Baena - Cordoba

La acusación particular en el llamado caso de las «facturas falsas» de Baena, que representa a la edil de IU María Jesús Muñoz, ha solicitado una pena que suma 18 años de prisión para los dos


DAVINIA DELGADO. CÓRDOBA 11-3-2010 09:04:04
La acusación particular en el llamado caso de las «facturas falsas» de Baena, que representa a la edil de IU María Jesús Muñoz, ha solicitado una pena que suma 18 años de prisión para los dos funcionarios municipales, Rafael S. C. y Juan D.P., inculpados como presuntos autores de un delito continuado de estafa.
El escrito, al que ha tenido acceso ABC, suscribe el presentado por el fiscal, si bien no imputa al empresario A.J.G.R., cuya denuncia y autoinculpación, de la que luego se retractó, fue la que dio origen al caso en el verano de 2007. El Ministerio Público, en su escrito provisional, sí que lo acusa de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, y le pide 6 años de cárcel.
Así, la acusación particular considera probado que los dos empleados municipales, con la finalidad de obtener un beneficio económico, emitieron recibos fraudulentos durante los años 2005, 2006 y 2007 referentes a trabajos que no se habían realizado.
Además, estima que obraron con abuso de confianza y prevaliéndose de su cargo público.
El «quid» de la trama
El fiscal, por su parte, considera en su texto de conclusiones previas al juicio que los dos funcionarios, junto con el industrial, se encargaban de que las facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas para que fueran abonadas en la cuenta del empresario.
Cuando éstas se abonan, A.J.G.R. descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el resto del importe a los funcionarios que se incorporaban en su patrimonio particular.
Entre las supuestas facturas falsas, destaca una por valor superior a los 7.000 euros, relativas a encofrado de chapa, tablas de reciclaje y mallazo, además de otras relativas a nichos de cementerio por valor de 1.500 euros o zapatería por valor de 4.534 euros.
Otra novedad que introduce la acusación particular es que solicita que se llame como testigo al cabo de la Guardia Civil Emilio Muñoz, que abrió la investigación del caso y que la Fiscalía no había convocado para comparecer como testigo.
Cabe recordar que este miembro de la Benemérita y su mujer -ex contable del empresario imputado- siguen adelante con su denuncia contra alcalde, Luis Moreno, y tres concejales del gobierno municipal socialista -Jesús Rojano, María Jesús Serrano y José Calvo- por injurias y calumnias.
Según recoge la demanda referida al alcalde y Rojano, a raíz de que el industrial se desdijera de su denuncia inicial, «se inicia un acoso mediático por Moreno y Jesús Rojano» contra el guardia civil y su esposa, a lo que se suma que «de manera reiterada han hecho graves acusaciones» contra la ex contable y su esposo.