Baena - Cordoba

Ya se tienen una fecha definitiva para el comienzo del juicio, público y con posibilidad de libre asistencia a quienes quieran ir a ver como acontece.
El juicio se celebra en Córdoba, y comenzará el lunes 26 de septiembre del corriente año 2016 y a las 10:00 de la mañana

Muy mal pintan las cosas para los acusados y la amenaza de posibles penas de carcel igual les hace sacar a la luz datos muy interesantes.

Nueve o diez años para celebrar un juicio. Con lo jugoso que se presentaba este, ya casi deja de tener interés. Casi, que algo le queda todavía.

En busca de un veredicto para las facturas falsas del Ayuntamiento de Baena
Un jurado popular se encargará de la trama de desvío de fondos del Consistorio entre 2005 y 2007

https://evilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-busca-veredicto-para-facturas-falsas-ayuntamiento-baena-201606302108_noticia.html

¿Cómo ilustrar a los miembros de un jurado popular sobre qué es legal y qué no en una trama de funcionarios y empresarios para enriquecerse presuntamente con dinero de un ayuntamiento? El caso de las facturas falsas de Baena que arrancará el próximo 26 de septiembre «será complicado», según aseguran a ABC fuentes judiciales. Los miembros del jurado tendrán que tener la mente muy abierta para dilucidar quién es quien en la trama, qué dice la Ley en estos casos y si condenan o no a los autores de la presunta trama a 6 años de prisión cada uno. Algo muy diferente a los temas como asesinatos que se suelen celebrar con jurado popular.

En este caso, el titular del Juzgado de Baena fue el que acordó el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral, por un presunto delito de facturas falsas y estafa a dos funcionarios y un empresario, acusados los tres de tramar de común acuerdo un plan para enriquecerse de manera presuntamente ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento baenense. Lo primero a lo que tendrán que enfrentarse los miembros del jurado será al planteamiento que a buen seguro volverán las defensas de los acusados a poner sobre la mesa, pidiendo que se declaren nulas las actuaciones porque fue «ilegal» la declaración ante la Guardia Civil. Un asunto que ya resolvió el TSJA, en el que dejó claro que esas declaraciones no pueden ser declaradas nulas, que contaban con todas las garantías, pero que servirán a los letrados de los acusados para al menos, sembrar la duda en los miembros del tribunal del jurado.

Una vez salvado este asunto, el presidente de la sala deberá explicar con el mayor tiento posible que es legal y qué no para que ellos mismos puedan hacerse una composición de cómo se hizo aquella trama en las que unos firmaban facturas por obras no realizadas. Según los hechos investigados, el empresario (del sector de la carpintería metálica) realizó, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento y mantenía una relación habitual con actuaciones en instalaciones deportivas, en el cementerio o en otros espacios públicos.

Los detalles de la trama
El funcionario Rafael Santano, que en aquellas fechas era el secretario del exalcalde Luis Moreno, ofreció al empresario, Antonio Jesús Gómez, agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento por las obras realizadas. A cambio, tenía que comprometerse a facturar obras no efectuadas o materiales no entregados obviando los expedientes de contratación. El empresario cobraba, presuntamente, las cantidades y el IVA se lo entregaba a los dos empleados públicos. La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y una presunta estafa continuada.

En todo esto, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P., son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, «cooperador necesario». En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, «conjunta y solidariamente», al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que presuntamente han estafado mediante el cobro al Consistorio de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.

Los acusados en el juicio pretenden salir prácticamente indemnes en el juicio de las facturas, pero ahora, segun quieren pactar con la fiscalía, reconocen los hechos. Esperemos que sean finalmente juzgados y no se marchen con lo que pretenden, sería indignante.
https://evilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-acuerdo-penas-minimas-caso-facturas-falsas-baena-201609240917_noticia.html

Acuerdo de penas mínimas en el caso de las facturas falsas de Baena
Los acusados, dispuestos a reconocer los hechos si la Fiscalía limita de seis años a seis meses su petición de cárcel

La Fiscalía de Córdoba y los tres acusados del caso de las facturas falsas de Baena han alcanzado un acuerdo provisional, que ha de refrendarse aún en el tribunal, para reducir sustancialmente, hasta el mero simbolismo, las penas por unos hechos que supusieron un auténtico terremoto en uno de los feudos tradicionales del Partido Socialista en la provincia de Córdoba.

Se trata de un escándalo que arrancó en 2007 y cuyas investigaciones arrojan que dos empleados públicos del municipio, Rafael Santano y Juan Díaz, usaban el dinero que irregularmente le entregaba un empresario que trabajaba para la institución, Antonio Jesús Gómez, para gastos como fiestas en un club de alterne de Marbella, el Milady Palace. Santano era entonces el secretario particular del que fuese todopoderoso alcalde socialista de Baena, Luis Moreno, ahora retirado de la actividad política.

El Ministerio Público ha alcanzado un acuerdo con las defensas en el que, a cambio de reconocer los hechos en su integridad, reducirá los seis años de prisión que pedía a seis meses por acusado. Medio año de cárcel que no cumplirían por los delitos, aún presuntos, de estafa y falsificación de documento mercantil y oficial de los que siguen estando acusados los tres encartados.

El acuerdo se tendrá que ver el lunes ante el tribunal del jurado que aún tiene que juzgar los hechos. Tener que convocar a los ciudadanos juzgadores supone una cuestión técnica. Los miembros del tribunal han de escuchar los argumentos de las partes para determinadas cuestiones legales. La acusación particular ha decidido combatir jurídicamente el acuerdo alcanzado entre el resto de las partes reclamando, en su integridad, los nueve años de prisión de su calificación de los hechos. La acusación particular no acusaba al empresario pagador al entender que era una víctima de dos empleados públicos presuntamente corruptos.

Una de las claves del acuerdo es que los acusados reconocen en su integridad los actos que se le atribuyen. Admite, al menos ante la Fiscalía, haber cometido dos delitos desviando dinero de las arcas públicas por medio de facturas de trabajos no realizados. Los trece tomos de la investigación realizada por el juzgado de instrucción número uno de Baena acreditan una lista de grabaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde los acusados hablan abiertamente de sus escapadas. «Me da cosa gastarme mi dinero en estas cosas», afirmaba el exsecretario del ya exalcalde en referencia al reconocido lupanar de Marbella.

Si los acusados reconocen haber cometido los delitos, ¿cómo es posible que la petición de pena sea tan escasa? La clave es que el acuerdo reconoce que se ha producido una dilación indebida del procedimiento. La primera denuncia del caso data del año 2007, cuando el empresario Antonio Jesús Gómez se presentó ante la Guardia Civil explicando los hechos. Fundamentalmente, se autoinculpó y acusó a los dos empleados municipales, que sostenían en su defensa que el Ayuntamiento de Baena nunca salió perjudicado de estos hechos y que nunca tuvieron competencias legales para agilizar pagos en la corporación.

Sin embargo, habrá controversia. La acusación sostendrá que la instrucción concluyó a finales de 2011 tras numerosos avatares.

Desde entonces hasta ahora, lo que ha ocurrido es una sucesión de recursos por parte de los encartados que han intentado combatir, sin éxito, los pinchazos telefónicos e incluso la declaración voluntaria efectuada por el empresario, denunciante y a la vez encartado en el procedimiento. Solamente el recurso ante el Supremo tardó un año.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que dilucidar si la declaración del empresario que dio origen al procedimiento era válida ya que, una vez realizada, el acusado decidió retractarase y asegurar que había sido realizada bajo coacciones. El TSJA estimó que no cabía anular esta prueba testifical.

La dilación indebida -reconocida en el auto de hechos justiciables del proceso- supone la reducción de la pena en dos grados, de enfrentarse a la prisión a salir con una reprimenda. Como los empleados del Ayuntamiento de Baena y el empresario están acusados de los mismos delitos (estafa y falsificación), la sanción propuesta por la Fiscalía de Córdoba pasaría de seis años a seis meses. De no existir antecedentes, ninguno de los acusados por estos hechos pisaría la prisión si es condenado en estos términos.



El caso de las facturas falsas

El caso de las facturas falsas de Baena tuvo una fuerte repercusión tanto por la dinámica como por el contenido de las grabaciones del sumario. La historia es la de un empresario de carpintería metálica que realizaba trabajos de forma habitual para el Ayuntamiento de Baena. Los dos empleados públicos, muy cercanos al poder municipal, concertaron con él la estrategia de agilizar el pago de los trabajos realizados a cambio de la elaboración de facturas de labores no realizadas o de materiales inexistentes. Una vez pagadas, el IVA devengado se quedaba en poder del empresario mientras que el principal era entregado a los empleados municipales.

La investigación judicial y policial llegó a precisar que el dinero supuestamente defraudado (recuérdese que no existe todavía una sentencia) rondó los 40.000 euros. Las materias de las facturas, obras en nichos, pequeñas actuaciones y contratos menores. Se llegaron a justificar las cantidades como actividades religiosas locales. Originalmente, había más empresarios en esta trama aunque se decretó el sobreseimiento de las actuaciones al entender que no quedaba probado su contribución a la trama. Tampoco se ha producido nunca la imputación de cargos electos de la época.

El caso le costó el cargo a Luis Moreno en cuanto flaqueó la mayoría absoluta que había conseguido en las urnas una y otra vez. En cuanto el PSOE necesitó pactar con otros partidos, lo apeó del cargo tras las elecciones de 2011.

Al final, ná de ná.

Acuerdo entre el fiscal y los acusados del caso de 'facturas falsas' de Baena

CÓRDOBA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) - La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha declarado visto para sentencia este lunes el juicio a los dos funcionarios y el empresario, acusados de tramar de común acuerdo un plan para supuestamente enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Baena, en el denominado caso de las 'facturas falsas' iniciado en el año 2007. Al respecto, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con los ...

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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Penas de 8 meses y un año de cárcel por las facturas falsas
Los funcionarios, inhabilitados un año y 4 meses para el cargo que desempeñaban.CÓRDOBA.04/10/2016
La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto penas de ocho meses y un año de prisión a los acusados del caso de las facturas falsas de Baena. En concreto, según la sentencia, a cada uno de los dos funcionarios del Ayuntamiento enjuiciados se les ha condenado como autores de los delitos continuados de estafa y falsificación de documento mercantil y oficial a un año de prisión y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer la función del cargo que desempeñaban en el momento de cometerse los hechos. Por los mismos delitos, al empresario acusado se le imponen ocho meses de prisión. Asimismo, se condena a los tres a que indemnicen al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 10.061 euros.

La sentencia considera probado que los dos funcionarios, uno de ellos secretario personal del entonces alcalde Luis Moreno, «tramaron un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena». Así, el secretario del alcalde «se ofreció a dar un trato de favor» al otro acusado, propietario de una empresa que realizaba obras menores para el Consistorio. El acuerdo era que le agilizaba el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento siempre que el empresario realizara «facturas artificiales» por las cantidades que le indicaban los funcionarios, siempre «por trabajos que no iba a realizar y por cantidades de materiales que no iba a usar». Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe del IVA, «entregaría en mano la cantidad restante» a los funcionarios. De esta forma actuaron desde el 2005 al 2007 y obtuvieron «de manera ilegal por este procedimiento» la cantidad de 24.549 euros, «si bien la cantidad real habrá de determinarse tras restar las cantidades de materiales no utilizados en la realidad», según señala la sentencia. El 20 de julio del 2007, añade, el empresario relató los hechos «espontáneamente» a los agentes de la Guardia Civil y su declaración dio lugar a la investigación que originó este procedimiento.

ATENUANTES // El fallo contempla para el empresario la atenuante de confesión y para los tres la de confesión tardía después de que evitaran un largo juicio con jurado tras reconocer los hechos. Además, en los tres casos aplica la de dilaciones indebidas. A este respecto, la sentencia apunta que la tramitación se ha prolongado por espacio «nada menos que de 9 años, sin que ello sea imputable a los acusados». Añade que el juicio pudo celebrarse en el 2010, pero por una cuestión procesal no lo ha sido hasta ahora. «Más de 6 años de enojosa tardanza que ha repercutido por obvias razones en las circunstancias personales de los acusados, pues es innegable la proyección mediática del caso debido a los tintes políticos que presenta, lo que ha traído como consecuencia un evidente daño por la prolongación indebida del proceso».
SE ACABÓ ESTE ASUNTO.LOS FUNCIONARIOS SE COMEN EL MARRÓN. NO APARECE POR NINGÚN SITIO RESPONSABILIDADES POLÍTICAS.Y SEGURAMENTE A ALGUIEN LE HA COSTADO DINERO ESTE PLEITO.

https://ww.elmundo.es/andalucia/2016/10/04/57f396cf268e3e210c8b4602.html

Los condenados por las facturas falsas de Baena evitan entrar en prisión
La Audiencia Provincial condena a un año de prisión a los dos funcionarios acusados y a ocho meses al empresarioLos jueces admiten que se ha producido una dilación en el proceso achacable a la administración de justicia, por lo que rebajan la pena

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha decidido condenar a los tres procesados por la trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena, entonces gobernado por el socialista Luis Moreno, aunque los condenados logran evitar pisar la cárcel. Los magistrados han dictado una pena de ocho meses de prisión para el empresario Antonio Jesús Gómez Rosa y de un año de cárcel para Rafael Santano Cañete, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del exalcalde de Baena Luis Moreno (PSOE); Juan Díaz Pérez, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena. El primero está condenado por ser el autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil. Los segundos por otro de estafa y también de falsificación de documento mercantil.
Los procesados y la Fiscalía pactaron una condena de seis meses de prisión por cada uno de los encartados, y el pago de una indemnización de 10.000 euros. La acusación particular rechazó el pacto y solicitó una pena de nueve años de prisión para cada uno de los acusados. El juicio se iba a celebrar con un jurado popular, pero tras el pacto inicial entre las tres defensas y la Fiscalía, y la confesión de los acusados, todas las partes han entendido que su presencia no era necesaria. Finalmente, los magistrados de la Sección Tercera han tomado una decisión salomónica: ni los seis meses que pactaron con la Fiscalía ni los nueve años que pedía la acusación particular. No obstante, los magistrados sí que aceptan que se abone una indemnización de 10.000 euros, cuando el fraude estimado era de unos 40.000 euros.
Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba entienden, como argumentó la Fiscalía y también la defensa de los acusados, que en el proceso ha habido una dilación del proceso achacable a la administración de justicia que ha provocado que la sentencia llegue nueve años después de cometido el delito. En estos casos, existe jurisprudencia que señala que se debe rebajar la pena. La Fiscalía entiende que el caso debería haber sido juzgado hace cinco años y que entonces sí que procedía interponer la pena de cárcel. Las tres defensas se han sumado a este escrito y los acusados se ratificaron en su confesión, en los que han reconocido los hechos de los que se le acusa.Mientras, la acusación particular mostró su rotundo rechazo al acuerdo y a la tesis de la Fiscalía. Así, el abogado de la acusación particular ha sostenido que la dilación del proceso es totalmente achacable a los tres acusados, que en su legítimo derecho de defensa no han dejado de presentar alegaciones y recursos ante todos los pasos que se iban dando. De hecho, este abogado ha asegurado que "tres años y medio después" de iniciada la causa, ya se había instruido en su totalidad e iba a ser juzgada. No obstante, se trasladó a juicio con jurado. A partir de ahí, sostuvo, los acusados alegaron y solicitaron nuevas pruebas e informes. Una prueba consistió en demostrar que las grabaciones que hizo la Guardia Civil se correspondían con la voz de los encargados. Finalmente, tras varios recursos, se dictó inicio de juicio en 2015 pero un nuevo recurso lo volvió a retrasar a finales de este año. Por ello considera que se les debe condenar a nueve años de cárcel a cada uno toda vez que ya han reconocido los hechos.Este caso se hizo especialmente conocido después de que unas grabaciones demostraran que muchas de esas facturas falsas se emitían para cubrir gastos en un puticlub de Baena, según quedó demostrado en unas grabaciones realizadas por la Guardia Civil a los procesados. Así se desprende de las escuchas telefónicas practicadas durante la instrucción del caso, y que publicó El Mundo Andalucía en exclusiva:"Me tienes que hacer dos facturas... Una es de 550 euros IVA incluido... Y otra de 1.100 con el IVA incluido... Pones gastos de diversas actividades protocolarias o de protocolo y en la otra pones regalos celebración...Actividades Virgen de los Desamparados... Me las subes mañana con la otra", se escuchaba en una de las grabaciones.Según los hechos investigados, y afirmados ya por los propios acusados en su pacto con la Fiscalía, Antonio Jesús Gómez Rosa realizaba, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento de Baena y mantenía una relación continúa y habitual con el Consistorio para el cual realizaba obras menores en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.Rafael Santano Cañete, como secretario del alcalde, se habría ofrecido "a dar un trato de favor a Antonio Jesús Gómez Rosa", para agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Baena por las obras realizadas siempre que este empresario las emitía por las cantidades que le indicaran los dos funcionarios procesados a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar. "Todo ello, cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía, con el fin de obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable".Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entregaría en mano la cantidad restante a los dos funcionarios acusados.La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y oficial, y un delito continuado de estafa.El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.

Alcalde Rojano: ahora que queda demostrado que metieron la mano en la caja (aunque la condena recibida sea de chiste) solo te queda ponerlos de patitas en la calle y despedir a esos dos condenados culpables confesos, no hay medias tintas. No se puede permitir tener a nadie que ha cometido esos delitos continuar trabajando en el ayuntamiento.
Si no lo haces, tambien estarás contribuyendo a que estos dos elementos vivan en la impunidad y que se piense (aun mas) que se les ha estado protegiendo.

Legalista,encuentro cierta incoherencia entre el tenor del anterior post y el cognomen que utiliza.La suerte administrativa de ambos funcionarios deberá ser determinada por la ley y no por otras consideraciones.Cuando un tribunal sanciona unos hechos,la administración no puede abundar en el castigo.Por el motivo que usted menciona,el tribunal ha impuesto inhabilitación para el puesto que ocupaban,de confianza,durante un periodo de tiempo;el ayuntamiento no puede aumentar esa condena.

Vaya, salimos en defensa del pobre -y bien pagado- alcalde, de su mismo carné del puño y la rosa.
Por muy poco tiempo tampoco sale en la famosísima foto donde el ex inmortal hablaba de conjuras y de montajes, guardia civil incluida. Pero no es eso de lo que vamos a hablar.

Hay un caso que debería conocer:
El llamado caso de los Romanones, que se está juzgando por la audiencia de Granada como un delito de abuso de menores por el que la fiscalia y las acusaciones particulares piden unas penas para el sacerdote acusado.
Por su parte, el arzobispado granadino instruyó un expediente canónico y tomó una serie de medidas como por ejemplo suspenderlo como párroco.
Ha abundado el arzobispado en el castigo? Evidente no
Por un lado está el procedimiento penal con el resultado que se determine en el juicio, Por otro el procedimiento canónico que le ha impuesto las penas que ha considerado al referido sacerdote.
Por ese mismo motivo la condena a los funcionarios cierra el procedimiento penal abierto contra ellos pero no el administrativo que, en vista de ser confesos en el delito, deberá resolverse con la más alta sanción que contemple la normativa.

Aunque no he hablado con el alcalde de este tema,no dudo que lo hará conforme a ley,o sea,de forma distinta a como usted lo enfoca.
En mi post anterior,aludía a una cierta incoherencia;en este lo reitero.El ejemplo al que alude para justificar su posición,el de los sacerdotes de Granada,se refiere a la aplicación de dos legislaciones,el Código Penal español y el Código Canónico del Estado Vaticano,de aplicación en España como consecuencia del Concordato de 1978[creo].Estamos hablando de la legislación de dos estados,nada que ver con el caso que nos ocupa.
Incoherencia.

Resulta complicado sancionar o señalar a quien, en un pasado, se hubo de ver dia a dia.....
Ahora, al grano. Confunde torticeramente eso de legislaciones de dos estados diferentes y sus pactos. Pongamos un ejemplo con el mismo argumento que aduce. España y EE.UU tambien tienen pactos y acuerdos de bilateralidad reconocidos por ambos, no por ello, en España se aplica la pena de muerte. Reduciendo, es lo mismo que ha indicado aqui, don Fidias.
Es lo mismo que si yo quiero pertenecer a un club, que tengo que someterme a sus reglas y sus normas, te gusten mas o te gusten menos.
Todos estamos bajo el paraguas de las reglas y normas del Derecho, lo que no quita que el Ayuntamiento tenga las suyas, y esas son las que ha de aplicar en este caso con todo rigor, sin ningun menosprecio o falta de observacion a otras. Pero en este caso, queremos aplicar las normas segun nos caiga cada cual, o las simpatías politicas que tiene con los condenados, que son de su misma cuerda politicamente hablando.

Siga usted con su habitual humildad.
¡Que estadista perdió España!

Incoherencia.Posiblemente porque el apelativo no se sustenta sobre la formación adecuada,pues no es pensable esa línea argumental desde unos mínimos conocimientos jurídicos.
Ya existe antecedente en este ayuntamiento,en el que no fue posible la sanción administrativa sobre la penal.Era un español sujeto a una sola legislación;el sacerdote católico lo está a dos,fruto del Concordato con el Vaticano.Nadie más.
En cuanto a lo de humildad,no soy yo el llamado a rebatir.Me da la impresión de ser consecuencia de un efecto espejo.

Legalista´,su último argumento le retrata,la resta de puntos.

Utilizaré ese viejo refrán "Se cree el ladron que todos son de su condicion"
No sabia que toda una muy ilustre personalidad como usted se picara como los niños por unos puntitos negativos. No se preocupe, ahora despues le ponco unos pocos positivos para que se le pase el berrinche.

Cálmese, buen hombre que hay por ahí gente muy desalmada que no entiende su prosa y sus humildes argumentos irrefutables.

La ironía ,cuando no es inteligente, cae en el esperpento.
Me importan un bledo los puntos,solo me molesta la pequeñez intelectual de algunos.
Me parece que el último párrafo es otra traición de su sub conciente.

Perdón,consciente.