Baena - Cordoba

¿Y qué ha sido de las presuntas irregularidades urbanísticas del Ayuntamiento?

Hoy en el ABC:
https://ordoba.abc.es/20100214/cordoba-cordoba/guardia-civil-denuncia-irregularidades-20100214.html


La Guardia Civil denuncia más de 150 irregularidades urbanísticas en sólo dos años.

Demandas administrativas que acaban en delitos
La demora en la tramitación provoca la caducidad de multas

DAVINIA DELGADO. CÓRDOBA

La proliferación de construcciones ilegales a lo largo y ancho de la provincia se encuentra mermada -y en los últimos años, con más intensidad- por el ojo avizor del tricornio. La Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Córdoba, con el apoyo del resto de equipos que trabajan en la Comandancia, ha puesto la zancadilla a los promotores que se saltan a la torera la normativa del ladrillo. Así, en sólo dos años los agentes han instruido un total de 160 denuncias por irregularidades de este tipo.
Según datos facilitados por la Benemérita, durante 2008 se registraron 83 expedientes por infracciones urbanísticas, y el pasado año, la cifra fue de 77.
El presente ejercicio no ha empezado con datos que hagan prever una reducción de las denuncias, ya que sólo en enero se contabilizaron 6.
El lugar de comisión de este tipo de ilícitos se concentra en cuatro áreas: el Valle de los Pedroches, Guadajoz, Campiña Este y el Guadiato. No obstante, «estamos detectando que cualquier término municipal de la provincia es susceptible de albergar infracciones contra la ordenación del territorio», apuntaron fuentes de la Guardia Civil a ABC.
La irregularidad más común es la ejecución de cualquier tipo de construcción careciendo de licencia.
La actuación de la Guardia Civil se limita a aquellos lugares donde la calificación de suelo es no urbanizable.
«A este tenor, y para diferenciar el trato dado a la infracción detectada en cuanto al ámbito penal o administrativo, atendemos a la especial protección que ese suelo pueda tener», apuntaron desde la Benemérita.
En función de este matiz, cuando hay cualquier tipo de protección especial urbanística de ese suelo «la actuación se incardina por vía penal y se procede a la detención o imputación del delito», añadieron.
Más casos en los juzgados
El procedimiento que llevan a cabo las Unidades de la Guardia Civil se centra en la localización de cualquier actuación que exija contar con licencia urbanística; es decir, construcciones o edificaciones de estructuras, movimientos de tierras (canteras), levantamiento de cercas y acondicionamientos o desvíos de cauces en zonas de dominio público, entre otras.
Los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos, que se encuentra integrados en la Policía Judicial, trabajan desde 2007 y cuentan con una formación específica sobre derecho urbanístico y análisis e investigación de patrimonios personales. No obstante, «todos los agentes del resto de unidades colaboran en esta tarea», indicaron desde la Benemérita.
La mayor actuación del Instituto Armado en este campo tiene su reflejo en el número de casos que llegan a la vía penal. Como muestra, un botón. Las denuncias formuladas por el Ministerio Público en esta materia en 2008 casi se triplicaron, al pasar de 18 a 51.
Igualmente, las diligencias de investigación llegaron a 67, frente a las 25 registradas en 2007.
Según especificó la fiscal delegada de la Sección de Medio Ambiente, Consuelo Fidalgo, los delitos urbanísticos representan alrededor del 80 por ciento de la actividad del área. Y muchas de las diligencias se han incoado, no sólo a partir de las demandas que traslada la Guardia Civil, sino a partir de denuncias de particulares y de grupos ecologistas.
La vista puesta en Baena
Entre los últimos casos que han saltado a los medios de comunicación y que se encuentran todavía a la espera de finalizar su instrucción, destaca la presunta comisión de delitos urbanísticos en la localidad de Baena.
A este respecto, la Fiscalía de Córdoba ya dio traslado al Juzgado de Baena de anomalías en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento para naves agrícolas que se convertían después, y sin control municipal pese a contar con denuncias ciudadanas, en chalés ilegales con piscinas. El proceso se encuentra todavía en la fase de instrucción, según fuentes judiciales.