Castro del Río - Cordoba

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A. R. V. CÓRDOBA

25-11-2009 08:30:10

A la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, le asedian las críticas, a diestro y siniestro, por la externalización de los servicios de gestión del centro de interpretación de Medina Azahara y las irregularidades que planean sobre la selección del personal.

El parlamentario de Izquierda Unida por Córdoba, José Manuel Mariscal, aseguró ayer que las denuncias de los sindicatos CSI-CSIF y CNT sobre las contrataciones en el nuevo recinto «son sólo la punta del iceberg» de una práctica cada vez más generalizada en la Administración autonómica. Advierte de que el Gobierno andaluz «ha creado una red paralela de empresas públicas para hacer contratos no transparentes ni sujetos a los principios de capacidad, mérito e igualdad».

Como adelantó ABC, en la plantilla creada por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales -a la que Torres encomendó la dinamización del centro- figuran un miembro de la lista del PSOE en las municipales de 2007, David Luque; María Serrano García y María Elena Moreno Barroso, prima y esposa, respectivamente, del ex delegado de Innovación y dirigente del partido en el Parque Figueroa, Andrés Luque.
Comparecencia

IU ha formulado varias preguntas a la consejera acerca de las irregularidades denunciadas en las contrataciones, cuestiones que deberá responder en la comisión de Cultura de la Cámara andaluza. El pasado domingo, el PP ya avanzo otra solicitud de comparecencia de Torres para que dé explicaciones por el asunto.

Mariscal denuncia que «la Junta convierte sus empresas públicas en chiringuitos donde se da un uso discrecional del derecho laboral para contratar a amiguetes, parientes y mantener las redes de sumisión en Andalucía». Para el diputado de IU, se trata de hechos muy graves que deben aclararse en una doble vertiente: a nivel político, porque «nos oponemos a la externalización de servicios públicos», y a nivel legal, pues «se llama por teléfono a la gente para que se apunte al SAE evitando así el acceso de otros ciudadanos a las ofertas».