Córdoba - Cordoba

El caso de los ERE tuvo su origen en la investigación de un caso de cohecho en torno a la empresa municipal Mercasevilla. La empresa Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una subvención para dar cursos de formación. Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, fueron condenados por este caso, aunque Antonio Rivas fue absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo que consideró que durante el proceso había sido vulnerada su presunción de inocencia.

A partir de la investigación en dicha empresa municipal salieron a la luz presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal en un concurso público supuestamente amañado de lo que se derivó un sumario aparte, es el caso llamado de los terrenos de Mercasevilla.

Un tercer sumario se centra en las irregularidades que pudieron haberse cometido en los ERE solicitados por Mercasevilla en los años 2003 y 2007, es el caso del ERE de Mercasevilla.

Fue en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa. El posterior descubrimiento de más falsos prejubilados en otros ERE hizo que se derivara el caso de los ERE.

La juez Alaya ha abierto una quinta causa en el asunto de Mercasevilla en la que imputa a los antiguos dirigentes de la empresa delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de la gestión de una guardería para la empresa.

Falsos prejubilados

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.

La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas), su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.

El fraude se produce por la inclusión como prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo a personas que no habían tenido relación laboral con esas empresas o indicando que lo habían hecho por unos periodos de tiempo mayores a los reales. La investigación interna ha detectado 267 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados. De las 183 irregularidades, 141 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 126 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares se encontró a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs. También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la juez del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba. El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta. El principal partido de la oposición también estima que existen 190 ERE ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los ERE analizados por la Junta.

Ayudas fraudulentas a empresas

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it. La investigación de la juez Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la juez decretó el ingreso en prisión de Guerrero.

Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE. Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".

Juan Francisco Trujillo, chofér del director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución.Igualmente, Trujillo también afirmó que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.