El Carpio - Cordoba

Informes perdidos o inexistentes. Cursos que nunca se controlaban. Ese es el contexto, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la que se detuvo al exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernandez, quien fue todopoderoso alcalde de Pozoblanco y barón del PSOE.

Los documentos del caso responsabilizan directamente a Fernández de presuntos delitos de malversación y prevaricación, con daños al erario público andaluz, por haber realizado la vista gorda, por no poner de su parte para que el dinero de los cursos se controlase de forma fehaciente.

El origen son los propios informes de la Intervención de la Junta que dicen directamente que en la Delegación de Empleo de Córdoba, como en otras, se incumplió la ley de forma sistemática. El informe de la UCO llega a citar la declaración de un funcionario que asegura que Antonio Fernández y sus jefes de servicio ponían todo tipo de trabas para que se eludiera la vigilancia. Las cantidades pendientes de justificar fuera de plazo entre 2005 y 2012 ascienden a 21 millones aunque el problema parece ser mayor.

Un documento de la Unidad Central Operativa establece expresamente que la Delegación se dedicaba a dar el visto bueno a cursos, certificando su pago, a entidades que ni siquiera habían sido inspeccionadas, con lo que no es viable disponer de información.

En la operación, coordinada por la juez Alaya, se detuvo también a la exdirectora general de Formación de la Junta, María José Lara, actualmente imputada y en libertad con cargos como consecuencia de su gestión tanto en el puesto directivo que ocupó como en las presidencias de los consorcios para la que fue nombrada.

En apenas cuatro años, la Autoescuela Virgen de Luna S.L. ha sido «agraciada» con ingentes subvenciones para impartir cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Desde octubre de 2006 hasta marzo de 2010, esta empresa radicada en la localidad cordobesa de Pozoblanco se ha beneficiado de 369.243 euros de ayudas canalizadas a través de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), bajo el mando político del delegado del ramo en la provincia, Antonio Fernández Ramírez.

Casualmente, el actual titular de Empleo en Córdoba es de Pozoblanco, municipio donde fue alcalde del PSOE desde 1987 hasta junio de 2004, momento en el que fue nombrado delegado provincial. Se da la coincidencia de que también trabajó y fue socio fundador de la autoescuela a la que ha concedido una suma importante de subvenciones para realizar acciones formativas que están enfocadas, principalmente, a desempleados. La Autoescuela Virgen de Luna se constituyó en 1983 como comunidad de bienes y Antonio Fernández «trabajó en ella y se incorporó como comunero, donde permaneció desde sus comienzos hasta junio de 1987, donde la dejó para acceder a la Alcaldía de Pozoblanco», confirmaron a ABC a través de un correo electrónico desde la Delegación de Empleo. No obstante, este alto cargo autonómico quiso dejar claro que «en la actualidad» ya no es socio de la autoescuela y amenazó con emprender acciones legales contra quienes afirmen lo contrario.

Sin embargo, hay datos que no tienen vuelta de hoja. Desde que Antonio Fernández aterrizó en la Delegación de Empleo el importe total de los fondos que ha recibido esta empresa casi se ha multiplicado por seis.

A pesar de estos números, el titular autonómico quiso desvincularse de la sociedad, que ahora dirige Hipólito Cabrera, quien se limitó a señalar a este periódico que hace «años luz» que Fernández fue socio de la firma. El delegado provincial argumentó que «desde 1987 hasta ahora su vinculación con la autoescuela ha sido nula» si bien insinúa que formalmente dejó de figurar en la empresa en 2004, cuando pasó a ocupar la Delegación. Ese año —explica— «se oficializó» ante notario su desvinculación «de facto» con la autoescuela.

De las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en las que se enumeran las entidades formadoras, se desprende que la citada empresa sobresale como una de las principales beneficiarias de subvenciones públicas dentro de su especialidad, que son los cursos homologados que se instruyen en materia de conducción.

El 30 de octubre de 2006, Antonio Fernández firmó una orden por la que concedían 134.741 euros a la autoescuela con la que estuvo vinculado. Curiosamente, otra empresa del mismo sector ubicada en su localidad natal, Autoescuela Pozoblanco S.L., recibió casi cinco veces menos, 29.754 euros, en la misma fecha.

El 7 de enero de 2009, el también director provincial del SAE aumentó la cuantía, aportando 191.173 euros procedentes en su mayor parte del Fondo Social Europeo. De nuevo, la autoescuela de la competencia, también de Pozoblanco, tuvo que contentarse con menos dinero: 86.658 euros. Un año después, el 3 de marzo de 2010, acordó darle 43.329 euros dentro de la convocatoria pública de subvenciones concedidas en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Mientras, ayer un portavoz de la Oficina Antifraude de la Unión Eueropea (OLAF) confirmó, como adelantó ayer ABC, que el organismo «está trabajando estrechamente con las autoridades españolas competentes, incluida la Guardia Civil, en sus investigaciones sobre las denuncias de irregularidades graves y posible fraude en el Fondo Social Europeo en Andalucía». Paralelamente, el PSOE impidió la celebración de un Pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para abordar este escándalo, solicitado tanto por el PP como IU.