso.

Para ir a la raíz de todo este proceso hay que remontarse a las cuentas anuales de 2009, depositadas en el Registro Mercantil de Córdoba. La Junta concedió el 30 noviembre de aquel mismo año, entre otras ayudas, una subvención de 1.285.575 euros para la realización de 23 cursos de formación. A esta cantidad hay que sumarle además otros 310.619 euros por el mismo concepto en distintas partidas.

El uso de estos fondos se desarrolló durante 2010, aunque la empresa utilizó estas cantidades para consignarlas como ingreso en 2009 y enjugar así el déficit de ese ejercicio. Eso posibilitó que pudiera seguir así optando a convocatorias futuras, como así ocurrirá al año siguiente. En concreto, se le concedieron los casi tres millones de euros de forma irregular. Incluso con el uso presuntamente fraudulento de estas cantidades, Inturan arrojó balance negativo en 2009, pues perdió 82.529 euros. Pero no es ésta la base de la irregularidad, pues las ayudas de esta naturaleza tienen que aplicarse como ingresos en las cuentas del ejercicio en las que se conceden. Si se gastan en 2010, se deben contabilizar en 2010, no en 2009 como hizo Inturan.

Todo ello ocurre en un año en el que la empresa declara una deuda con la Seguridad Social de más de medio millón de euros. Es posible que la Junta, al conceder estas subvenciones, no conociera esta circunstancia y que no saltaran las alertas, pero cuando se concedieron los tres millones no se reclamó ni la cantidad anterior ni que la empresa estuviera al corriente del pago de un concepto tan sensible como éste. En cualquier caso, en el BOJA de 3 de noviembre de 2009 se recuerda que para percibir estas subvenciones y aparte de los requisitos expresados en la normativa para recibir estas ayudas, no se puede tener en periodo ejecutivo ningún tipo de deudas de derecho público frente a la comunidad autónoma de Andalucía ni frente a la Seguridad Social. Sólo 27 días después se libraron 1,2 millones de euros para Inturan. Solo el asunto de la deuda con la Seguridad Social hubiera bastado para denegar todas las subvenciones que recibió.

Si la empresa hubiera contabilizado de forma adecuada las ayudas, es decir, si las hubiera consignado en 2010 tal y como exige la normativa, habría tenido unas pérdidas de más de 1,6 millones de euros en 2009. Eso habría descapitalizado la firma, dejando su patrimonio neto en algo más de 1,5 millones negativos, lo que supondría una situación de quiebra técnica. Una prueba más de la mala praxis de la Junta a la hora de conceder las subvenciones es que Empleo conocía -o debía conocer- antes de conceder las ayudas que los auditores que valoraron las cuentas de Inturan deciden denegar su opinión sobre el informe del ejercicio de 2009 que presenta la empresa. El informe de los auditores precisa que "de acuerdo con los principios y normas contables generalmente aceptados en España, el registro de los ingresos de las subvenciones se debe realizar de forma correlativa a los gastos soportados por dichos conceptos. Si bien la sociedad no nos ha confirmado la bondad de dichos saldos, no hemos dispuestos del soporte documental necesario para probar la correcta correlación de ingresos y saldos". A continuación, los auditores renuncian a expresar una opinión sobre las cuentas. Ello supone que Inturan no fue capaz de aportar documentación a los auditores sobre los cursos cargados a las subvenciones que se firmaron el 30 de noviembre de 2009, por lo cual ese dinero no debía haberse contabilizado como ingreso en ese año, sino en el siguiente. Esta utilización irregular de las subvenciones de la Junta no fue óbice para que Inturan voviese a recibir más ayudas, las de los casi tres millones de euros. Son los citados casi tres millones de euros. Pese al aviso de auditores acerca de una contabilidad irregular y a la presunta ocultación de esta quiebra técnica, Empleo concedió 2.988.791 euros a Inturan.

La Junta de Andalucía conocía al menos desde el verano de 2008 el cúmulo de presuntas irregularidades que se estaban produciendo en relación con la concesión de ayudas para expedientes de regulación de empleo (ERE) y subvenciones a empresas y ayuntamientos con la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles», durante la etapa de Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, al frente de la Dirección General de Trabajo.

Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil, que la llamó como imputada, de una asesora contratada en julio de 2008 por la Consejería de Empleo y procedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para poner orden en el desaguisado y conseguir que «lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado y organizado propiamente». Este testimonio se considera vital por cuanto en él se dan numerosas claves de uno de los mayores escándalos que ha sacudido la Junta de Andalucía durante los últimos años.

Por aquel entonces, el consejero de Empleo era Antonio Fernández, su viceconsejero, Agustín Barberá, y el director general, Juan Márquez. En calidad de asesor de la Consejería se encontraba Ramón Díaz, diputado socialista hasta la disolución del Parlamento andaluz. Todos ellos están imputados en el caso. Daniel Rivera, el actual director general, también ha corrido la misma suerte.

En la Junta de Andalucía, el procedimiento seguido desde 2001 para la concesión de ayudas a los ERE consistía en la firma de convenios entre la Dirección General de Empleo y entes instrumentales, IFA y posteriormente IDEA, con cargo a la partida presupuestaria 31L. En varios de esos expedientes de regulación aparecieron «intrusos», personas ajenas a las empresas beneficiarias, al tiempo que muchas de la cantidades aprobadas se otorgaron de forma discrecional.
El visto bueno

«El primer trabajo encomendado —señala la asesora en su declaración— fue saber el endeudamiento y compromisos que el anterior responsable de la Dirección General había asumido a pesar de los controles que le habían establecido, como que las órdenes de pago llevaran el visto bueno del viceconsejero de Empleo».

La asesora comenzó su labor el 1 de julio de 2008, y pudo constatar «que no todo lo que se había comprometido tenía soporte con convenio entre la Dirección General y la Agencia IDEA según los procedimientos establecidos, la deuda era de más de 311 millones sólo en apoyo a pólizas de prejubilaciones conforme a informaciones procedentes de aseguradoras, sin una revisión de los expedientes de forma profunda ni materialmente, ni exhaustiva o mínima». Las primeras conclusiones a las que llegó fueron: «Que la deuda era mucho mayor de lo que se sabía, que la mayoría de las mismas estaban asumidas sólo a través de una carta de compromiso del anterior director general, Javier Guerrero, a la aseguradora vía empresa intermediaria. Que muchos de los expedientes carecían de convenio de colaboración de compromiso entre la Dirección General y la Agencia IDEA ni existía el expediente ERE en el expediente/carpeta ni para las empresas tampoco muchos datos o planes de viabilidad o justificación de subvención». Pero no todo queda ahí. A juicio de esta asesora, no se podía verificar la legitimidad de los derechos de los beneficiarios de las ayudas con la documentación existente. Y por ello «cabía la anulabilidad de todos los actos administrativos».

«De hecho — añade—, se me dijo que no era posible abordar dicho “escándalo” de descontrol sin saber siquiera el fondo de lo que había por delante y qué es lo que había firmado el saliente director general, Javier Guerrero». Semanas después de comenzar su labor, la asesora reflexiona y llega a la conclusión de que «así no se puede trabajar», porque «faltan recursos, los expedientes no son conformes a «expediente administrativos», no hay solicitud, ni informes, no están pasados por registro y no hay razón o motivación de concesión y en algunos convenios o compromisos «no se sabe ni el objeto social de la empresa».

Pese a todo, los directivos de la Consejería y de acordaron seguir con el mismo procedimiento «pero montando los expedientes conforme a reglas de administración», con un modelo de solicitud que prorrogaba tácitamente el convenio de 2001 si ninguna de las partes lo hubiese denunciado, porque el objetivo era «que lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado y organizado propiamente». Y las partidas económicas se llamaron «ayudas sociolaborales de carácter excepcional que era lo más cercano al tipo de ayuda/subvención que se había otorgado (por la falta de normalidad aplicable) y el único encaje jurídico de las mismas». Igualmente, hace referencia al personal solicitado para analizar balances y la viabilidad de empresas, de forma que se realizan informes previos «a la resolución de concesión donde quede justificado el interés social».
Dar cobertura a los compromisos
A finales del verano de 2008 las instrucciones recibidas por la asesora encargada de poner orden en las ayudas de los ERE fueron seguir montando los convenios y «adendum necesarios para dar cobertura a los compromisos asumidos por Javier Guerrero, a fin de no perjudicar a los beneficiarios». Esa fue la encomienda, añade, que recibió el director general sucesor de Guerrero, Juan Márquez: «Rehacer todo y ordenar poco a poco lo que el anterior había dejado durante su mandato». A partir de ese momento, «se fueron viendo los temas según las urgencias, las presiones de las aseguradoras, de los sindicatos, los colectivos y las personas interesadas, que usaban sus influencias y llamaban para los pagos bien a prejubilaciones bien a convenios para inversiones que favorezcan empleo u otras relacionadas con empresas y sus trabajadores».