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https://ww.lanacion.es/2009/03/04/el-psoe-vinculado-a-la-corrupcion-en-lorca/

Nacho Bosque | Actualizado 04/03/2009 18:14h

El ex concejal socialista de Lorca Miguel Miras puede estar vinculado a una trama de corrupción en la que ya fue detenido ayer el ex director de la empresa municipal de limpieza Limusa Francisco Gil. Según un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso en exclusiva lanacion.es, ambos -junto a otras tres personas- pueden haber incurrido en un delito contra la Hacienda pública, consecuencia de supuestas actuaciones ilícitas por parte de la empresa Cabo Cope Naturaleza de la que Gil y Miras eran accionistas.

En la operación que está llevando a cabo la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), además de los registros de Limusa y dos de las viviendas de Gil, fue registrada una empresa propiedad de Antonio Baños, administrador de varias sociedades supuestamente implicadas en la trama de corrupción y presidente del club de fútbol Lorca Deportiva. Además del entramado empresarial, que según consta en el informe remitido por la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria al Juzgado número 4 de Lorca y que recoge supuestas irregularidades de empresas que habrían defraudado a la Hacienda Pública, la operación -que se encuentra bajo secreto sumarial-, también podría demostrar actuaciones ilícitas por parte de la empresa pública.

¿Quién supervisaba al director de Limusa?

Francisco Gil fue nombrado director de Limusa como cargo de confianza por el Partido Socialista. El detenido estuvo bajo la supervisión de los socialistas Jesús Molina Sánchez, Bartolomé Soler y Miguel Miras que como concejales de empresas municipales de Lorca eran también Consejeros Delegados de la empresa pública. Cabe destacar que Soler es en la actualidad diputado autonómico, y por tanto aforado, y Miras socio del detenido en la empresa Cabo Cope Naturaleza. Fuentes internas de Limusa aseguran que Francisco Gil trabajaba en la empresa pública desde 1986, pero no fue hasta 10 años más tarde, con la entrada en la alcaldía de Miguel Navarro Molina, cuando consiguió el control de la empresa.

Francisco Gil cobraba de la empresa pública 137.000 euros anuales según afirman desde Limusa. Su esposa y su hermano, quienes entraron posteriormente en la empresa perciben 67.000 y 75.000 euros anuales de la sociedad municipal. Pero las altas nóminas de la familia de Gil, no son los únicos datos que llaman la atención. Fuentes municipales aseguran que Gil pasaba gastos personales por valor de más de 60.000 euros al año a cargo de la empresa. De la misma forma, desde el ayuntamiento de Lorca se subvencionaron los estudios universitarios de la hija del detenido por una cuantía superior a los 70.000 euros.

Con la llegada del Partido Popular al consistorio en 2007 y tras comprobar la cuantiosa remuneración de Gil, el concejal Melchor Morales trató de negociar una disminución del salario del director de Limusa, pero éste la rechazó y denunció al consistorio por acoso. Además en este juicio Gil presentó cintas con grabaciones a trabajadores de Limusa, hechos por los que podría ser también demandado.

El informe de la Agencia Tributaria

La investigación, que comenzó a instancias de la denuncia de un particular ante el juzgado número 4 de Lorca, fue puesta en manos de la Agencia Tributaria, para que realizara un informe, tras considerar el juez que lleva el caso que podría haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Tal y como consta en el informe que se envió, el pasado 10 de octubre, desde la Agencia Tributaria al juzgado número 4 de instrucción de Lorca, los documentos presentados en la denuncia “contienen abundante información que permite presumir la comisión de uno o varios delitos de defraudación tributaria” por parte de la inmobiliaria Cabo Cope Naturaleza.

Dentro del entramado societario investigado, según se deduce del informe de la Agencia Tributaria también podrían ser sujeto de investigaciones las empresas Inversiones Umbe, Inversiones la Marina de Cope, Uneprocon, Promociones Martínez e Invermed.

Además, según la documentación presentada por el denunciante y que obra en poder del juzgado, la inmobiliaria Vía Urbe, directamente relacionada con el entramado societario del que es partícipe el detenido Francisco Gil, habría comprado un terreno a la empresa TANA Sociedad Anónima en el que la diferencia entre el montante real de la operación y el declarado sería de más de 2.300.000 euros con lo que, en caso de demostrarse, según explica la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, podrían estar ambas empresas incurriendo en delitos contra la Hacienda Pública.

Los administradores de la inmobiliaria Cabo Cope Naturaleza que podrían haber incurrido en un supuesto delito de estafa a la Hacienda Pública son, además del socialista Miguel Miras y el ex director de Limusa Francisco Gil, el notario Sebastián Fernández Rabal, el médico Vicente Urbano Alejo y el propietario de una aseguradora murciana, Ángel Martínez Tudela. Todos ellos con una participación del 20%.

A lo largo del día de hoy han continuado los registros de sedes de sociedades implicadas en la trama. La intervención en Lorca, que podría salpicar a dirigentes socialistas, curiosamente se ha producido una vez pasadas las elecciones vascas y gallegas

Cien años de honradez, y treinta metiendo el cazo.