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No jodas que picando ahí salen cosas? ...jueee esta tía como sabe

Griñán deja hipotecados 17 millones para pagar prejubilaciones en empresas con falsos ERE
17 MAR 2012 |

El Gobierno andaluz que salga de las urnas el 25 de marzo tendrá que afrontar el pago de más de 17 millones de euros durante los tres próximos ejercicios en concepto de prejubilaciones y ayudas sociolaborales en empresas investigadas por la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por presuntos ERE falsos.

A tan sólo nueve días de los comicios autonómicos, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba la concesión de subvenciones destinadas a “las personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral” afectadas por la liquidación en 2011 de la aseguradora belga Apra Leven. En total, las ayudas superan los 27 millones, repartidos entre los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Las Administraciones socialistas suscribieron seguros de rentas con la aseguradora belga Apra Leven, a la que dejaron de pagar, y como consecuencia de esto, según la propia compañía belga, iniciaron un proceso de liquidación. Los impagos de la Junta, según diversas fuentes, rondaban los 32 millones de euros y afectaban a 3.000 trabajadores de 50 empresas españolas que se quedaron sin cobrar sus prejubilaciones.

Intrusos en los ERE
Entre las distintas causas que instruye la juez Mercedes Alaya están las prejubilaciones irregulares que realizaron algunos intermediarios y agencias de seguros de dudosa solvencia, como la sociedad belga. Coincide que en muchas de las empresas en las que Apra Leven gestionaba las prejubilaciones han aparecido irregularidades, como en el caso de Intersur, Cydeplas, Surcolor, Germans o en las desaparecidas Bonpunt e Hitemasa, entre otros.

En el caso de Intersur, tuvo que dimitir el secretario de Política Municipal del PSOE en Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, por su relación con un ERE promovido en 2003 en esta empresa. O lo que sucedió en la conocida fábrica de las bragas de Ronda (Málaga), Bonpunt, en la que supuestamente 12 personas estuvieron cobrando prejubilaciones indebidas.

La Junta evitó 'escrúpulos' jurídicos para poder burlar la ley de subvenciones
17 MAR 2012 |

Un documento inédito elaborado en el seno de la propia Junta de Andalucía y que compromete en el caso de los ERE a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández –imputado– y José Antonio Viera –hoy diputado nacional del PSOE– ya está en poder de la juez Mercedes Alaya. El informe en cuestión acaba de ser remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el PP, personado en la causa, a raíz de la declaración efectuada la pasada semana en sede judicial por el ex director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz Francisco Javier Guerrero.

El brazo ejecutor justificó su actuación diciendo que todo el procedimiento de la concesión de ayudas se ajustó a la Ley General de Subvenciones, que regula las asignaciones tanto directas como excepcionales. Sin embargo, tal y como denunciaron ayer los populares, la Junta era consciente de que realizar el reparto de ayudas que la Consejería de Empleo se traía entre manos para beneficiar a amigos y Ayuntamientos del PSOE suponía “un problema por la vía legal”. Así lo admite el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá, en un escrito del 15 de abril de 2005 donde presenta sus alegaciones a una auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de la Agencia Autonómica de Innovación y Desarrollo (IDEA), distribuidora del dinero, entre los años 2001 y 2004.

En esas alegaciones, Barberá llega a decir, para contrarrestar las objeciones de la auditoría sobre las irregularidades de procedimiento cometidas, que de haberse ajustado la Junta con anterioridad a la Ley General de Subvenciones, ello habría “acarreado bien el reproche jurídico o los escrúpulos de las asesorías jurídicas, bien la imposibilidad material de la materialización administrativa de las ayudas a otorgar”.

Asimismo, Barberá incluso expone que había “otra razón aún más de fondo” que dificultaba someterse al estricto cumplimiento de dicha normativa: “No todas las actuaciones llevadas a cabo cabría encajarlas bajo la denominación de subvenciones excepcionales, porque unas o algunas sí podrían considerarse como tales, pero otras ni siquiera reunían la naturaleza de subvención.

El dirigente popular destacó que todo lo que se está conociendo estos días “refuerza la necesidad de un cambio político, de pasar página, de que los socialistas vayan a la oposición”. Por ello, apeló a la urgencia de que “entre en el Gobierno aire fresco, aire limpio, porque la situación de abuso es lo que caracteriza 30 años del régimen socialista”.