El Carpio - Cordoba

Por hundido que esté el mercado inmobiliario, pagar 30 euros por la propiedad de la mezquita de Córdoba es más que una ganga. La cuestión no está en los 30 que pagó el Obispado de Córdoba por matricular este monumento nacional en el registro de la propiedad. El escándalo está en el camino privilegiado a través del cual, desde hace seis años, la Iglesia católica está inscribiendo centenares de fincas. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria es un regalo del Gobierno de Aznar a la Iglesia católica española. En él se determina el privilegio "del Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público (...) a inscribir el dominio de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante certificación". Pero fuera de la Administración Pública todo es privado... o debería serlo. Porque si usted o yo entendemos que determinado terreno o inmueble nos pertenece, debemos iniciar un complejo procedimiento en el que, tras citarse a colindantes y terceros en general, el juez resolverá si la propiedad reivindicada pertenece a quien la pide y, en ese caso, ordenará la inscripción a su favor en el registro.

Pero España es un país peculiar donde el Estado crea y permite situaciones bastardas en las que se contempla a la Administración Pública, al ciudadano de a pie... y a un asombroso mixto que es la Iglesia católica, apostólica y romana, a la que se da categoría de Administración, que por simple certificación del obispo, el registrador de la propiedad deberá inscribir el título que se le reclama en calidad de propietario. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera sucedido si semejante trato incomprensible y privilegiado se otorgara a todas las confesiones religiosas reconocidas? Pues eso, que hoy tendríamos la mezquita de Córdoba inscrita a favor del imam de Albaicín. Estrambote: al nefando artículo 206 de la Ley Hipotecaria el Gobierno progresista y laico de Zapatero no le tocó ni un pelo. Porque una cosa es hablar, y otra hacer.

Javier Nart, abogado.