Castro del Río - Cordoba

Escrito por Voto en Blanco
martes, 24 de noviembre de 2009
Ayer, paseando por el centro de Sevilla, me encontré con un conocido, que es alto cargo de la Junta, el cual me dijo: "utilizas demasiado el concepto 'corrupto' aplicado a los políticos. No todos robamos". Le respondí que no sólo son corruptos los que roban, sino que hay mil formas de corrupción que se utilizan profusamente en la política y en las administraciones públicas. Le emplacé para que leyera el artículo de hoy en "Voto en Blanco" y que, después de leerlo, me dijera si es cierto o no que buena parte del sector público español está infectado de corrupción hasta la médula.

A los políticos y miembros de las administraciones públicas que niegan ser corruptos habría que recordarles que corrupto no es sólo el que roba e incrementa su patrimonio, sino todo aquel que utiliza su cargo para beneficiarse o para beneficiar a sus familiares y amigos, incluso los que violan los derechos humanos o alteran las reglas de la democracia, aunque se lo permita una ley injusta. En España es tan deficiente la legislación que se puede cumplir la ley y, al mismo tiempo, comportarse como un corrupto podrido.

Corrupto es el que, amparrándose en su poder político, no paga los préstamos que les concedió una caja de ahorros, aunque el destinatario del dinero fuera su partido. Lo es también el que paga dos veces una factura con fondos públicos para beneficiar a un amigo o a una empresa. No es menos corrupto el que no se abstiene o inhibe cuando trata o juzga un asunto relacionado con un familiar o amigo. También es corrupto el que utiliza su cargo público para hacer favores a los familiares, amigos o compañeros de partido porque con esa actitud violan el sagrado principio de igualdad, garantizado por la Constitución. Corrupto es el que encarga informes que no son necesarios y los paga con dinero público, como lo es también el que utiliza la publicidad para lograr influencia en los medios, para incrementar su propio poder o para silenciar la voz libre de un periodista crítico o disidente. Corrupto es el que pide dinero para el partido y el que cobra comisiones a cambio de subvenciones, concesiones o contratos públicos. Lo es también el que se labra un futuro en el sector privado, a cambio de favores, para aterrizar cuando termine su etapa como político o funcionario. Es corrupto hasta la médula el que altera la igualdad de oportunidades en los concursos públicos, el que otorga subvenciones, becas y ayudas a sus amigos o conocidos y el que facilita información privilegiada, útil para acceder con ventaja a fondos, concursos o servicios administrativos. Es corrupto el poderoso que indulta a alguien sin merecerlo y el que aprovecha su alto cargo para incrementar su patrimonio, aunque sea indirectamente. También es corrupto el que aplica la ley "según convenga a la jugada", como confesó un antiguo ministro de Justicia de Zapatero. Es un maldito corrupto el que miente desde lo público, el que incumple sus promesas electorales y el que engaña a los administrados. También es corrupto el que se atreve a nombrar jueces y magistrados, aunque una ley injusta y antidemocrática se lo permita. Corrupto es también el que utiliza los fondos reservados para incrementar su poder o para favorecer sus intereses. Uno de los peores corruptos es el que envía inspecciones de Hacienda a sus adversarios políticos o a disidentes, para intimidarlos. Es asquerosamente corrupto el que presiona a las empresas editoriales para que defiendan la verdad del poder o para que silencien a periodistas críticos. Corrupto de baja estofa es el que presiona a las empresas concesionarias para obtener favores suplementarios y el que obliga a las empresas a realizar tareas no previstas en un contrato público o en el pliego de un concurso. También lo es el que confecciona listas negras de empresas, margina, veta a empresas y empresarios en concursos y concesiones. No lo es menos el que redacta un pliego de condiciones "a medida" para que determinada empresa gane un concurso o sea seleccionada. Corrupto es el que otorga un trato preferente a los amigos del poder en el sistema sanitario o el que "perdona" una multa a un amigo o el que coloca un expediente en la cabeza de la fila, el que paga antes a determinados proveedores porque son amigos o el que utiliza el teléfono para colocar a hijos de amigos en empresas, aunque no sean públicas. Corrupto es el que te manda a la policía, aunque sólo sea para intimidarte, y el que te espía para adquirir ventajas. Corrupto sucio es también el que aprovecha su cargo para "ligar" y el que obliga a muchos y a muchas a "pasar por la piedra" a cambio de trabajo. Lo es también el que acosa, margina, humilla y hace sufrir, utilizando su poder.

Hay otras mil formas y maneras de ser corrupto, pero todas ellas tienen el mismo denominador común: un cóctel siniestro, sin ética y antidemocrático, compuesto de desprecio a la democracia como base, unas gotas de amiguismo, otras de nepotismo, otras de clientelismo y un chorreón de indignidad e indecencia, aderezado con un toque seco de egoísmo, otro de soberbia y un último de arrogancia.

La mayoría de los miembros de la política y de la Administración cometen el grave error de equiparar la corrupción pública con la privada, ignorando que, en democracia, la corrupción pública es mil veces peor que la privada porque afecta al dinero público y al poder delegado por la ciudadanía. Cuando un político, para otorgar una subvención o un contrato, exige comisión y un empresario se la paga, el delito del primero es cien veces peor y más sucio que el del segundo. Colocar al hijo de un amigo no es corrupción cuando lo hace un empresario, pero lo es cuando lo hace un funcionario o político. Claro que para entender esas diferencias y sutilezas hay que ser demócrata, un rango muy escaso en España.

Postdata:

Sr. alto cargo de la Junta de Andalucía: Estoy dispuesto a retractarme, a pedir perdón en público e, incluso, a dejar de escribir una línea más en Internet si después de leer este artículo sigue usted pensando, honradamente, que la mayor parte de los políticos y administradores públicos españoles están libres de corrupción.