Baena - Cordoba

Cospedal, el club de Bilderberg o no hay pan para tanto chorizo
Publicado el 12 junio, 2011 por lucasleonsimon
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El pulso de la realidad, un test del momento presente, el rostro ilegible de la moral pública, pueden quedar perfectamente configurados una mañana de junio con el ejercicio simple de la lectura de periódicos.

Esta excursión mañanera por la letra impresa nos lleva, por ejemplo, a comprobar como Maria Dolores de Cospedal es una de las asistentes a la reunión de esa mafia o logia del poder y del dinero que es el club de Bilderberg. En un selectísimo hotel de Saint Moriz, en Suiza, están, entre otros, Jean Claude Trichet, Kissinger, Rockefeller, Herman van Rompuy, la reina Doña Sofía, Juan Luis Cebrían y la señora Cospedal.

No es de extrañar. Una señora que gana 400.000 € al año, obtenidos de las arcas públicas, sin contar los que va a ganar como nueva presidenta de Castilla La Mancha, tiene que resultarle “interesante” a estos hoolingans del dinero ajeno.

Por otro lado, lee uno las declaraciones de Paula Sánchez de León, portavoz del gobierno valenciano, que califica los regalos recibidos por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como “normales”, ya que considera que “el regalo” es un “uso social” y que sólo la “ética personal” marca las fronteras entre lo normal y lo delictivo.

Algo así como que practique “la elegancia social del regalo”, o sólo “rendiré cuentas ante Dios”. Y es que el autor de los regalos es el constructor Enrique Ortiz, beneficiado multimillonariamente por el PGOU alicantino, conocido en los ambientes del ladrillo como “Pholla insaciable”, que ha declarado en un alarde de su proverbia elegancia semántica que “por qué güevos tengo que dar explicaciones de mis regalos”.

Y finalmente, uno lee la obligada declaración de bienes que para poder tomar su acta de concejal ha tenido que hacer el cordobés Rafael Gómez y se queda, no ya indignado, sino estupefacto, cuando en un acta notarial, Sandokan afirma que sólo tiene 4.000 € en los bancos.

Una persona que se ha pasado los últimos 25 años navegando por la cresta de la burbuja inmobiliaria, que ha importado, como un descosido, diamantes de Sudáfrica, y que se ha autoerigido “un triunfo de San Rafael” con la propia faz en un lugar de la costa, tiene tan humilde saldo en sus cuentas.

Y es que uno cree que este el momento más bajo de la moral pública en nuestro país en toda su historia. Que casi todo lo que se dice, se toca o se come, es mentira. Que nos toman por imbécilhes, que duplicamos nuestra propia realidad y además los votamos, mayoritariamente, o que, nuestras odiosas moléculas de mujeres y hombres del siglo XXI están a punto de bajar las persianas.

O que, simplemente, como gritan todos los indignados del mundo unidos, “No hay pan para tanto chorizo”. O chorizas.



Extraído del blog de Lucas León Simón.

Cuanta razÓn tiene sr. jauria con tanto hhorizo, nuestra principal industria, pero tenemos lo que nos merecemos y el principio razonable es un error que empieza por nosotros mismos, como podemos votar a persona que solo con mirarle a los ojos estÁn rhobando a mansalva el dinero publico, mirar las comunidades de madrid, valencia, murcia y baleares, por lo tanto somos tan igdiotas y responsables como los propios hhorizos de cantimpalos y despuÉs mantenerlos, adorarlos y reverenciarlos, la ignorancia estÁ en el populismo palmero de los espaÑoles...???

La Junta de Andalucía en el punto de mira

De Mercasevilla a los ERE: el escándalo del saqueo institucionalizado

La juez Mercedes Alaya no se ha creído nunca la versión oficial. No se la creyó cuando unos empresarios de hostelería denunciaron que los máximos dirigentes de la empresa pública Mercasevilla, con la connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, habían exigido el pago de una importante comisión a cambio de concederles una cuantiosa subvención para poner en marcha una escuela de hostelería.

Oficialmente, para el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y para la Junta de Andalucía, con Griñán al frente, la cosa empezaba y terminaba en los participantes en aquella reunión. Ni siquiera el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que posteriormente sería imputado por la juez y se vería obligado a dimitir no sólo como delegado de la Junta sino de todos sus cargos orgánicos dentro del PSOE, tenía nada que ver en el intento de extorsión llevado a cabo, presuntamente, por el director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce.

La juez no se creyó aquella versión, y terminó abriendo hasta cuatro sumarios diferentes, todos relacionados con la investigación: el presunto cobro de comisiones ilegales, la venta fraudulenta de unos suelos que eran propiedad de Mercasevilla a una filial de la empresa Sando, un presunto delito societario en el seno de la empresa pública, y otro de irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla, que terminó por destapar uno de los escándalos de saqueo de las arcas públicas de mayor alcance de los conocidos hasta ahora en España, la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para financiar ERE de empresas supuestamente en crisis en los que, oficialmente, hasta el momento, se han detectado hasta 183 casos irregulares.

Entre los 183 casos irregulares detectados hay circunstancias de dos tipos. Por un lado, están los 72 'intrusos' -personas que nada tenían que ver con las empresas en cuestión, que nunca habían trabajado para ellas y que en muchos casos estaban relacionados directamente o a través de familiares con cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- y, por otro, las personas que, habiendo trabajado en la empresa, no reunían todos los requisitos para acogerse a la prejubilación o incurrían en cualquier otra irregularidad de carácter administrativo.

La juez Alaya tampoco se cree la versión oficial de la Junta de Andalucía de que sólo hay estos 183 casos de irregularidades en los 68 expedientes de regulación de empleo analizados por la Junta de Andalucía. Y por este motivo ha llegado a pedir al Gobierno que José Antonio Griñán heredó de Manuel Chaves las actas de todas y cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la última década. La Junta, que tanto ha alardeado de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de unas irregularidades que, oficialmente, las habían cometido "cuatro gatos", se ha negado a dar esta información a la juez y no renuncia a elevar un "conflicto de jurisdicción" ante el Tribunal Supremo.