Hinojosa del Duque - Cordoba

A mediados de julio, en un Consejo de Ministros extraordinario, no con las mejores formas en el Parlamento y después de mucho esperar, tenemos el elenco de las reformas de Mariano Rajoy. Lo esperamos completo, pero no está asegurado que lo sea porque los tiempos son duros. Sí es seguro que se cumplirá, porque la Unión Europea nos lo exige. Es cierto que España acumula una deuda pública de 800.000 millones de euros que ahora mismo pagamos entre todos a un interés alto. Es cierto que muchas cosas no funcionan y no pueden sostenerse. Pero no es menos cierto que aún quedan pendientes problemas por solucionar, culpables que castigar y reformas que emprender. O eso esperamos.

Que paguen los culpables

España emprende ahora, sin más vacilaciones, una política de ahorro, de menos gasto público, de sacrificios de los trabajadores y de mayores impuestos. Sustancialmente, el Gobierno prevé conseguir entre el aumento de ingresos y la reducción de gastos 65.000 millones de euros, aunque está por ver qué pasa si disminuye el consumo y por ende la actividad económica. Se prevé un control y disminución del gasto de las Administraciones Públicas, en especial Ayuntamientos, Administración Central y gastos de personal funcionario y contratado; son medidas en algunos casos duras, cuya dureza resulta aún más llamativa porque no se acompaña de idénticas exigencias a las Comunidades Autónomas, grandes responsables en el pasado cercano de la multiplicación del gasto, del personal, del derroche y de la corrupción. A día de hoy hay motivos sobrados para intervenir, conforme a la Constitución, unas cuantas regiones, cuánto más para exigir a todas no sólo orden y disciplina sino recortes profundos. Es difícil pedir a millones de españoles, a muchas Administraciones y entes públicos renuncias y sacrificios mientras no se impone lo mismo a unas Comunidades Autónomas caras, obscenamente caciquiles y corruptas, ineficaces y, en muchos casos, simplemente antiespañolas. Y lo mismo que se dice de las regiones puede decirse de los bancos y de los negocios inmobiliarios: sería un suicidio político imponer sacrificios a tres generaciones de españoles para que unos cuantos grandes nombres se lucren en los tiempos duros como lo hicieron en los fáciles; si tienen deudas que pagar, que paguen con su patrimonio, como todos, y que el Estado ejerza en esto su autoridad, pues el libre mercado no puede ser la prebenda de una casta. Quien bien quiera a Rajoy le pedirá en todo esto no menos sacrificios, sino más, pero para todos: eso los hará más justos y aceptables para una inmensa mayoría.

¿Se recorta el gasto social? Quizá sea mejor decir que se empieza a ordenar, y que se deja de llamar social a lo que no era sino socialista. Ahora bien, quizá sea mejor que no paguen justos por pecadores, y que las prebendas socialistas y autonómicas no hagan desaparecer medidas sociales como las pensiones, el paro y las pagas extraordinarias, por cierto no creadas ni por Suárez ni por González ni por Aznar ni por Zapatero, sino por, ay, Franco y Primo de Rivera. Bien está el orden, y más en una casa en la que se gastó lo que no había, pero hay que alejar de la caja y llevar a los Tribunales a los responsables de la locura, y que paguen ellos y no los trabajadores y ahorradores de España el precio de la ruina. Me parece muy mal que se recorte un 20% la subvención a los partidos: es el momento de suprimirla por entero, así como a los sindicatos, y los liberados de éstos. ¿Hace falta una "tasa verde"? Empecemos quizá por suprimir toda subvención a la generación energética "verde", y por investigar quién y cómo, incluyendo grandísimas empresas y conocidísimos políticos, se ha enriquecido hasta la locura con ese dinero de todos. Aquí lo único verde de verdad, señor presidente, es la agricultura española. ¿Vamos a privatizar empresas públicas? Bien, pero que no se enriquezca quien no debe, y menos quien ya lo hizo en los años de bonanza; y aprovechemos también para nacionalizar y subastar el patrimonio público indebidamente dado en el pasado a partidos, ONG y sindicatos.

No hay que perdonar la vida a las autonomías

Medidas concretas aparte, estamos ante un problema decisivo para el futuro de España. Durante décadas se ha vaciado de contenido el Estado en beneficio de las Comunidades Autónomas, diciendo que así se lograría una Administración mejor, más cercana y eficaz y que políticamente así se conseguiría una integración de los nacionalismos en la convivencia nacional. Ahora vemos que las dos cosas eran falsas, de principio a fin. Gracias a las autonomías tenemos un Estado casi huero, una Administración enormemente más cara, grande e ineficaz y unos nacionalismos más encrespados que nunca. No es el momento de callar, otra vez, sobre el problema de las autonomías. Es el momento de cargar sobre ellas las culpas que les tocan. Y si les toca menguar o desaparecer, por el bien de España y de los españoles, así sea; España es anterior en el tiempo y superior ontológicamente a cualquiera de sus partes, cómo no va a serlo en una simple cuestión de dineros. Don Mariano, por favor, usted, yo y muchos más sabemos que esto es así. No tengamos miedo a nadie, así haya que llegar a la intervención o la reforma, para la que tiene usted mayoría parlamentaria y social sobrada.

Esta Europa es parte del problema, no de la solución

Ha señalado con gran acierto Pío Moa que no hay oposición, sino lo contrario, entre el vaciamiento del Estado a favor de la UE y a favor de las autonomías. Ambos se complementan a la perfección, pues no hay un "vaciado malo", que sería el que España ha sufrido en provecho de las oligarquías regionales, y un "vaciado bueno", que sería el experimentado en beneficio de las instituciones europeas. De hecho, sugiere Moa y puede defenderse con muchos más argumentos, ambos procesos llevan a un mismo punto, que es la desaparición práctica del Estado español (unida a la negación de España, comunidad histórica a la que llamamos entre otras cosas nación). El proceso de bruselización sólo sería "bueno" si considerásemos "bueno" el ser gobernados desde fuera, sin criterios democráticos y, eso sí, con la libertad económica puesta en los altares del nuevo macroestado; pero en realidad, para España, es tan malo como la descomposición autonómica, ya que en ambos procesos el país pierde su identidad y su autonomía, renuncia a su capacidad ejecutiva, legislativa y judicial en beneficio de personajes y órganos que el pueblo no ha elegido, y paga más a cambio de estar peor servido o, mejor dicho, de que con su trabajo, su ahorro y sus impuestos se sirvan los intereses de otros. Esta Europa bancaria no es la Europa por la que España, hija de Roma, ha luchado durante siglos.

La burocracia autonómica es cara, antidemocrática y antiespañola. Igualmente lo es la burocracia bruselense. No nos olvidemos de ellas en esta hora de recortes, caballeroes, es más, empecemos por ellas, y por igual. En la Bruselas de 2012 no están las soluciones para los errores monstruosos en lo político de Adolfo Suárez, en lo administrativo de Felipe González y en lo económico de José Luis Rodríguez Zapatero. España tiene que solucionar primero su problema regional, una de cuyas consecuencias (no la única) es la ruina fiscal, y debe después contribuir a que Europa sea, como puede ser pero no es ahora, una comunidad de naciones libres y soberanas. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, si se acepta la actual redacción de sus artículos 32-35, se convierte en una especie de megaEstado superior a toda soberanía, no garante de la nuestra sino un paso más en su desaparición. Lo cual es buena noticia sólo para los talibanes de ciertas ideologías y para los separatistas. Renunciar a más soberanía que nadie no nos ha dado más seguridad que a quienes como Gran Bretaña quisieron conservar toda la posible. Tampoco nos ha defendido de la ruina, de la que estamos cerca, ni de la descomposición, contra la que es hora de actuar.