Hinojosa del Duque - Cordoba

Las irregularidades en el Consorcio Provincial de Bomberos van camino de saturar la Fiscalía de Córdoba por el cúmulo de denuncias y casos de presuntos delitos. A los que ya hay en marcha, se sumará en breve otra denuncia del equipo de gobierno del PP en la Diputación referente a las presuntas irregularidades en la contratación de cuatros bomberos que no eran aptos para el servicio, tal y como se indicaba en el certificado médico vinculante. Pues bien, según denunció ayer el presidente del Consorcio, en todos los casos se hizo caso omiso de estos informes médicos que descalificaban para el servicio a los bomberos ahora en plantilla por no reunir las condiciones físicas y no ser aptos para el servicio a realizar.

«Hay una presunta prevaricación, estando cuatro personas quitando el puesto de trabajo a quien sí es apto, a quien se había preparado y reunía todas las condiciones para poder trabajar», subrayó Gutiérrez.

Las contrataciones se hicieron en 1999, 2003, 2006 y 2007, con gobiernos del PSOE en la empresa provincial y siendo gerente Antonio Navarrete, que está en el punto de mira de la investigación del fiscal al detectar indicios de delito en su gestión.

Gutiérrez recordó que uno de estos profesionales entró en la plantilla por un decreto firmado por el presidente del Consorcio, del que no quiso dar el nombre. Hay que recordar que en estos años los gerentes fueron Rafael Cañete, Francisca Carmona y Fernando Expósito. «Uno de ellos, al mes de la evaluación, aparece un decreto del presidente diciendo que se amplia la plantilla de 50 a 51 empleados, y que se admite porque presenta un certificado médico diciendo que era apto, pero nunca apareció en su expediente y no recurrió el primero de los servicios médicos de Diputación que lo incapacitaban para el puesto».

Otro hecho sospechoso es que otro de los bomberos que accedieron a la plaza con la catalogación de «no apto» en su informe, al año de estar en plantilla «se negó a hacer la correspondiente revisión médica alegando causas de fuerza mayor», según apuntó Gutiérrez, quien sospecha en esta actitud una forma de eludir del susodicho que se descubriera que no reunía las condiciones para el puesto.

En cuanto a la postura que adoptará el gobierno del PP en estos casos, Gutiérrez indicó que será el fiscal quien tenga que investigar y «si considera que se ha ocupado la plaza de forma irregular y decide revocar el puesto de trabajo, perfectamente, pero nosotros ahí no vamos a entrar».

Comisión de investigación
Gutiérrez informó de que de esta situación tienen constancia todos los grupos políticos con representación en la institución y que será remitida al Ministerio Fiscal para su estudio.

Finalmente, el vicepresidente primero, Salvador Fuentes, anunció que a partir de septiembre, «cuando esté lista la documentación contable, laboral y económica, se creará una comisión que analizará toda la información y empezará a pedir responsabilidades».

En este sentido, Gutiérrez destacó que «la institución se personará en lo que suponga reparación a reclamación de daños».